La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló las disposiciones que excluían a los funcionarios civiles de la oficina del Comisionado Nacional para la Policía del régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa. En consecuencia, aquellos vuelven a contar con los beneficios de seguridad social que ostentan estos. La corporación anuló los artículos 2º y 3º del Decreto 1810 de 1994, con base en el principio de reserva legal, según el cual el Ejecutivo no tenía la competencia para modificar el sistema salarial y prestacional de los servidores de carácter civil de las Fuerzas Militares. La Sección concluyó que la potestad de reglamentar este régimen es exclusiva del Congreso (C. P. Alfonso Vargas Rincón).