Al estudiar dos acciones de tutela con las que un policía y un militar pretendían refutar los actos administrativos que ordenaron o negaron sus traslados de lugares de trabajo, la Corte Constitucional recordó que los servidores públicos tienen derecho a que su empleador justifique estas decisiones de una manera suficiente y razonable, así se trate de entidades públicas que gocen de mayor discrecionalidad. 

En uno de los casos analizados, un suboficial activo del Ejército solicitó un traslado de un batallón ubicado en Tunja hacia otro ubicado en Santa Marta, teniendo en cuenta que en esa ciudad reside su esposa e hijo, a quien recientemente le diagnosticaron autismo, síndrome de Asperger, trastorno de conducta y déficit de atención. 

Aunque la recomendación médica es que el niño de nueve años de edad tenga acompañamiento permanente de sus padres, la solicitud fue respondida de manera negativa por parte del Ejército, que mantuvo en reserva la decisión. El militar invocó el amparo del derecho a la unidad familiar, pero en única instancia se declaró improcedente. 

Necesidades del servicio

El alto tribunal revocó la decisión y, en su lugar, amparó el derecho al considerar que el Ejército no tuvo en cuenta el diagnóstico del menor y, adicionalmente, reprochó que no explicó de ninguna manera las necesidades del servicio para que el accionante deba prestar su trabajo en Tunja y no pueda realizarlo en Santa Marta o alguna ciudad cercana. 

Consideró que la decisión puede considerarse arbitraria y tiene la capacidad de afectar significativamente los estados de salud del núcleo familiar, por lo que le ordenó al Ejército adelantar los trámites administrativos para permitir el traslado del accionante a alguna unidad cercana a las ciudades de Santa Marta, Barranquilla o Valledupar. 

Además, le advirtió que, en lo sucesivo, se abstenga de aducir el secreto profesional como justificación para la falta de motivación de un acto administrativo que define una solicitud de traslado (M. P. Cristina Pardo Schlesinger)

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