Se radicó una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley Antitrámites (Decreto 019 del 2012), por medio de los cuales se reguló la inspección y vigilancia de los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), el régimen de transición para los actuales operadores y otras facultades a cargo de la Superintendencia Financiera. El escrito alega la vulneración de los artículos constitucionales 150 y 158. En opinión del ciudadano, la norma atacada impone nuevos trámites, requisitos y procedimientos a los operadores de información, hecho que contradice el fin de la norma y evidencia una clara extralimitación de las facultades concedidas al Presidente de la República (demandante: Camilo Ernesto Jaimes Poveda).