“La implementación de la virtualidad fue un gran avance para la corporación”

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio como presidente de la corporación para el 2022. ÁMBITO JURÍDICO conversó con este consejero de la Sección Quinta, para conocer sus principales objetivos presidiendo la corporación.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los principales desafíos al presidir el Consejo de Estado?

 

Carlos Enrique Moreno Rubio: Sin duda, uno de los principales desafíos que asumo es mejorar la percepción de la comunidad respecto de nuestra labor. Y la forma de hacerlo es cumplir con nuestra función de administrar justicia de manera pronta y eficaz.

Estoy convencido de que, para optimizar nuestra imagen corporativa y acercar el Consejo de Estado a la comunidad, debemos cumplir con nuestros deberes constitucionales y legales en forma oportuna. No puede ser una constante que los ciudadanos esperen por años un fallo judicial. Para ello, se requiere un trabajo mancomunado, que permita contar con los recursos necesarios para agilizar nuestra administración de justicia.

Además, otro gran desafío es consolidar la cultura del expediente digital, con lo cual cobra vital importancia la priorización del plan de digitalización de todos los expedientes que se tramitan en la corporación.

Así mismo, extender y fortalecer la sede electrónica para la gestión judicial del Consejo de Estado, a través del aplicativo Samai.

Á. J.: ¿Cuáles son los últimos y más importantes debates que está afrontando la corporación?

 

C. E. M. R.: Todos los debates que se abordan en la corporación son de radical importancia. Recientemente, se han producido discusiones jurídicas de notable relevancia para el país, como, por ejemplo, la que terminó con la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 23 y 45 de la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, L. 2080/21), a través de los cuales se creó y reguló la figura del control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal. La corporación los inaplicó por encontrarlos contrarios a los artículos 29, 229, 237 y 238 de la Carta Política, específicamente porque consideró que desconocían los derechos de los afectados a impugnar judicialmente una decisión administrativa y a ejercer con plenitud su derecho de defensa y contradicción.

Además, se han debatido en Sala Plena temas álgidos, como los efectos de la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (L. 270/96) en nuestra jurisdicción, proyecto que actualmente se encuentra en control previo de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.

También se han planteado disertaciones interesantes sobre el proyecto de ley que crea la jurisdicción agraria y, con ella, la acción de nulidad agraria, que impacta las competencias de la jurisdicción.

 

Á. J.: ¿Qué lecciones dejó en la corporación la implementación inmediata de la virtualidad, como consecuencia de la emergencia sanitaria?

 

C. E. M. R.: La implementación de la virtualidad se tradujo en un gran avance para la corporación. Gracias al aplicativo web Samai, el Consejo de Estado no paralizó sus labores y pudo continuar operando de manera remota. Con la emergencia sanitaria, se evidenció la importancia de la digitalización de nuestros expedientes, la cual ha avanzado satisfactoriamente y constituye uno de los pilares de mi gestión como presidente.

También se vio la necesidad de adaptarnos rápidamente al cambio, para no afectar a los usuarios, y se descubrieron las ventajas de la virtualidad, no solo para el funcionamiento ininterrumpido de la corporación, sino como mecanismo para acercar la justicia a la comunidad, evitando erogaciones innecesarias en desplazamientos hasta Bogotá, por ejemplo.

Se evidenciaron las ventajas del trabajo en casa, que, incluso, ha mejorado la producción de providencias judiciales y, en general, la productividad de la corporación.

 

Á. J.: ¿Cómo va el proceso de expediente digital, así como la implementación de sistemas de inteligencia artificial?

 

C. E. M. R.: Con la implementación del sistema Samai en el Consejo de Estado, en los juzgados y en los tribunales, se habilita a toda la jurisdicción para la conformación del expediente digital, con los estándares y funcionalidades requeridas para la interacción con diferentes actores y entidades.

A través de la sede electrónica, la ventanilla virtual, la consulta de procesos en línea y los nuevos procesos que requiere la implementación de la Ley 2080, se brindan servicios a todos los usuarios para una justicia transparente, ágil y oportuna. Se espera que en los próximos meses toda la jurisdicción cuente con este sistema.

