Julio Roberto Piza: “El mayor reto en materia tributaria es resolver un problema estructural”

 

Uno de los grandes desafíos del Gobierno Nacional este 2016 es sacar adelante una nueva reforma tributaria. El tema, que actualmente causa gran inquietud entre ciudadanos, círculos académicos y de poder, probablemente encuentre una importante guía para direccionarse en los informes de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad  Tributaria.

 

Este  grupo de nueve conocedores designados por el Gobierno se reunieron durante meses en los que discutieron, investigaron e, incluso, escucharon a la ciudadanía, para encontrar la forma de reconfigurar de manera estructural el sistema de impuestos, con el propósito final de hacerlo más eficiente de acuerdo con las necesidades actuales y a los estándares internacionales.

 

Julio Roberto Piza Rodríguez, director del Departamento Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, que fue parte del mencionado equipo, habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre las propuestas que entregó la comisión al país.

 

ÁMBITO JURÍDICO: En términos generales, ¿cómo fue el trabajo que adelantó la comisión de expertos para analizar el sistema tributario?

 

Julio Roberto Piza: La comisión sesionó por 10 meses, entregando su resultado final el pasado 25 de diciembre. Estuvo conformada por expertos de diferente formación y origen,  académicos, abogados, contadores, con larga experiencia en el sector público y privado. Tuvo un muy buen nivel técnico y total independencia para hacer sus recomendaciones.

 

La secretaría técnica estuvo a cargo de Fedesarrollo y la DIAN participó a través de su director, que presidia la comisión. El informe contiene cinco capítulos: impuesto a la renta, uso y consumo, impuestos territoriales, entidades sin ánimo de lucro y administración tributaria. La ciudadanía participó enviando sus sugerencias y opiniones a través de la página web de la comisión.

 

Tuvimos como insumos para el informe diferentes estudios de entidades internacionales, como el BID, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE sobre el sistema tributario colombiano, pero desde una perspectiva internacional y un amplio debate, teniendo presente el objetivo esencial de la comisión: una reforma estructural del sistema tributario colombiano.

 

Á. J.: ¿Cuál es el principal reto de la reforma tributaria?

 

J. R. P.: Tenemos una estructura tributaria que no corresponde a las necesidades del país. Desde el año 1991 se ha aplazado una decisión de fondo, hemos vivido de impuestos malos y transitorios y nos hemos apalancado con una base tributaria muy pequeña. El mayor reto está en resolver un problema estructural, que exige tomar medidas significativas: necesitamos mayores recursos, pero también debemos solucionar problemas de equidad y eficiencia. Tenemos que reordenar el sistema para lograr que simultáneamente se estimule la inversión, pero sin menoscabar la equidad.

 

Las claves son ampliar la base tributaria, aumentar el recaudo y fortalecer la administración, a fin de lograr un sistema más equitativo y eficiente.

 

Á. J.: ¿Cómo se llegaron a consensos y se evitaron discrepancias dentro de la comisión?

 

J. R. P.: Los miembros de la comisión estamos acostumbrados a trabajar sobre la base de la argumentación sustentada, entonces lo central era disponer de buena información e intercambiar argumentos en discusiones amplias, abiertas y tolerantes. Fue muy agradable, el ambiente fue distendido y de muy buen nivel. No defendíamos intereses particulares, siempre tuvimos presente construir una propuesta para el mediano y largo plazo que contribuya al desarrollo equitativo del país.

 

Á. J.: ¿Frente a renta, al eliminar uno de los dos impuestos de esta especie (renta y cree), se busca alinear más el sistema tributario al Cree, con menos exenciones y mayor base gravable?

 

J. R. P.: Proponemos algo mucho más radical: que debemos sustituir estos impuestos por uno solo basado en la utilidad contable. Ahora que estamos en el proceso de hacer la conversión a las normas internacionales de contabilidad, lo que sugerimos es crear un nuevo impuesto de base amplia que parta de la utilidad comercial con los ajustes tributarios que exige un mecanismo concebido para la liquidación del impuesto a las empresas. El mensaje es que los empresarios paguen sus impuestos liquidándolos a partir de las utilidades comerciales, con los ajustes que debe definir la ley, para garantizar un trato uniforme. Lo que se busca es que el sistema se haga más transparente partiendo del  balance comercial. Es metodológicamente más claro y conferirá más certeza a los empresarios y a la administración cuando haga control, pues el ámbito de control se circunscribirá a los ajustes tributarios que se efectuarán sobre la utilidad comercial.

