“El mayor desafío que afronta la Comjib es la consolidación del espacio jurídico iberoamericano”

En un encuentro reciente, Martha Lucía Olano Guzmán, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, conversó con Enrique Gil Botero, ex ministro de Justicia de Colombia y actual secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).

Durante el diálogo, hablaron sobre la cooperación jurídica entre Colombia y los países de Iberoamérica, entre ellos, el intercambio de información a través de plataformas como IberRed. ÁMBITO JURÍDICO reproduce y agradece la entrevista realizada por la magistrada.

Martha Lucía Olano: Cuéntenos un poco acerca de la creación de la Comjib.

Enrique Gil Botero: La creación de la Comjib se remonta al año 1970, cuando en una reunión de países hispano-luso-americanos y Filipinas se decidió trabajar en conjunto de forma continua en materia de justicia. Hace medio siglo, representantes de 20 países, reunidos en Madrid (España), sellaron la voluntad de concertar un ámbito común para promover la cooperación jurídica internacional a través del estudio de proyectos legislativos, el intercambio de in­formación sobre prácticas adoptadas por los ministerios en la administración de justicia y en el ámbito registral y la creación de programas para mejorar la gestión en materia penitenciaria. Fue en este encuentro que se fijaron las bases de esta Conferencia, con una declaración que sigue vigente para quienes defendemos el Estado de derecho: “solo el imperio del Dere­cho y de la Justicia puede garantizar a los pueblos el adecuado desarrollo en una convivencia pacífica...”.

Este acto de libre voluntad de Estados soberanos, de reunirse y conformar un ámbito común para la creación de un espacio de justicia regional, puso de relieve la importancia de la identidad compartida por nuestros pueblos, en diagnosticar los problemas, reconocer los desafíos y promo­ver soluciones comunes, bajo el amparo de la cultura jurídica iberoamericana.

En los años siguientes, la Conferencia elaboró seis convenios en materia de justicia, de los cuales dos llegaron a entrar en vigor antes de que, en 1988, se decidiera dar un paso más en la consolidación de la misma y se acordó transformar su naturaleza jurídica para erigirla como organismo internacio­nal permanente, como consecuencia de los progresos alcanzados y del firme propósito de continuar el camino em­prendido de promover la cooperación jurídica. Esta visión se concretó en 1992, con la firma del Tratado de Madrid, que la refundó bajo la denominación de Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib) y le otorgó las características y naturaleza actual.

M. L. O.: Durante las jornadas del 50 aniversario de la Comjib celebrado en Barranquilla, se realizó un recorrido por los principales resultados alcanzados por la conferencia en toda su historia. ¿En qué consisten los siete convenios y tratados internacionales vigentes?

E. G. B.: El primero en entrar en vigor, en 1978, fue el Convenio sobre Información en materia Jurídica del Derecho Vigente y su Aplicación, que fue un convenio para el intercambio de información y fuentes jurídicas. En 1988, ante la creciente preocupación de los ministros(as) por el auge de la criminalidad del narcotráfico, le siguió el Convenio sobre Comunicación de Antecedentes Penales y de Información sobre Condenas Judiciales por Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, antes de que lo hiciera el propio Tratado Constitutivo de la Comjib, firmado en 1992. En el 2014, entró en vigencia el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, seguido por su Protocolo Adicional, que marcó una senda en la contribución de la Comjib e IbeRed para fortalecer la cooperación jurídica internacional, y, en el 2015, el Acuerdo sobre Simplificación de la Extradición entre Argentina, Brasil, España y Portugal, vigente desde el 2017 entre Argentina, España y Portugal.

Este año pudimos celebrar la entrada en vigor de dos instrumentos internacionales. El 26 de agosto, entró en vigor el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en materia de Ciberdelincuencia, y el 9 de mayo entró en vigor el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, conocido como el Tratado de Medellín.

M. L. O.: ¿Por qué este último acuerdo es tan importante?

E. G. B.: Porque su entrada en vigencia permite la adhesión de los Estados que no sean parte de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, abriendo al mundo entero la posibilidad de beneficiarse de este tratado elaborado entre los países iberoamericanos. Este instrumento agilizará la tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica internacional, mediante la utilización de la plataforma de transmisión telemática Iber@, una herramienta segura de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). Esta mayor rapidez afecta positivamente a procedimientos que exigen una especial urgencia en su instrucción y enjuiciamiento, como los actos de terrorismo, delincuencia organizada trasnacional, tráfico y trata de seres humanos, tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, corrupción o ciberdelincuencia, entre otros.

El organismo ha sido muy prolífico y se han realizado propuestas en otros ámbitos, como el de la ejecución de sentencias civiles y laudos arbitrales, el de expedición de extractos de actas del registro civil o el de los bienes culturales, etc.

M. L. O.: Teniendo en cuenta que, en los últimos años, la ciberdelincuencia se encuentra en ascenso, ¿qué países han ratificado el Convenio Iberoamericano de Cooperación en materia de este delito?

E. G. B.: El primer país en adherirse al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en materia de Ciberdelincuencia fue Cuba, dos años después de su apertura a la firma, en el 2014. Uruguay depositó el instrumento de ratificación el 26 de enero y Nicaragua el 27 de julio de este año, haciendo posible su entrada en vigor en agosto del año en curso. Este tratado está operativo en el momento actual.

