Juan Ricardo Ortega: “En Colombia, la gente piensa que evadir impuestos es como un deporte”

 

En Colombia, la evasión y la elusión de impuestos son una constante. Las personas naturales con riqueza son expertas en ocultarla y las empresas, en escudriñar mecanismos para incumplir con sus obligaciones tributarias o cumplirlas parcialmente.

 

El problema es de tal magnitud que, hace cuatro años, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) calculó la evasión del IVA en un 32% y la de renta, en un 22%, lo que le representaba al país dejar de recaudar más de 20 billones de pesos anuales por ese concepto.

 

Y aunque la actual administración tributaria no tiene claridad sobre las cifras de evasión y elusión, reconoce que son elevadas. En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, Juan Ricardo Ortega López, director general de la DIAN, se refirió a tales anomalías, a las medidas para contrarrestarlas y a las reformas tributaria, aduanera y del Registro Único Tributario (RUT), entre otros temas.

 

El funcionario también descartó la implementación de la tarjeta fiscal, reglamentada por la anterior administración.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Uno de los retos del Gobierno es lograr el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En lo que atañe a la DIAN, ¿qué estándares debe cumplir el país y cómo va ese proceso?

 

Juan Ricardo Ortega: El proceso es bastante complejo. Colombia desea ingresar a varios comités de la OCDE, entre ellos, el de Inversión Extranjera y uno contra la corrupción. También desea formar parte del Instituto de Asuntos Fiscales, que discute importantes agendas de desarrollo institucional en temas tributarios. En cuanto a la evasión de impuestos, que afortunadamente es de gran preocupación en el mundo contemporáneo, Colombia acaba de lograr el ingreso al Foro Global en Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Tributarios de la OCDE.

 

Á. J.: ¿Qué implicaciones tendrá para Colombia su ingreso a esa instancia?

 

J. R. O.: Colombia podrá expandir su red de acuerdos de intercambio de información tributaria, incluso, con países considerados paraísos fiscales, como Islas Caimán, Emiratos Árabes e Islas Vírgenes, etc. De esta forma, podremos cobrarles impuestos a colombianos en otros países, con el apoyo de otras administraciones tributarias.

 

Á. J.: La administración anterior promovió los acuerdos binacionales contra la doble tributación. ¿Ustedes seguirán esa línea?

 

J. R. O.: Por supuesto. Eso es parte de la globalización. Es condición para pertenecer a un mundo en el que el capital y las empresas no tienen fronteras. Y también para ingresar a la OCDE.

 

Á. J.: En el año 2007, el Gobierno anunció la negociación de 20 acuerdos contra la doble tributación. ¿Qué balance presenta en esta materia?  

 

J. R. O.: Actualmente, solo están en vigor los acuerdos con España y Chile. Con Canadá está en tránsito y con Suiza se hizo el intercambio de cartas. Hay una represión de acuerdos, algunos en proceso de negociación y otros ya negociados, a los que les falta el trámite legislativo.

 

Á. J.: ¿La reforma tributaria que prepara el Gobierno es un compromiso para ingresar a la OCDE?

 

J. R. O.: No. Las normas tributarias no son parte de la discusión, pues cada país es autónomo de establecerlas. Obviamente, hay ciertos temas administrativos que requieren coherencia, como el manejo de información y el reporte de estadísticas. Lo único que ellos cuestionan es que se expidan normas que faciliten o promuevan la elusión y la planificación agresiva, es decir, los paraísos fiscales. Y, obviamente, Colombia está lejos ser un paraíso fiscal o de querer serlo.

 

Á. J.: ¿Qué comportamiento ha tenido el recaudo de impuestos nacionales en el 2011?

 

J. R. O.: La gestión va bien. El recaudo supera en más de un billón y medio de pesos la meta establecida para este año.

 

Á. J.: ¿Y frente al 2010?

 

J. R. O.: Es difícil hacerle una comparación objetiva, porque cambió la estacionalidad. Desde abril y mayo de este año, se empezaron a recaudar los impuestos de renta y al patrimonio. Y el año pasado se comenzó más tarde. Si se intenta corregir el efecto de la estacionalidad, que no es fácil, se pueden presentar crecimientos del 54%, en el impuesto del cuatro por mil; del 10%, en retenciones; del 20%, en temas aduaneros, y del 7% u 8%, en IVA, para un promedio general como del 15%.

 

Á. J.: ¿Estos crecimientos son producto de la reciente reforma tributaria?