 

Á. J.: ¿Qué propuestas se vislumbraron para personas naturales?

 

J. R. P.: Debemos partir de que las empresas no pueden pagar impuestos tan altos, porque  le hace perder competitividad a Colombia. El objetivo es disminuir la tarifa de las empresas, que es muy alta, eliminando el impuesto a la riqueza y compensando esos recursos, con una ampliación de la tributación de las personas, porque es en ellas donde se debe medir la capacidad económica, las empresas no son más que vehículos de inversión cuya propiedad es de las personas. De esta forma, se mejoraría el balance entre las  empresas que pagan mucho y las personas que lo hacen poco. Hay que entender que las empresas son las que crean empleo y dinamizan la economía. Obviamente, el impuesto a las personas debe propender por una mayor progresividad, es decir, ampliar la base, pero respondiendo al principio de capacidad: las personas naturales que tengan mayor renta deben pagar más. Es el mismo enfoque que se utiliza en el IVA: ampliar la base para generar mayores recursos que permitan mantener el gasto social del Estado.

 

Á. J.: ¿En IMAN e IMAS qué se propone?

 

J. R. P.: La reforma del 2012 se enfocó en crear las figuras de los impuestos alternativos, como el IMAN y el IMAS, que han tenido problemas en su aplicación, incluso, por los fallos de la Corte Constitucional. Estos métodos clasifican las personas más que el tipo de rentas. Se propone una clasificación en función de las  rentas: las rentas de trabajo y las demás; en las primeras, no se reconocen los gastos y si bien se mantienen los beneficios, por salud, educación o dependientes, se proponen dos límites para que el sistema no pierda progresividad. Por otro lado, se proponen también límites indicativos de costos y gastos, especialmente para las rentas no laborales, que buscan optimizar el control de la administración.

   

Á. J.: ¿Qué propuestas hay para los impuestos territoriales?

 

J. R. P.: Aunque el país está definido como descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales, no se ha hecho una reforma tributaria de fondo. Los sistemas tributarios municipales y departamentales son anacrónicos, obsoletos y la evasión es alta. Por eso, se  propone  crear una entidad que le ayude al Gobierno a definir las políticas de las entidades territoriales.

En los departamentos, se propone aumentar el impuesto a los cigarrillos, somos el país que menos cobra impuesto al tabaco, y entender que la cerveza también es una bebida alcohólica. Colombia tiene poco desarrollo en impuestos ambientales, es necesario aumentar los impuestos a los combustibles y a los vehículos, con el propósito, además, de financiar la infraestructura.

 

Á. J.: ¿En el tema municipal qué se prevé?

 

J. R. P.: En los impuestos municipales, el predial tiene un problema en las ciudades grandes: aunque el catastro está actualizado, a veces sube más que los ingresos de las personas. Para evitar eso, ajustar las tarifas sin retrasar los procesos de actualización, que  en el sector rural se mantiene desactualizado, pues hay personas con gran capacidad económica y grandes extensiones de tierra que no pagan los impuestos que deberían.

Frente al ICA, retomamos las conclusiones de un trabajo del Banco Mundial para simplificar las tarifas, Pero, además, se debe definir un criterio de territorialidad basada en la fuente de las actividades gravadas y, en todo caso, para los municipios pequeños simplificar el impuesto cobrándolo como una suma fija anual.

 

Á. J.: ¿Qué cambios se planean frente a la estructuración actual de la DIAN?

 

J. R. P.: Los niveles de evasión que existen se derivan, sin duda, de un aspecto cultural, pero también porque no se le ha dado la importancia que merece la administración tributaria. La entidad necesita robustecerse, tanto en recursos humanos como tecnológicos. La DIAN debe ser la gran empresa del país, debe tener un sistema corporativo, con una junta directiva, que asesore y marque una línea estratégica sobre las decisiones, con mayor  autonomía en temas de gestión. También es necesario crear mejores instrumentos jurídicos, como un código para procedimientos y sanciones. Por otro lado, es necesario dejar a la DIAN solo con la labor fiscalizadora, y la parte jurídica trasladarla a un tribunal distinto, para descongestionar la justicia.