M. L. O.: ¿Cuáles cree que serán los futuros desafíos del sistema iberoamericano de justicia en el marco de la agenda 2030 de las Naciones Unidas?

E. G. B.: El mayor desafío que afronta la Comjib es la consolidación del espacio jurídico iberoamericano. Contamos con sistemas jurídicos similares en nuestros 22 países, pero quedan muchas herramientas y marcos de colaboración que concretar para que nuestros operadores jurídicos y nuestras políticas públicas dialoguen y se desarrollen en un verdadero espacio común. El mejor ejemplo es el Tratado de Medellín: existen muchos convenios internacionales firmados por nuestros Estados, pero carecíamos de un instrumento que agilizara vía telemática las solicitudes de cooperación jurídica internacional. Se trata de identificar esas barreras en colaboración con la Cumbre Judicial y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y, dentro de las competencias de cada uno, superarlas.

Con IberRed tenemos un puntal para reforzar este espacio jurídico iberoamericano que pertenece a los funcionarios de la administración de justicia, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los notarios. Debemos seguir reforzando las alianzas entre estos colectivos para avanzar en iniciativas que van a mejorar el trabajo de todos y redundar en un acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia. La Comjib canaliza estas necesidades y tiene la capacidad de promover tratados y convenios internacionales, convenios que como el de Equipos Conjuntos de Investigación (pendiente de entrar en vigor) van a facilitar la investigación de jueces, fiscales y policías en toda la región.

M. L. O.: Una de las líneas de trabajo más importantes de su gestión se encuentra en la reforma a los sistemas penitenciarios. Sin embargo, después de las declaraciones del Ministro de Justicia de Colombia en las que expone que este nuevo Gobierno no invertirá en la construcción de cárceles, ¿cómo impacta esta decisión el desarrollo de la reforma?

E. G. B.: Una política criminal y penitenciaria sólida no implica que deban construirse necesariamente más cárceles. Muchas veces, las cárceles son lugares de hacinamiento y generadoras de estado de cosas inconstitucionales, porque el sistema abusa de la prisión preventiva y contar con más plazas en las prisiones no soluciona el problema. Las cárceles son el último eslabón de la cadena de justicia penal y la privación de libertad no es un objetivo en sí mismo, las sociedades más cohesionadas, seguras y pacíficas cuentan con rangos bajos de población reclusa. La finalidad de la pena no solo es la retributiva y la preventiva, sino que existe una cosmovisión restaurativa que transciende mucho más allá.

M. L. O.: ¿Cómo se ha desarrollado el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ)?

E. G. B.: El PIAJ fue aprobado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Mar del Plata, en el 2010, como uno de los programas, iniciativas y proyectos adscritos de la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana. Desde entonces, la Comjib ejerce como su unidad técnica.

La Misión del PIAJ es ser facilitadores de los ministerios de Justicia y autoridades análogas de los países miembro para garantizar el acceso a herramientas y generación de ideas que aseguren a todas las personas el derecho al acceso a la justicia con acciones de cooperación recíprocas bajo el principio de solidaridad, en particular para aquellas en especial situación de vulnerabilidad. La visión es convertirnos en un espacio de referencia regional para intercambiar buenas prácticas y concretar acciones conjuntas en materia de acceso a la justicia.

M. L. O.: ¿En qué consiste la plena operatividad de la plataforma Iber@ de comunicación segura?

E. G. B.: Iber@ es un sistema informático cerrado, de acceso restringido y exclusivo de los puntos de contacto, enlaces y redes o actores de la cooperación jurídica internacional como Eurojust o la Secretaría General de Interpol. Cuenta con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, incorporando funcionalidades como la videoconferencia o la firma digital. Para garantizar los extremos de seguridad y el uso que requiere este sistema, el año pasado celebramos el reestreno de la plataforma, rediseñada por la Agencia Notarial de Certificación del Consejo General del Notariado Español, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En esta plataforma se apoya el mencionado Tratado de Medellín, gracias al cual las solicitudes de asistencia legal mutua entre autoridades centrales canalizadas por esta vía serán jurídicamente válidas, sin requerir envíos en papel, disminuyendo los costos del procedimiento, pero, sobre todo, ahorrando tiempo, un activo tan importante cuando se habla, por ejemplo, de la delincuencia trasnacional organizada.

M. L. O.: Y, por último, ¿qué es y en qué consisten los objetivos de la IberRed?

E. G. B.: La IberRed es una red de cooperación jurídica internacional, creada por la Comjib, la AIAMP y la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el 2004, para facilitar los contactos entre los operadores jurídicos iberoamericanos, pertenecientes a fiscalías generales, cortes supremas, ministerios de justicia y otras instituciones relevantes en la materia. Además de poner a su disposición la plataforma Iber@, IberRed promueve los encuentros presenciales de los integrantes de la red para elaborar recomendaciones sobre los temas de su interés y, al mismo tiempo, crear una confianza mutua. Aunque el Tratado de Medellín utilice la posibilidad de envío de comunicaciones formales, esta no es la única opción que ofrece la plataforma, ya que, a través de la misma, también se pueden realizar consultas informales o trabajar en equipos. La IberRed facilita la cooperación jurídica internacional, conectando operadores jurídicos y ofreciéndoles espacio para trabajar en conjunto.