En sentencia del pasado 24 de agosto, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró probada la excepción de cosa juzgada frente a la legalidad de los decretos reglamentarios de la prima especial del 30% de los funcionarios judiciales. La sección, en un fallo del 9 de marzo del 2006, estableció que los artículos 6° y 7° de los decretos 57 de 1993 y 673 del 2002 estaban ajustados al ordenamiento jurídico, porque el Gobierno no infringió la pauta fijada en la Ley 4º de 1992 y señaló como parte del salario el 30%, a título de prima sin carácter salarial. Sin embargo, la corporación afirmó en una decisión posterior que el control de legalidad realizado había sido erróneo, pues solo confrontó formalmente las normas y no hizo un contraste sustancial. En esta oportunidad, el alto tribunal aclaró que no comparte el control realizado en el 2006, pero no debatió el tema de nuevo por existir cosa juzgada (C.P. Ernesto Forero Vargas).