Una comisión de la verdad tiene éxito si las demás instituciones funcionan: González Cueva

Por Juan Camilo Rivadeneira

 

Redactor Ámbito Jurídico

 

En entrevista para ÁMBITO JURÍDICO, Eduardo González Cueva, uno de los expertos internacionales más importantes en materia de justicia transicional y candidato a integrar la comisión de la verdad (CV) colombiana presenta su visión sobre este mecanismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

 

ÁMBITO JURÍDICO (Á. J.) ¿Puede ser integral un sistema donde los derechos a la verdad y a la justicia son atendidos de manera separada?

 

Eduardo González Cueva (E. G. C.): La integralidad tiene que ver con un concepto jurídico fundamental: el derecho a un remedio efectivo, que incluye la verdad, la justicia y la reparación; por ello, al hablarse de integralidad se piensa en un sistema que les facilite a las víctimas el acceso a todas esas dimensiones, aunque sea en paralelo.

 

Mucho va a depender de cómo los comisionados de la verdad y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se sentarán a diseñar una especie de protocolo de integración y colaboración armónica, en tanto no pueden actuar asumiendo que el otro no existe. Por el contrario, tiene que haber algún tipo de interacción, pues van a estar en los mismos lugares, van a ver a las mismas víctimas y se van a encontrar con las mismas instituciones.

 

 

Á. J.: A propósito, ¿cómo debe ser articulado el trabajo entre los 51 magistrados y los 11 comisionados?

 

E. G. C.: El hecho de que la información producida por la CV no pueda ser utilizada como prueba ante la JEP no quiere decir que estos dos organismos no puedan conversar y mantener una relación flexible y funcional, toda vez que tienen que colaborar en una serie de tareas, un ejemplo de ello sería asegurar el bienestar de las víctimas.

 

Por ello debe existir una autentica coordinación: en el sentido de los mensajes que se dan a la población; en el acompañamiento sicosocial, de seguridad y protección que se le brinde a las víctimas. Si la Comisión y la JEP son capaces de comunicarle a la gente que se necesita saber toda la verdad, no solo los “qué” sino también los “por qué”, creo que estaremos en el mejor de los caminos.

 

 

Á. J.: Concretamente, ¿qué consecuencias podría tener que la información recolectada por la comisión de la verdad no tenga ningún vínculo judicial?

 

E. G. C.: Esa es una característica del proceso de paz colombiano y no va a cambiar. Teniendo en cuenta estas condiciones (algo que para la teoría ortodoxa de la justicia transicional sería un problema) formularía la pregunta: ¿qué oportunidades se presentan? Una consecuencia positiva es que la Comisión pueda experimentar con distintas formas de búsqueda de la verdad y con otras formas de creación de incentivos para que las personas se acerquen a participar en esta instancia.

 

Es así que, en vez de tener una comisión solamente encauzada en un informe final, o una comisión académica investigando archivos, tendríamos una enfocada en diálogos, que se encuentre en todos los territorios tomando información y propiciando que las personas conversen. El reto consiste en convertir este escenario en una oportunidad y en un espacio reconciliador, de narrativas y de análisis históricos para no solamente saber los hechos, sino también las razones y las perspectivas.

 

 

Á. J.: Entonces, ¿es mejor esperar resultados cualitativos que cuantitativos?

 

E. G. C.: En Colombia han existido tantas investigaciones, estudios y libros en torno al conflicto armado que debemos preguntarnos cuál es el valor agregado que tendrá de la comisión. Pienso que este valor estará en el procedimiento, teniendo en cuenta que no han abundado procesos de búsqueda de la verdad cooperativos, donde personas, con diferentes perspectivas dialoguen.

 

No se puede pasar por alto que han existido esfuerzos previos como el del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual ha hecho un trabajo extraordinario para retratar los diferentes matices de este conflicto. Ahora toca hacerlo de una manera cooperativa y que las personas de los sectores más alejados, de los lugares más marginalizados participen. Es una oportunidad histórica que debe aprovecharse.    

