Rafael Pardo Rueda: “La Ley de Formalización ha sido fundamental para crear empresas y generar empleo”

 

Diez años después de su fusión con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo (Mintrabajo) resurgió, para asumir las riendas del diseño y la adopción de políticas y planes de generación de empleo y protección de los trabajadores, entre otros temas.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el titular de esa cartera, Rafael Pardo Rueda, presentó un balance de las medidas adoptadas en la Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 del 2010), anunció un proyecto de ley que crearía el seguro de desempleo y se refirió a la puesta en marcha de un sistema para monitorear el cumplimiento de la reciente Ley de Igualdad Salarial (Ley 1496 del 2011) por parte de las empresas.

 

Pardo también habló sobre el Estatuto del Trabajo, la reforma pensional, la eliminación de las nóminas paralelas de las entidades públicas, el decreto-ley antitrámites y otros asuntos a su cargo.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué balance hace de la Ley de Formalización y Generación de Empleo, tras un año de vigencia?

 

Rafael Pardo Rueda: La Ley 1429 tiene dos grandes componentes. El primero, los estímulos para la creación y la formalización de empresas, consistentes en la exención y el pago progresivo, durante varios años, del impuesto sobre la renta, los aportes parafiscales y la matrícula mercantil. El segundo, los incentivos para la contratación de menores de 28 años, personas en situación de discapacidad y mujeres cabeza de familia mayores de 40 años que no han tenido empleo en el último año. A septiembre pasado, se contrataron 395.000 menores de 28 años, en 44.000 empresas. ¿Cuántas solicitarán los beneficios tributarios? Solo lo sabremos hasta la presentación de la declaración de renta. De otro lado, según información de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, a octubre pasado, se crearon alrededor de 265.000 empresas. Al quitar la demografía usual de empresas que nacen cada año, habría 170.000 empresas nuevas. De esta forma, esa ley ha sido fundamental para la creación de empresas y la generación de empleo.

 

Á. J.: Algunos analistas consideran que los costos salariales son muy altos. En ese sentido, la Ley 1429 contempla una serie de beneficios para las nuevas pequeñas empresas. ¿El Gobierno prevé extenderlos a las medianas y las grandes empresas?

 

R. P. R.: No. El mayor núcleo de informalidad está en las empresas pequeñas. Ese es el centro y el objetivo principal de la Ley 1429. De otro lado, los beneficios por la contratación de la población que le mencioné se aplican para todas las empresas. Y la mayoría de los empleos creados para los menores de 28 años corresponden a empresas grandes.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los principales retos de su cartera en materia de política laboral?

 

R. P. R.: El principal reto es generar políticas que permitan mantener el desempleo en una cifra baja. Igualmente, diseñar mecanismos de formalización, para que haya empleo decente, y trabajar en un sistema de pensiones que sea solidario, equitativo, sostenible y universal.

 

Á. J.: Cuando el exministro de la Protección Social Mauricio Santamaría fue director adjunto de Fedesarrollo, propuso aumentar la edad de pensión a 65 años, nivelar las edades de jubilación de hombres y mujeres y aumentar las semanas de cotización. ¿Cuál es su posición al respecto, teniendo en cuenta que el Gobierno anunció una nueva reforma pensional?

 

R. P. R.: Nosotros hemos hablado de principios. Una reforma pensional debe ser universal. En Colombia, hay un millón y medio de pensionados, frente a casi seis millones de personas en edad de recibir pensión. Además, el sistema debe ser equitativo y sostenible financieramente. El Acto Legislativo 01 del 2005 es un marco bastante bueno en el tema pensional, y nosotros estructuraremos mecanismos para alcanzar esos objetivos.

 

Á. J.: ¿Y retomarían la propuesta de ampliar la edad a 65 años, incluida en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014?

 

R. P. R.: Ese tema no lo entramos a discutir.

 

Á. J.: Fedesarrollo también ha propuesto eliminar el régimen de prima media, por el alto costo en que incurre el Estado para subsidiar a los pensionados de ese régimen. ¿Qué ha pensado el Gobierno?

 

R. P. R.: Nosotros no hemos pensado eliminar el régimen de prima media.

 

Á. J.: Colpensiones fue creada por el Plan Nacional de Desarrollo de la anterior administración (L. 1151/07). ¿Después de casi cinco años, por qué no ha entrado en operación?

 

R. P. R.: En abril de este año entra en operación.

 

Á. J.: ¿Y ordenarán la liquidación del ISS y las demás administradoras del régimen de prima media?

 

R. P. R.: A partir de la certeza de la operación y el funcionamiento de Colpensiones, se tomarán decisiones sobre las otras entidades.

 

Á. J.: El Gobierno anunció que acabará las nóminas paralelas de las entidades públicas. ¿Cómo se hará eso?

