El Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional del artículo 3° del Decreto 3800 del 2003, reglamentario del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que imponía requisitos a los beneficiarios del régimen de transición que se habían trasladado al régimen de ahorro individual y buscaban regresar al de prima medida con prestación definida. A juicio de la Sección Segunda, la norma adicionó requisitos no previstos en la ley y desconoció que el derecho a pensionarse bajo los parámetros definidos en el régimen de transición es un derecho adquirido. Por ello, concluyó que los nuevos requisitos vulneraban la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales (C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez).