La Superintendencia de Salud ordenó a las instituciones prestadoras de salud (IPS) realizar todas las gestiones administrativas pertinentes que garanticen el acceso real en la prestación del servicio de salud a la población reclusa a cargo del Inpec, removiendo todas las barreras administrativas que impidan acceder de manera oportuna a la atención médica. Igualmente, solicitó a la fiduciaria La Previsora que reporte las IPS que se nieguen de manera injustificada a contratar la prestación integral de dichos servicios, indicando la causa de la negación con los debidos soportes. Por último, advirtió a las instituciones que el incumplimiento de las instrucciones impartidas será sancionado con multas, por una sola vez o sucesivas, hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en caso de reincidencia podrá conllevar hasta la pérdida o cancelación del registro o certificado de la entidad.