“La intervención de Electricaribe no es una expropiación bajo ningún punto de vista”

 

El pésimo servicio que presta Electricaribe, según el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, se convirtió en un problema vital para los usuarios de la costa y en un obstáculo para el crecimiento de una de las regiones más dinámicas del país.

 

En entrevista concedida a ÁMBITO JURÍDICO, Mendoza habló sobre las razones por las cuales se intervino esa empresa, así como de diversos temas de interés para la entidad que dirige.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los desafíos más importantes en la supervisión de servicios públicos?

 

José Miguel Mendoza: La Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) tiene el reto mayúsculo de vigilar miles de prestadores en sectores tan diversos como los de energía, gas, acueducto, aseo y alcantarillado. En cada uno de estos sectores pueden encontrarse complejidades inmensas. Tan solo en energía, por ejemplo, la Superservicios debe vigilar simultáneamente asuntos tales como el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme a cargo de los generadores térmicos e hidráulicos, la formación de precios en el mercado mayorista, los índices de calidad del servicio que prestan distribuidores en el país y la aplicación debida de diferentes programas de subsidios por parte de comercializadores eléctricos.

 

Para cumplir con esas funciones, no es suficiente contar con conocimientos técnicos en cada una de las áreas bajo nuestra jurisdicción. Es preciso también que la Superservicios afine sus técnicas de supervisión en materia societaria y financiera, con el propósito de monitorear el estado de las operaciones de los distintos prestadores de servicios públicos. Y, como si lo anterior fuera poco, nuestra labor de supervisión se hace compleja por los extremos climatológicos que padece Colombia. En un mismo año podemos enfrentar problemas en el sistema de generación de energía por las sequías ocasionadas por el Fenómeno de El Niño, para luego hacerle frente a los estragos que el Fenómeno de La Niña produce en los sistemas de acueducto y alcantarillado del país. Se trata, pues, de un sector que puede estar en un permanente estado de convulsión.

 

Á. J.: ¿Tienen suficientes potestades legales para cumplir con esa misión?

 

J. M. M.: Sí, la Superservicios puede imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos, intervenir compañías en crisis y ordenar que los prestadores sigan programas de gestión con indicadores de calidad obligatorios y ratios de contratación adaptados a partir de estándares internacionales.

 

Sin embargo, como suele ocurrir en América Latina, el problema no está en la falta de leyes, sino en la capacidad institucional para hacerlas cumplir. Lo cierto es que, como la Superservicios había perdido esa capacidad, se produjo una reducción dramática en el número de actuaciones administrativas por violaciones sustanciales al régimen de servicios públicos. Eso es precisamente lo que quisimos corregir con la reestructuración de la entidad.

 

Á. J.: ¿En qué consiste esa reestructuración?

 

J. M. M.: En años recientes, la Superservicios anduvo un poco desorientada, golpeada inicialmente por la pérdida de sus funciones en materia de telecomunicaciones y avasallada poco tiempo después por un incremento exponencial en el número de quejas de los usuarios. Estas circunstancias desfiguraron la misión de la entidad: la Superservicios terminó convertida en una gigantesca oficina de quejas y reclamos.

 

Por esta razón, desde agosto del 2016, pusimos en marcha varios proyectos para recuperar la orientación técnica de la entidad. Para comenzar, redujimos el personal para la atención de reclamaciones, a fin de fortalecer el capital humano en las divisiones técnicas y de investigación de las delegaturas. También hemos querido reproducir experiencias exitosas de otras entidades, tales como la del laboratorio forense de la Superintendencia de Industria y Comercio y las técnicas de supervisión de los reguladores británicos de energía y agua. Estas labores nos han permitido reactivar las funciones de fiscalización de la Superservicios para corregir algunas de las fallas estructurales que hemos identificado en la prestación de servicios públicos.

 

Á. J.: ¿El caso de Termocandelaria es un ejemplo de esa nueva orientación técnica?

 

J. M. M.: Exactamente. Luego de una investigación exhaustiva, el delegado de Energía y Gas Combustible, José Fernando Plata, encontró que Termocandelaria había violado las normas que rigen el funcionamiento del sistema de generación eléctrica en el país. No se trata de una cuestión menor. Luego de que el país padeciera al menos cuatro apagones entre 1977 y 1992, se introdujeron numerosos mecanismos regulatorios para fortalecer el parque de generación nacional. Por ejemplo, los usuarios de energía del país pagamos el cargo por confiabilidad, una especie de subsidio que reciben por anticipado los generadores para abastecer de energía al país en épocas de crisis.

 

En el caso de Termocandelaria, la compañía recibió cuantiosas sumas por concepto del cargo por confiabilidad, pero no le cumplió al país cuando fue llamada a generar energía, en el momento más crítico del reciente fenómeno de El Niño. La gravedad de esta infracción llevó a la Superservicios a imponer la multa más alta en la historia de la entidad: más de 35.000.000.000 de pesos.

 

Á. J.: ¿Entonces podremos ver multas de la Superservicios de esa magnitud?