Además, el Consejo de Estado está buscando la implementación de técnicas orientadas al análisis de texto y predicción. Para ello, utiliza servicios de inteligencia artificial de la infraestructura de la nube de Azure, como piloto en el sistema de relatoría para análisis de texto. Adicionalmente, se están analizando propuestas de algunas universidades para desarrollar el tema de la predictibilidad que contribuya a nuestra labor judicial.

 

Á. J.: Desde hace años se habla de que uno de los males endémicos del Consejo de Estado es la congestión. ¿Cómo está hoy la corporación frente a este tema?

 

C. E. M. R.: El Consejo de Estado ha trabajado permanentemente en la descongestión judicial. Una de las medidas más recientes frente a esta problemática fue la reforma introducida en materia de competencias por la Ley 2080 que, frente a este punto específico, entró a regir el pasado 25 de enero.

Básicamente, se trató de la redistribución de competencias, con el fin de ofrecer una justicia pronta a los usuarios de nuestra jurisdicción y permitir al Consejo de Estado concentrarse en su labor de tribunal de cierre unificador.

Ahora, frente al estado actual, medidas como la creación permanente de cargos que antes estaban en “descongestión” y la virtualidad, que implicó la implementación de sistemas de información, como Samai, han permitido la agilización de los procesos a cargo de la corporación, lo que ha redundado en un aumento significativo en la producción de providencias judiciales y conceptos.

Entonces, la respuesta a la pregunta es que se ha mejorado, pero el camino es largo, por lo cual se continuará con la toma de medidas para lograr la tan anhelada descongestión.

Á. J.: ¿Qué medidas cree que deben adoptarse durante su mandato para hacer frente a esa problemática? 

 

C. E. M. R.: Sin duda, el fortalecimiento de los medios digitales y terminar de digitalizar la totalidad de expedientes a cargo de la corporación, para continuar agilizando su trámite.

La gestión de nuevos despachos y cargos en el Consejo de Estado y en toda la jurisdicción es de vital importancia para que la reforma funcione.

Este ha sido un punto constante en los últimos años. Sin embargo, se debe tener en cuenta el aspecto presupuestal, que se ha visto afectado, de una manera u otra, como consecuencia de la pandemia.

Á. J.: Aún se sigue hablando de una reforma estructural a la justicia que no ha llegado. ¿Qué considera que se podría reformar en beneficio del funcionamiento de la Rama Judicial?

C. E. M. R.: Puede estudiarse, como ya se ha venido haciendo, incluso, la creación de nuevas jurisdicciones. No se trata de crear cargos porque sí, se debe hacer un análisis serio de despachos tipo, que establezcan cuántas personas deben estar en cada uno de ellos y, sobre todo, cuántos despachos se requieren para que la producción aumente significativamente.

Tampoco se trata de improvisar, se trata de hacer un estudio detallado para ver en qué casos se debe aumentar empleados en los despachos y en qué casos se deben crear más despachos.

Está demostrado que la demanda del servicio de administración de justicia ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero no ha crecido en la misma proporción el aparato judicial.

Á. J.: Hasta el momento, ¿qué impacto ha generado la Ley 2080?

 

C. E. M. R.: Hasta ahora, la reforma al CPACA se ha visto reflejada, en gran medida, en la agilidad de algunas actuaciones procesales, desde la óptica de los usuarios de la administración de justicia y el acceso electrónico, en aspectos como la radicación virtual de las demandas, que ha tenido un gran impacto, en su mayoría positivo.

En las secretarías, indudablemente, los trámites de notificación han resultado mucho más eficientes. Y en lo que tiene que ver con los despachos, la producción de sentencias anticipadas se ha incrementado.

Sin embargo, apenas ha transcurrido un año de la vigencia de la reforma y solo unos días desde la implementación de las nuevas competencias. Por eso, desde este año, en juzgados y tribunales, se podrá medir con mayor exactitud el impacto. En el Consejo de Estado tardará un poco más, mientras se evacúa todo lo que hoy se tiene para conocimiento, porque un punto importante es que las nuevas competencias aplican a futuro, es decir, la corporación continuará conociendo y resolverá los asuntos que actualmente están a su cargo.