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“No existe ninguna limitación a la libertad de expresión en El Salvador”

30 de Mayo de 2023

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“No existe ninguna limitación a la libertad de expresión en El Salvador” (Archivo particular)

En la noche del pasado 24 de mayo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, posesionó al abogado colombiano Andrés Guzmán Caballero en el cargo de comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Guzmán es reconocido en Colombia por ser fundador de la empresa Adalid Corp. y experto en alta tecnología. Tiene una especialización en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Escuela de Leyes de Nueva York (EE UU).

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, Guzmán habló sobre sus retos en el cargo y de la actualidad en esta materia en un país que, sin duda, no pasa inadvertido en el panorama mundial.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo llega un abogado colombiano experto en tecnologías de la información a un cargo como el de comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador?

Andrés Guzmán Caballero: Como abogado colombiano con amplia experiencia en tecnologías de la información, he desarrollado una sólida comprensión de los desafíos que estas tecnologías representan para los derechos humanos; temas como la inteligencia artificial y los derechos humanos me apasionan. Mi vida entera la he dedicado al derecho de las nuevas tecnologías. El año pasado encontré en la Defensoría del Pueblo de Colombia la oportunidad de trabajar y conocer más sobre este apasionante tema. Allí comencé a trabajar por los derechos de las personas, entender que esto en un tema vital de los más necesitados, apoyando la labor del señor defensor del Pueblo en la protección de los derechos en ambientes digitales y la libertad de expresión. Este conocimiento, combinado con mis habilidades en apoyo en redacción de modelos normativos y compromiso con los derechos humanos, me ha permitido obtener el cargo de comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador.

Á. J.: ¿Cuáles son las principales funciones y retos a los que se enfrenta en ese nuevo cargo?

A. G. C.: En este nuevo papel, mi principal responsabilidad será supervisar, documentar e informar sobre el estado de los derechos humanos y la libertad de expresión en El Salvador. Este trabajo es amplio y cubre muchos aspectos, pero quiero destacar específicamente algunos temas críticos.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes: un país con una confrontación de más de 30 años, atacado por las pandillas que reclutaban niños, nacían de una u otra pandilla, es un grave incumplimiento de los derechos humanos. Estaré comprometido en trabajar estrechamente con las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil para prevenir estas violaciones, y recomendaré acciones que protejan a esta población vulnerable, incluyendo la promoción de educación y oportunidades para estos jóvenes, como incentivar desde el Estado el deporte, la tecnología y las habilidades blandas.

La violencia de género es otro problema crítico. La lamentable realidad es que existen mujeres esclavizadas, violadas o exiladas por las pandillas. Esta forma de violencia es una violación flagrante de los derechos humanos y es un impedimento para el logro de la igualdad de género. Voy a dedicar una parte importante de mi labor a prevenir y a enfrentar la violencia de género, que incluye no solo la violencia física, sino también la violencia sicológica y económica.

También, la impunidad y la violencia en general son grandes retos que abordaremos desde diferentes ángulos, siempre con un enfoque de derechos humanos y en concordancia con los estándares internacionales. Mi objetivo es trabajar en conjunto con el Gobierno y otras entidades para que todas estas problemáticas sean abordadas de forma efectiva y se reflejen en un mejoramiento de la situación de los derechos humanos en El Salvador, sin olvidar a las personas privadas de la libertad, a periodistas y, en general, los derechos de todos aquellos que podrían haber sido violentados.

Á. J.: ¿Qué alcances tienen las recomendaciones y la gestión que usted desarrollará? ¿Su actuación será de control o de apoyo a las políticas gubernamentales del Gobierno?

A. G. C.: Mi gestión tendrá un alcance considerable, ya que se espera que mis recomendaciones informen las políticas y las acciones gubernamentales. Mi papel será de supervisión y asesoramiento, tanto para controlar el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión, como para apoyar las políticas gubernamentales que promuevan estos derechos, sin usurpar las labores constitucionales de la Procuraduría para los Derechos Humanos, la fiscalía y las demás entidades que tienen ese deber constitucional.