 

J. M. M.: No solamente. El ejercicio adecuado de nuestras funciones supone una supervisión matizada que se ajuste a las circunstancias específicas de cada prestador y de cada caso. Desde la Delegatura de Acueducto, Aseo y Alcantarillado, por ejemplo, el doctor Julián López ha introducido técnicas de supervisión que buscan aleccionar a los prestadores para corregir fallas que pudieran conducirnos a una crisis. Así ocurrió en el caso de Metroagua, en el que la Superservicios orientó la entrega de la infraestructura de acueducto y alcantarillado al Distrito de Santa Marta, con el propósito de evitar traumatismos en la prestación de esos servicios. Algo similar puede apreciarse en el sistema que diseñó la Delegatura para el registro de alrededor de 8.800 recicladores en poco menos de un mes.

 

Á. J.: Hablemos del caso de Electricaribe.

 

J. M. M.: La triste historia de Electricaribe puede resumirse en una cifra: 100 horas de interrupciones de energía al año en los siete departamentos de la costa Caribe. Esta cifra es más del doble del promedio nacional y supera en casi cien veces los promedios de algunos países miembros de la Unión Europea. El pésimo servicio que presta Electricaribe se convirtió en un problema vital para los usuarios de la costa y un obstáculo para el crecimiento de una de las regiones más dinámicas del país.

 

Á. J.: ¿Por eso fue necesario intervenir a la compañía?

 

J. M. M.: La intervención se basó en dos de las causales que contempla el artículo 59 de la Ley 142 de 1994. Primero, la incapacidad de la compañía de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas. La configuración de esta causal pudo corroborarse en los detallados estudios técnicos elaborados por la Superservicios. Segundo, la inminente cesación en el pago de las obligaciones mercantiles a cargo de Electricaribe. Los propios administradores de la compañía habían reconocido por escrito que ella no estaba en capacidad de cumplir con sus obligaciones. Además, según las proyecciones elaboradas por esa compañía, Electricaribe cerraría el año 2016 con un déficit de caja de más de medio billón de pesos. Ante esta gravísima situación, Electricaribe fue admitida a un proceso de insolvencia bajo el régimen previsto en Colombia para las compañías de servicios públicos.

 

No sobra recordar que la intervención se cumplió un día antes de que la crisis financiera de Electricaribe condujera a un racionamiento generalizado de energía en la costa.

 

Á. J.: ¿Cómo recibieron a Electricaribe?

 

J. M. M.: En un avanzado estado de descomposición. Según la información más reciente, los bajos niveles de inversión han llevado a que el 90 % de la red de distribución de Electricaribe esté en estado crítico. La compañía les debe 2,4 billones de pesos a sus acreedores y tiene un pasivo pensional sin fondear de más de 700.000 millones de pesos. Electricaribe entró al proceso de intervención en un estado tan deplorable que nos tomó un par de meses estabilizarla para alejar el fantasma del racionamiento.

 

Aunque en este momento las operaciones de Electricaribe se cumplen con alguna normalidad, la calidad del servicio de energía en la costa solo podrá mejorar cuando se hagan las inversiones necesarias para recuperar la deteriorada red de distribución de la compañía. Como lo hemos dicho desde noviembre del 2016, la intervención por sí sola no es una solución mágica a los problemas de Electricaribe. Este proceso permitirá simplemente establecer la forma y términos en que habrá de resolverse la insolvencia de la compañía.

 

Á. J.: Esta intervención ha llevado a que en España se hable de expropiación y de inseguridad jurídica. ¿Tiene algo que decir al respecto?

 

J. M. M.: Por supuesto. En el caso de Electricaribe le dimos estricto cumplimiento al régimen colombiano en materia de insolvencia de compañías de servicios públicos, con el propósito no menor de proteger a 10 millones de ciudadanos y preservar el orden público económico. Las normas que invocó la Superservicios en este caso no son caprichosas ni confiscatorias. La figura de la intervención existe también en España y se ha usado en casos tan importantes como el de la Caja Castilla - La Mancha. La regulación colombiana en materia de insolvencia es similar a la de varios países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es evidente entonces que las decisiones de la Superservicios no constituyen una expropiación bajo ningún punto de vista.

 

Desafortunadamente, en algunos círculos internacionales se ha intentado tildar de arbitraria una decisión que sería simplemente rutinaria en EE UU o la Unión Europea. Con esta campaña de intimidación parecería pretenderse que el Estado colombiano exima de nuestras leyes de insolvencia a una compañía en quiebra. Eso no lo podemos permitir.  La estabilidad de nuestras instituciones depende de un principio elemental que le ha servido de base al desarrollo económico de los países industrializados: nadie puede estar por encima de la ley.

 

Á. J.: ¿Qué hay más allá de Electricaribe?

 

J. M. M.: Con el nuevo equipo de la Superservicios hemos definido ya nuestras prioridades para el año 2017. En materia de energía, revisaremos de cerca la operación del mercado de energía mayorista, el uso que hacen los prestadores de los programas de subsidios administrados por el Gobierno y los índices de calidad que se reportan ante la Superservicios. En acueducto y alcantarillado queremos implementar programas de gestión en varios prestadores, a fin de garantizar que el servicio a su cargo cumpla con las exigencias legales. También tenemos una agenda detallada en gas y aseo que revelaremos a lo largo del año. Finalmente, vamos a darle un vuelco radical a la división de intervenciones de la entidad.