Aunque el sistema normativo prevé que en las entidades públicas se pueden impartir órdenes a los empleados para que realicen ocupaciones que, si bien no corresponden a las que normalmente desarrollan, son necesarias para la prestación del servicio, estas deben estar acordes con su perfil y las calidades que se requieren para cumplirlas, advirtió la Sección Segunda del Consejo de Estado. En efecto, resaltó que, en esos eventos, no deben involucrarse tareas que pertenezcan a un nivel superior al que ocupan, pues se originaría un enriquecimiento sin justa causa de la administración. A su juicio, así ocurriría porque, finalmente, la entidad resultaría pagando un salario inferior por labores que son más onerosas y conduciría, también, un detrimento de los derechos laborales de los trabajadores (C. P. Carmelo Perdomo).