Una demanda de inconstitucionalidad busca retirar del ordenamiento jurídico el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 de la Ley 2010 del 2019, relacionando con el ingreso base de liquidación en materia pensional. Según el demandante, la disposición viola el ordenamiento jurídico superior, puntualmente el derecho fundamental a la vida digna del adulto mayor, pues esta población se encuentra en un estado de debilidad manifiesta y es deber del Estado garantizar su debida protección como acción indispensable para la materialización del derecho de una manera real y efectiva.