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Actualizado hace 12 minutos | ISSN: 2805-6396

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Eduardo Leite: “El abogado corporativo debe pensar como un empresario”

20 de Octubre de 2011

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Foto: Humberto Pinto

 

Con 69 oficinas en 41 países, Baker & McKenzie se ha posicionado como una de las redes de abogados más importantes del mundo.

 

Por eso, el nombramiento del brasilero Eduardo Leite como director ejecutivo de la firma a nivel global fue interpretado como una clara señal de lo que Latinoamérica representa para el mercado de servicios legales. 

 

Leite, quien sucede en el cargo a Christine Lagarde, actual directora del Fondo Monetario Internacional, estuvo en Bogotá conversando sobre los retos legales que la globalización les impone a las empresas y a las firmas de abogados, en un foro organizado por Baker & McKenzie, que contó con la presencia de Raymundo Enriquez, representante de América Latina en el Comité Ejecutivo de la firma, y de ejecutivos de empresas, entidades financieras y líderes gremiales del país. 

 

Este abogado experto en transacciones relacionadas con temas de energía, infraestructura y fusiones y adquisiciones habló acerca del papel que deben asumir los abogados de las firmas para asesorar a sus clientes, de las perspectivas de las economías emergentes y de la necesidad de actualizar la legislación comercial, laboral y fiscal para hacer más atractivo el mercado latinoamericano.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál es el perfil de abogado moderno que buscan los grandes despachos jurídicos, en el marco de la globalización? 

 

Eduardo Leite: Además de las firmas, los empresarios buscan que su abogado tenga un valor agregado que les facilite el negocio. Como la globalización implica velocidad, grandes flujos de información y una infinidad de normas aplicables, el reto de los abogados es muy grande. Nuestra idea es que se destaquen en tres dimensiones: deben tener un área de especialidad, conocer la industria y vincularse significativamente con los clientes.

 

Á. J.: El tema de la especialización es complejo, teniendo en cuenta las materias que involucran los grandes negocios. Por ejemplo, usted resalta la cantidad de normas aplicables en esos casos.

 

E. L.: Independientemente de eso, nadie puede aspirar a ser un abogado corporativo si no tiene un área de especialidad. Cuando uno se vuelve senior, vuelve a ser generalista, pero, para empezar, la especialización es básica. Eso tiene que ver con el valor agregado que debe tener el abogado de una firma, para suplir las necesidades del cliente que no pueden ser cubiertas por su equipo de abogados internos.

 

Á. J.: Además, usted propone que el abogado corporativo se acerque a una industria específica. No obstante, los departamentos legales de las empresas son los que tienen una gran ventaja en esa materia.

 

E. L.: Claro, porque están mucho más cerca del negocio. Pero eso no es un problema, ya que no hay ninguna razón para que el abogado de la firma compita con el abogado interno. Por el contrario, la idea es que cooperen y aprovechen las ventajas de cada uno. El abogado del departamento legal de una empresa entiende mucho mejor la dinámica de la compañía y conoce sus productos, pero, por las exigencias de su trabajo, tiene menos tiempo para estudiar que el que tiene un abogado corporativo. Este, por su parte, cuenta con una formación más profunda que debe poner al servicio del cliente, cuando este lo requiera. Eso es lo que puede ocurrir ante una acusación de cartel [acuerdo de precios], por ejemplo, pues no es usual que un departamento legal se dedique a ese tipo de especialidades. El secreto es que trabajen conjuntamente. El éxito de ese trabajo conjunto depende de que el abogado externo se acerque a la industria, porque sólo podrá prestar un buen servicio si habla el mismo lenguaje del cliente.

 

Á. J.: ¿Y en qué consiste la tercera dimensión: la “vinculación efectiva con el cliente”?

 

E. L.: Hay que partir de la idea de que es necesario acercarse a determinada industria. Pero todo se concreta en que el abogado corporativo debe aprender a pensar como un empresario. Eso exige un cambio de mentalidad. El abogado debe entender que, además de saber de Derecho, de los problemas coyunturales, de la regulación y de las normas vigentes en materia de inversión extranjera, debe conocer el mercado y familiarizarse con sus clientes. Ese conocimiento es la clave del negocio.

 

Á. J.: Hablando de inversión extranjera, su nombramiento como director ejecutivo de Baker & McKenzie ha sido leído como un mensaje sobre la importancia que tiene Latinoamérica para el mercado de servicios legales. 

 

E. L.: Para muchos, esta es la década de América Latina. Eso tiene que ver con el hecho de que es la región emergente más occidentalizada y que el Estado de derecho es más sólido que en la región Asia-Pacífico, por ejemplo. Las oficinas de Baker & McKenzie en países desarrollados, como Alemania, Londres y EE UU, se han beneficiado mucho del atractivo que ha adquirido Latinoamérica en el entorno corporativo.

 

Á. J.: ¿Qué percepción se tiene sobre Colombia? 

 

E. L.: Colombia tiene un atractivo inocultable que se deriva de sus recursos naturales. Por eso, el país despierta mucho interés en temas de minería y agronegocios. El otro punto a favor es que el mercado está fuerte. Eso es lo que se percibe del sector empresarial, las inmobiliarias y los fondos de inversión.

 

Á. J.: ¿Qué debe hacer el Gobierno para incentivar ese clima de negocios?  

 

E. L.: El desafío consiste en modernizar la legislación corporativa. Los gobiernos latinoamericanos tendrían que simplificar su estructura tributaria, siguiendo la tendencia mundial de mantener el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta, en lugar de 20, 30 y 40 impuestos. Eso se está haciendo en algunos países, pero de forma gradual, muy lenta. Lo importante es que sean conscientes de que un mercado atractivo no es suficiente para atraer la inversión extranjera. Al final, el capital llega según los cálculos de retorno de la inversión, teniendo en cuenta los costos que implica hacer negocios, instalarse y asumir las obligaciones laborales y fiscales.

 

Á. J.: Esas medidas deben responder a las exigencias del mercado que conocen, de primera mano, los abogados corporativos. ¿Es posible que contribuyan en esa tarea sin incurrir en conflictos de interés?

 

E. L.: Yo creo que no tiene nada de malo que un abogado corporativo contribuya a diseñar esas medidas. Sobre todo, cuando cuenta con el respaldo de una firma como Baker & McKenzie. En ese sentido, podría ser de gran ayuda un profesional que tiene contacto, como nosotros, con socios de otros países, por ejemplo, en materia de impuestos. Nuestro equipo fiscal tiene un gran prestigio a nivel global y goza de mucha experiencia, lo que podría ayudar a conciliar las posiciones del Gobierno y del sector privado.

 

Á. J.: Sin embargo, esos acercamientos tienden a generar suspicacias sobre la intromisión de intereses particulares en el diseño de las políticas públicas.

 

E. L.: A mucha gente le preocupa que el acercamiento entre el abogado privado y el Gobierno pueda llegar a ser problemático. Pero hay que darle primacía al interés de la Nación. Y las naciones más exitosas son las que se modernizan. Además, yo creo que los países deben tener visión empresarial, ir más allá de lo público, lo político y lo social. Una opción viable para permitir que los abogados corporativos hicieran su contribución sería involucrar en el proceso a entidades que, aunque imparciales, se preocupen por lograr que la legislación tenga en cuenta los problemas de los empresarios. Ese papel lo podrían cumplir las cámaras de comercio o la academia.

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