 

 

Á. J.: Para una comisión de la verdad ¿cuáles serían los temas prioritarios y urgentes para investigar?

 

E. G. C.: Eso depende de una situación en concreto. Las comisiones de la verdad no son un trabajo académico en donde el especialista decide por cuenta propia lo que debe ser priorizado en su plan de investigación. Una CV debe entenderse como hechura social, donde las prioridades dependen mucho de la expectativa y de la demanda de la sociedad.

 

Por ejemplo cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión de la Verdad del Perú, apenas se estaba empezando a discutir, en el terreno de justicia transicional, el tema de la perspectiva de las personas LGBTI. Este tema apareció en el “radar” de la comisión recién en los últimos meses de trabajo de la comisión y nadie lo había investigado. Los comisionados decidieron que había que incluir las persecuciones y ejecuciones en contra de las personas LGBTI cometidas por los distintos actores armados, porque los movimientos de esta colectividad se presentaron y denunciaron varios de estos casos.

 

 

Á. J.: Con relación a su participación en la Comisión de la Verdad del Perú, ¿considera que se lograron cambios institucionales o en la sociedad?

 

E. G. C.: Hubo avances, pero al mismo tiempo hay estancamientos y retrocesos. Entre lo positivo: se creó un programa de reparaciones a las víctimas, modesto y con una serie de contradicciones, pero que existe y que incluyó no solo la dimensión administrativa individual, sino también una dimensión participativa, territorial y colectiva. ¿Dónde se avanzó menos? En el espacio educativo, puesto que la comisión hizo recomendaciones muy concretas sobre la educación de paz, pero ocurrió lo que suele pasar en Perú: cambió el ministro y cambió todo, vino un nuevo presidente y no continuaron con lo acordado.

 

Hubiese querido más avances que retrocesos, pero una comisión solo tiene éxito en la medida en que todas las demás instituciones de la transición funcionen; por eso, considero que es importante la coordinación. Ese es el reto.

 

 

Á. J.: Sobre el informe final que realizará la comisión de la verdad, ¿Qué aspectos generales y enfoques debería tener?   

      

E. G. C.: Para comenzar, el nombre ´informe final´ es engañoso, debido a que, de alguna manera, hace pensar que ahí se acabó de contar la historia, cuando en realidad este informe es un punto de partida que plantea verdades históricas, sociales, e interpretaciones de los hechos para hacer posible un debate de largo plazo.

 

Para ello debe contener un análisis desde el punto de vista territorial, contar las perspectivas de las regiones. Pero también debe tener un análisis humano de las secuelas: recoger y revelar el dolor, el cual es, en definitiva, la experiencia humana de la violencia. Adicionalmente, debe ser un documento que cumpla con la expectativa de incluir aspectos que no se han conocido antes y explorar patrones de violencias que no fueron investigados lo suficiente. Igualmente, debe explorar responsabilidades que no siendo penales son importantes: tiene que contener una reflexión moral y, a la vez, política, concernida con nuestra construcción de la vida en común.

 

 

Á. J.: Según su criterio, ¿cuál es el modelo de comisión que más puede garantizar los derechos de las víctimas?

 

E. G. C.: Eso depende del contexto y del tipo de transición que se tiene. Si se parte de países en los cuales ha habido regímenes autoritarios, dictaduras en las que el sistema de justicia era completamente incapaz de actuar, francamente no tendría sentido tener una comisión sin función de apoyo a la justicia

 

Ahora bien, en Colombia, en cambio, no se ha interrumpido ni el Estado de derecho ni la función judicial. La justicia no se ha detenido y, de hecho, ha tenido mártires caídos en el ejercicio de su función como, por ejemplo, en las masacres del Palacio de Justicia y de La Rochela. Teniendo en cuenta estas condiciones, es comprensible que una comisión como la colombiana no se sitúe en la práctica más tradicional de la justicia transicional y esté separada de la JEP.

