Ante la Corte Constitucional, se radicó una demanda contra los artículos 16, 17, 19 y 20 de la Ley 1562 del 2012, que modificó el sistema de riesgos laborales y salud ocupacional.

Según el demandante, el hecho de que el legislador no haya señalado los órganos superiores de dirección y administración ni la forma de integración de las juntas de calificación de invalidez vulnera los artículos 13, 25, 29, 53, 113 y 150 de la Constitución.

Así mismo, explicó que la norma vulnera el principio constitucional de la reserva a la ley, al concederle facultades al Ministerio de Trabajo para reglamentar la operación, administración operativa e integración de las juntas nacionales de calificación de invalidez.

“La Corte Constitucional ha reservado al legislador la función  de determinar la estructura orgánica de las entidades públicas del orden nacional, por lo tanto,  no le corresponde  al gobierno, mediante un decreto reglamentario, adelantar esa labor”, señala la demanda.

Así mismo, el demandante alega que la norma no contiene herramientas de transición que les permitan a las juntas existentes soportar los cambios legales e infringe el principio de confianza legítima, la seguridad jurídica, el derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio, el derecho a la igualdad y el principio non bis in ídem.

(Corte Constitucional, Demanda 9573, mar. 1º/13)