 

R. P. R.: Eso es parte de la política de empleo decente. Hemos coincidido con la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Contraloría General en que las funciones misionales de las entidades públicas deben ser asumidas por personal con contrato laboral y no de prestación de servicios. Desde hace 10 años o más, las plantas estatales han estado congeladas, lo cual no es coherente con la realidad del país. El Estado ha crecido notablemente, al igual que sus necesidades. Por lo tanto, las entidades deben adaptar sus plantas y estructuras a las necesidades actuales y examinar qué personas de las que cumplen funciones con contrato de prestación de servicios pueden ser incorporadas mediante contratos laborales. Los contratos de servicios no deben ser la generalidad, sino una excepción justificada.

 

Á. J.: ¿Cuánto le costará al Estado la incorporación de esos funcionarios?

 

R. P. R.: Eso lo tiene que evaluar cada entidad. Sin embargo, no se trata de nuevas contrataciones, sino de personal actual, al que se le está pagando.

 

Á. J.: ¿Y ese personal ingresaría a carrera administrativa?

 

R. P. R.: Entrarían a ser empleados.

 

Á. J.: ¿Pero deberán presentar un concurso de méritos?

 

R. P. R.: Sí. En las condiciones normales de ingreso al empleo público.

 

Á. J.: El aumento del salario mínimo fue del 5,8 %. ¿Cuál será el reajuste para los empleados públicos?

 

R. P. R.: Aún no se ha decidido.

 

Á. J.: Uno de los mandatos incumplidos de la Constitución del 91 es la expedición del Estatuto del Trabajo. ¿En este Gobierno finalmente se expedirá esa norma?

 

R. P. R.: El Estatuto del Trabajo que contempla la Constitución es la definición de una serie de principios. Mucha gente cree que es una reforma del Código Sustantivo del Trabajo, pero no lo es. Tampoco es una modificación de las relaciones contractuales. Estamos examinado el tema, para definir el ámbito de ese estatuto. Mientras tanto, preferimos no generar expectativas.

 

Á. J.: El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó en noviembre pasado un anteproyecto de Estatuto del Trabajo. ¿Qué avances hay en esa materia?

 

R. P. R.: Lo publicó, con el fin de recibir comentarios. Estos se evaluarán, para avanzar en el tema.

 

Á. J.: ¿El proyecto lo presentarían este año al Congreso?

 

R. P. R.: No hay consenso sobre eso.

 

Á. J.: La Ley 1496 del 2011, sobre igualdad salarial para mujeres y hombres, les ordena a las empresas llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, según el tipo contractual. Su incumplimiento acarreará multas de hasta 150 salarios mínimos. ¿Cuándo comenzarán las inspecciones para verificar el cumplimiento de esa norma?

 

R. P. R.: Estamos organizando primero un sistema de información para empleados del sector privado, donde consideramos que hay discriminación entre géneros en el tipo de empleo. En el sector público es más clara la legislación y no se presenta tal fenómeno.

 

Á. J.: ¿En materia de concertación laboral, cómo se manejarán las relaciones en la actual administración?

 

R. P. R.: La Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales será el escenario permanente de discusión de ese tipo de temas.

 

Á. J.: ¿Qué reformas piensa impulsar el Gobierno en materia de subsidio de desempleo?

 

R. P. R.: Más que un subsidio, tenemos la idea de presentar un proyecto de ley de seguro de desempleo, en el segundo semestre del presente año.

 

Á. J.: ¿Qué resalta del reciente decreto-ley antitrámites, en materia de simplificación y eliminación de trámites laborales?

 

R. P. R.: Un tema importante es la eliminación de los certificados de supervivencia para el cobro de la pensión. La medida se aplicaría a partir de mediados del presente año, luego de que la Registraduría tenga un sistema actualizado sobre defunciones.

 

Á. J.: Un artículo de ese decreto-ley autoriza a los empleadores para despedir a sus trabajadores en situación de discapacidad, sin autorización del Mintrabajo, cuando incurran en alguna de las justas causas de despido. ¿Por qué se promovió esa norma?

 

R. P. R.: Pienso que eso es normal, en el sentido de que si se incumplen unas obligaciones específicas, el empleador tiene la facultad legal de tomar esa decisión.

 

Á. J.: ¿Cómo será el manejo de la política sindical en su administración?

 

R. P. R.: Con el respeto y el cumplimiento de las normas y los derechos sindicales. Eso es lo fundamental. Esta cartera velará por el cumplimiento de esos derechos.

 

Á. J.: ¿Qué tipo de políticas o de medidas para el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) piensa adoptar su cartera?

 

R. P. R.: Se trata de cumplir las normas existentes. Por ejemplo, las expedidas el año pasado que les prohíben a las empresas públicas y privadas vincular personal para el desarrollo de sus actividades misionales permanentes a través de CTA que realicen intermediación laboral o bajo cualquier modalidad que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los trabajadores.

 

Á. J.: ¿Entonces, se reforzará la inspección?

 

R. P. R.: Por supuesto.

 

Á. J.: ¿Cómo se está preparando el Ministerio del Trabajo para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU?

 

R. P. R.: Cada TLC tiene sus particularidades. El tratado con EE UU tiene un plan de acción, que incluye temas laborales y ambientales. El tratado con Canadá contempla una reunión periódica ministerial para abordar esos temas, y el acuerdo con Europa, el desarrollo de mecanismos para un plan de acción en el tema laboral, que también será muy importante.