 

J. R. O.: Son producto de muchas cosas que se han hecho.

 

Á. J.: En el 2007, la DIAN reportó que la evasión en renta era cercana al 32% y la del IVA, al 22%. ¿Qué niveles hay actualmente?

 

J. R. O.: Las cifras de evasión siguen cayendo y son como del 20%. Sin embargo, no tengo claridad de cómo medimos eso. Para mí, una cifra solo es cifra cuando sé cómo se mide. Y no he tenido el tiempo de sentarme a entender la metodología que nos permita argumentar que esa es la evasión en IVA. Y no son preguntas triviales. No tengo la capacidad de hacer un juicio al tema de la evasión. Creo que es grande, porque estamos recaudando, en cifras globales, algo más del 13% del producto interno bruto (PIB). Y países con impuestos e ingresos similares recaudan mucho más. Entonces, si me comparo con Chile o Brasil, nuestros niveles de recaudo son dramáticamente inferiores.

 

Á. J.: ¿Qué medidas se están implementando contra la evasión?

 

J. R. O.: Estamos en diálogo con el sector privado y los bancos en el tema del cuatro por mil. Allí hubo un manejo, a mi juicio, bastante laxo, que le costó al país 1,5 billones de pesos al año. En Colombia hay un problema profundo y es que la gente piensa que evadir es como un deporte y que tratar de evadir no está mal. Además, las reglas administrativamente son malas, pues, por ejemplo, si detecto una semana con evidente y protuberante evasión del cuatro por mil, debo iniciar investigaciones para cada una de las 50 semanas. Y no puedo, con base en esa semana, imponer sanción acorde con lo que eso demuestra para el resto de semanas.  Y lo mismo sucede con los bimestres de IVA.

 

Á. J.: ¿Qué otros mecanismos de evasión han descubierto?

 

J. R. O.: El tema de la prima por colocación de acciones es un mecanismo protuberante de evasión. Muchas personas capitalizan empresas y hacen transacciones de bienes por ese mecanismo, para no ser sujetas de ganancia ocasional ni del impuesto al patrimonio. Por ejemplo, si usted va a capitalizar una empresa en 10 pesos, dice que el capital es uno y que los otros nueve son prima de colocación de acciones, que no constituye base, para que no aumente el nivel del patrimonio de los socios y no sean sujetos de impuestos. Hay muchas prácticas muy cuestionables y de sectores muy ricos y formales. Igual sucede con los créditos mercantiles, en virtud de compras y fusiones de empresas. Con esta figura se está abusando mucho.

 

Á. J.: ¿Y eso se piensa corregir con la reforma tributaria?

 

J. R. O.: Algunas cosas con la reforma y otras con fiscalización. En precios de transferencia también vemos cosas muy anómalas. Muchos sectores reportan pagos carísimos de servicios en el exterior, servicios técnicos, software, etc. Creo que hay una discusión profunda de muchos sectores que a uno le da la sensación de que podrían estar más comprometidos con el país al momento de tributar.

 

Á. J.: ¿Y qué han detectado en cuanto a la evasión por parte de personas naturales?

 

J. R. O.: En Colombia, las personas naturales que tienen riqueza son expertas en esconderla. No quiero decir que por esto sean malas, pues el país ha vivido condiciones muy difíciles. Debemos ser conscientes de nuestra historia y de que la gente ocultó sus propiedades, en muchos casos, por razones de fuerza mayor. Si se conocía que alguien era dueño de determinado predio o empresa, podía ser secuestrado o extorsionado. Sin embargo, con los avances en seguridad de los últimos años, bajo el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, se ha demostrado, de manera contundente, que el Estado social de derecho cada vez es más sólido y prevalece. Entonces, creo que es el momento de entender cómo vamos a formalizar esos patrimonios, incluidos los que se manejan desde paraísos fiscales, pues, más pronto que tarde, la DIAN fiscalizará esas fortunas. Es sorprendente que solo siete personas en Cartagena estén sujetas al impuesto al patrimonio y 30.000 personas, en todo el país. Al incluir las personas jurídicas, la cifra asciende a 52.000, que también es muy bajita.

 

Á. J.: ¿Piensan bajar el umbral del impuesto al patrimonio, para que tributen más personas?

 

J. R. O.: No es por bajar el umbral. Lo que se debe es permitir que la gente sea lo que en realidad es. Pero eso no puede ser de un día para otro. Eso requiere un proceso y debemos ser absolutamente inteligentes de generarlo.