 

 

Á. J.: Según el acuerdo final, la duración de la CV sería de tres años, ¿considera que este es un tiempo suficiente para reconstruir la verdad histórica de un conflicto de más de 50 años?

 

E. G. C.: No y sí. No, porque ninguna comisión tiene el tiempo suficiente para llevar a cabo una investigación de esa magnitud, pero sí porque, en última instancia, una comisión no es una torre de marfil en donde uno tiene el lujo de trabajar por años y años. Una entidad como esta también tiene la responsabilidad de dar respuesta a la transición misma. Comprendo que no es posible, humanamente, escribir en tres años la historia completa de un conflicto de 50 años, pero a la vez sé que es muy favorable que, estando todavía fresco el proceso de paz, la comisión dé a conocer sus hallazgos y facilite una discusión que fortalezca ese proceso. Es mejor que esperar a que sea publicado un “libro perfecto,” que saldría cuando ya pasó la oportunidad histórica y el tema ya no sea de interés para la mayoría de personas.

 

 

Á. J.: ¿Qué estrategias hay que tener para que los resultados de la CV no se queden meramente en documentos oficiales que no estén al alcance del ciudadano?

 

E. G. C.: Hace 20 años, cuando se estaba negociando la Comisión de la Verdad de Sudáfrica y la Comisión Guatemalteca, no habían redes sociales, las computadoras empleaban disquetes, las personas se comunicaban por radio y no existían los teléfonos inteligentes; en la actualidad, la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil ha trasmitido vía streaming sus audiencias públicas, la Comisión de la Verdad de Canadá ha tomado testimonios vía Skype, entonces, ¿se puede imaginar la enorme capacidad tecnológica que existe ahora para reconstruir la verdad y, de esta forma, lograr la participación social? Es enorme.

 

 

Á. J.: Si la JEP no logra cumplir con los cometidos de justicia, ¿la CV puede servir de insumo para la actuación de instancias internacionales?

 

E. G. C.: Es cierto que la JEP es una solución novedosa y que será una institución difícil de gerenciar, que incluso si logra su cometido de enfocarse en las principales responsabilidades habrá todavía mucho descontento y la tentación de ir a instancias internacionales.

 

Pero, creería que esa es una pregunta académica, porque la justicia internacional actúa cuando queda claro que la justicia nacional no lo está haciendo. En un sentido práctico considero que sería algo poco probable,  debido a que los países van a brindarle primero una oportunidad a Colombia de que haga funcionar su sistema y porque la función más importante de la comisión siempre va a ser la de brindar legitimidad moral al proceso de justicia transicional.

 

 

Á. J.: Finalmente, y utilizando una metáfora de algunos de sus ensayos, ¿puede la Comisión de la Verdad convertirse en la ´cenicienta´ de la JEP?

 

E. G. C.: Empleaba esa metáfora de una manera irónica porque todos conocemos cómo termina el cuento de la Cenicienta. Si se realiza un análisis de cobertura periodística del sistema integral, la atención hacia la JEP ha sido predominante, así como a la tensión entre la justicia retributiva y restaurativa. En esa situación, es posible que la poca atención a la Comisión de la Verdad la haga ver como especie de “Cenicienta”, más aún si no tiene una función judicial que tanto interés genera en la mayoría de las personas. 

 

Pero la verdad tiene una gran riqueza que se encuentra escondida, y empezará a cobrar vida cuando las expectativas de las víctimas comiencen a manifestarse. Ellas no van a quedar satisfechas meramente con un proceso jurídico, complejo y difícil de comunicar, sino, también por los gestos, los hechos simbólicos, los diálogos. En ese momento, las miradas se volcarán a la comisión y, de esta forma, se descubrirán ciertas virtudes que nadie había visto y que están relacionadas con la legitimidad ética que necesita la paz.