Las entidades promotoras de salud y las entidades territoriales, a través de su red de prestación de servicios deberán, de manera prioritaria, garantizar a las víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas los servicios, tratamientos médicos y sicológicos, procedimientos e intervenciones necesarios para restituir la fisionomía y funcionalidad de las partes afectadas, según las recientes instrucciones que la Superintendencia de Salud definió sobre la ruta de atención integral a dichas víctimas. Igualmente, señaló que las instituciones prestadoras de servicios de salud (pública, privada y mixta) deberán garantizarles la atención integral desde cuando ocurre el hecho y hasta la atención ambulatoria una vez la persona sale de su hospitalización. De otra parte, resalta que las víctimas tienen derecho a acceder a la atención de urgencias de manera inmediata, prioritaria, gratuita e ininterrumpida en cualquier IPS de salud del territorio nacional, con independencia de la capacidad socioeconómica y sin que se requiera autorización previa.