La Corte Suprema de Justicia indicó que el artículo 35 de la Ley 712 del 2001 introdujo en el procedimiento laboral el principio de consonancia, según el cual se impone al juez de segunda instancia la limitación de pronunciarse solo en los temas o materias sobre los que el apelante manifiesta insatisfacción. A juicio del alto tribunal, el legislador quiso limitar el uso indiscriminado del recurso de apelación, lo que producía a su vez una congestión del sistema. De esta forma, el alto tribunal negó el reconocimiento, que hizo un juez de segunda instancia, de los intereses moratorios sobre una pensión con fundamento en el principio de condición más beneficiosa. El magistrado Eduardo López Villegas salvó su voto, pues consideró que la tesis del fallo iba en contra de la regla consistente en que el juez asume el papel de director del proceso (M.P. Camilo Tarquino Gallego).