 

Á. J.: ¿Cuál es su posición sobre los avalúos catastrales de los inmuebles y su precio real?

 

J. R. O.: En Colombia, hay una gran injusticia, porque Bogotá ha hecho actualizaciones y cobra los impuestos que son. Pero nadie más lo hace. En los últimos años, el avalúo de Bogotá pasó de 150 billones de pesos a cerca de 230 billones de pesos. Y toda la tierra rural de Colombia vale 70 billones de pesos. Entonces, la gente de Bogotá termina pagando los impuestos que nadie más paga y queda la frustración y la sensación de que hacer las cosas bien no paga. En consecuencia, quienes pagan altos niveles de impuestos terminan viviendo en municipios vecinos, donde, por casas más costosas, tributan una tercera parte que en Bogotá.

 

Á. J.: El Gobierno aplazó la implementación del Sistema Único de Señalización Integral y Rastreo, que busca controlar el contrabando y garantizar el recaudo de impuestos nacionales y territoriales. ¿Cómo va ese proceso?

 

J. R. O.: Ha sido un trabajo concertado. En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 quedó un artículo que establece un año de plazo para que el sistema entre en operación. Se trabaja en un Conpes y en una licitación, que considero será bondadosa, para garantizar que las gobernaciones tengan todos los recursos necesarios para luchar contra el contrabando, especialmente de licores y de cigarrillos.

 

Á. J.: ¿Y con respecto a la tarjeta fiscal, otro instrumento contra la evasión?

 

J. R. O.: Del tema se habla mucho y es muy debatido. Chile lo descartó. Entonces, no me atrevo a hacer una inversión de 200.000 millones de pesos, con base en una hipótesis. Creo que debemos discutir el tema con mayor profundidad, para tomar la decisión correcta. Indiscutiblemente, hay fraude en IVA, hay mucha gente que se roba el IVA, hay temas muy complejos que deben acabarse, como la “prefactura”. La gente utiliza muchos trucos para quedarse con el IVA, a través de instrumentos como las fiducias o mecanismos electrónicos denominados zappers y phantoms, que son programas de computador que permiten adulterar las contabilidades. Estamos diseñando estructuras importantes para auditar esas irregularidades, que, incluso, conllevan a sanciones penales.

 

Á. J.: Es decir, ¿se postergaría la implementación de la tarjeta fiscal, teniendo en cuenta que el Decreto 2670 del 2010 reglamentó su adopción?

 

J. R. O.: No creo que Colombia deba hacer eso en este momento.

 

Á. J.: ¿Cómo va el proceso de expedición del nuevo Estatuto Aduanero?

 

J. R. O.: Está muy avanzado. Se ha discutido con todo el sector privado. Realizaremos una segunda ronda, con una nueva versión del proyecto. La idea es tener las herramientas suficientes para sancionar a los  sectores que no se comportan idóneamente. Por ejemplo, retirarles los privilegios a quienes reiteradamente se les encuentre contrabando. Entonces, debe existir un nivel de exigencia mayor, para que todos los actores garanticen confianza, más aún en virtud del tratado de libre comercio con EE UU.

 

Á. J.: El proyecto de Estatuto Aduanero tiene un capítulo relativo al régimen de zonas francas. ¿Qué se avecina en ese campo?

 

J. R. O.: Vamos a tratar de mejorar todos los esquemas, para que la gente que hace bien las cosas les vaya muy bien y los que no, que reciban sanciones ejemplarizantes.

 

Á. J.: ¿La reglamentación del operador económico autorizado se realizará a través de un decreto diferente del Estatuto Aduanero?

 

J. R. O.: Se publicó, recientemente, un proyecto de decreto para reglamentar esta figura, pues existe enorme interés del Presidente de la República de avanzar en el tema, ya que es parte de la estrategia con EE UU.

 

Á. J.: El Gobierno también prepara una reforma al RUT. ¿Qué destaca al respecto?

 

J. R. O.: El sistema se ha prestado para abusos. Por ejemplo, hay personas que lo han utilizado para hacer robos de identidad. También detectamos casos de personas que aparecían como importadores, y en realidad eran vendedores de minutos de celular en semáforos. Entonces, seremos más exigentes en cuanto a la calidad y la veracidad de la información. Quienes tienen ciertos privilegios estarán sujetos a mayores estándares, como demostrar cuentas bancarias, su actividad económica y su patrimonio, entre otras exigencias.