El incumplimiento del empleador de solicitar previa autorización al Ministerio de la Protección Social para efectuar un despido colectivo trae como consecuencia jurídica la ineficacia del mismo y el derecho de los trabajadores a recibir los salarios dejados de percibir e, inclusive, el reintegro, siempre y cuando medie orden judicial. Además de los salarios y prestaciones sociales, el empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores una indemnización, pues el cierre definitivo de la empresa por pérdida o dificultades relacionadas con la situación económica del país no está dentro de las justas causas de despido previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.