La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 48 de la Ley Descongestión (L. 1395/10), que aumentó de 120 a 220 salarios mínimos mensuales legales vigentes la cuantía para determinar el interés de acudir en casación laboral.

A través de comunicado de prensa, la corporación precisó que la medida les impuso a la mayoría de los trabajadores colombianos, cuyos ingresos apenas ascienden a un salario mínimo, un requisito imposible de cumplir. De esa manera, restringió su derecho de acceso a la justicia, de una manera irrazonable y desproporcionada.

Además, aclaró que el objetivo de la descongestión judicial no justifica sacrificar las garantías fundamentales que se hacen efectivas a través de la casación laboral, como el derecho fundamental al trabajo, el respeto por las garantías mínimas consagradas en el artículo 53 de la Carta Política, los derechos de asociación, los derechos sindicales y la seguridad social.

Dos magistrados salvaron su voto. María Victoria Calle y Humberto Sierra indicaron que la medida era válida para la descongestión judicial, correspondía al amplio margen de configuración del legislador y respetaba los derechos de los trabajadores, que cuentan con dos instancias para reclamar su protección por la vía ordinaria.

(C. Const., comunicado, Sent. C-372, mayo 12/11, M. P. Jorge Ignacio Pretelt)