Á. J.: Teniendo en cuenta el régimen de excepción que hoy existe en El Salvador, ¿hay limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de la protección de los derechos humanos en el país?

A. G. C.: Aunque exista un régimen de excepción en El Salvador, la libertad de expresión y los derechos humanos deben ser protegidos sin importar las circunstancias. No existe ninguna limitación a la libertad de expresión en El Salvador. Ahora bien, si ha existido algún caso, mi objetivo es revisarlo y ver desde el Gobierno qué sucedió para buscar soluciones y vías prontas y efectivas.

Á. J.: ¿Los periodistas y medios de comunicación locales y extranjeros hoy ejercen la libertad de expresión sin limitaciones?

A. G. C.: La situación de los periodistas y medios de comunicación e influenciadores es totalmente libre. Todos pueden ejercer su libertad de expresión sin limitaciones, aclarando que, como en cualquier país democrático, siempre se ajuste a la verdad y a la ley. Hoy, las mismas redes sociales ejercen controles que ni los estados han podido regular, así los derechos están garantizados. Es parte de mi papel asegurarme de que todos los periodistas y medios puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Á. J.: Algunas voces de la comunidad internacional han alzado la voz contra el trato de los privados de la libertad: lo califican como contrario a los derechos humanos. ¿Qué opinión le merecen esas apreciaciones?

A. G. C.: Las críticas de la comunidad internacional sobre el trato a los privados de libertad son importantes. Es fundamental que se respeten los derechos humanos de todos, incluyendo a los reclusos. Revisaremos la situación directamente y, de ser el caso, haremos las recomendaciones pertinentes.

Á. J.: Hoy, ¿los privados de la libertad tienen las suficientes garantías judiciales para un proceso justo e imparcial?

A. G. C.: Asegurar garantías judiciales para un proceso justo e imparcial para los privados de libertad es un pilar esencial de los derechos humanos que ya está instituido en la Constitución y en la ley; analizar su cumplimiento es una de las prioridades de mi gestión, dentro de los parámetros del régimen excepcional que vive El Salvador.

Es importante no ver las cosas sin contexto histórico. En el mundo, las guerras se miden con muertos, pero esta es la primera guerra de la que tengo conocimiento que se puede medir con los días sin homicidios, que se ha logrado gracias a las medidas del Gobierno. Ahora, sin tener un precedente histórico en el mundo, la exigencia es analizar cada situación y crear medidas efectivas en garantía de los derechos.

Á. J.: ¿Cómo es la relación del Gobierno con las demás ramas del poder público? ¿Existe una clara separación de poderes en el país?

A. G. C.: Es una relación de respeto mutuo y cooperación, garantizando siempre la separación de poderes. Es crucial para la democracia y el Estado de derecho.

Á. J.: ¿Qué amenazas a los derechos humanos se pueden encontrar en las redes sociales, tan usadas por el gobierno Bukele?

A. G. C.: Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la libre expresión, pero también pueden presentar amenazas a los derechos humanos, como la propagación de discurso de odio, desinformación, violencia de género, trata de personas, reclutamiento de menores en línea, acoso en línea, extorsiones y violencia de género, entre otras. Es importante que los Estados miren eso. Piense, por ejemplo, que, con inteligencia artificial, hoy en día las redes sociales revisan, juzgan y condenan el 80 % de las denuncias en la red, es decir, si a usted le cierran su Twitter es un bot el que lo hizo, porque advirtió que escribió algo que trasgrede las políticas de la red y el mismo bot lo sentencia y notifica. El 65 % del día las personas están viendo una pantalla y allí está toda nuestra información, por eso, las redes y la inteligencia artificial son hoy el centro de las discusiones en materia de derechos humanos.

Á. J.: ¿Qué temas del gobierno Bukele y de El Salvador de hoy cree que se podrían replicar en Colombia?

A. G. C.: No creo prudente opinar de temas políticos internacionales por el cargo que ostento, ni inmiscuirme u opinar de política de otros países distintos a El Salvador.

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