“La Defensoría del Pueblo debe ser la institución que promueva y facilite el diálogo social”

El pasado 1º de septiembre, Carlos Camargo Assis comenzó su periodo como Defensor del Pueblo, luego de que la Cámara de Representante lo eligiera por amplia mayoría.

 

Además de haber ejercido como magistrado del Consejo Nacional Electoral, este abogado cereteano se desempeñó, hasta el día anterior a su posesión, como Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), cargo que le permitió conocer a fondo la situación de las regiones colombianas.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, Camargo expuso las estrategias que empleará desde la Defensoría del Pueblo para hacerles frente a las diferentes problemáticas que se viven en el país e identificó los retos que tiene que asumir en la institución, tras la crisis causada por el coronavirus (covid-19), entre otros temas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Con base en el conocimiento adquirido durante su cargo en la FND, ¿qué se debe hacer para lograr una asistencia efectiva a la población vulnerable del país en la pospandemia?

 

Carlos Camargo Assis: Como lo dije antes de ser elegido en este cargo, esta será una Defensoría desde las regiones y para las regiones. Nos enfocaremos en ayudar a la gente de nuestros territorios, contribuyendo a garantizar la protección de los derechos humanos, desde cada región del país y no desde una oficina en Bogotá. La pandemia ha afectado, fundamentalmente, los derechos de las poblaciones más vulnerables y nuestra labor es, desde la Defensoría, velar porque esta situación no se profundice y buscar contrarrestarla drásticamente, sin importar lo remoto del territorio, de la etnia o de la comunidad.

 

Á. J.: Entonces, ¿cuál es el desafío de la Defensoría? 

 

C. C. A.: El desafío está en buscar esquemas adecuados para no afectar los presupuestos que financian los programas territoriales con los que se protegen a estas poblaciones. Los derechos, en últimas, se garantizan con políticas públicas, que se traducen en programas financiados a través de los presupuestos departamentales y municipales, los cuales permiten que las cosas sucedan en la práctica. La protección no se hace con discursos, sino con acciones gubernamentales concretas. Por eso vamos a trabajar para que esos programas no se debiliten o desaparezcan, porque desprotegeríamos a muchas personas vulnerables que dependen de eso para garantizar sus derechos.

 

Á. J.: La pospandemia traerá, sin dudas, reclamos sociales al Estado. ¿Qué papel ejercerá la Defensoría del Pueblo frente a estos?

 

C. C. A.: La Defensoría del Pueblo debe ser la institución que promueva y facilite el diálogo social, no solo para alcanzar el consenso, sino también la construcción de escenarios para que la ciudadanía se pueda expresar de manera pacífica y tranquila.

Desde allí se garantizará que estas legítimas expresiones sociales fluyan en forma pacífica, evitando estallidos de violencia que vulneren los derechos de los demás, salvaguardando siempre los derechos fundamentales a la libre expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pública y pacífica, consagrados en la Constitución Política, los cuales garantizaremos con toda nuestra institucionalidad.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los principales retos de la Defensoría una vez finalizado el aislamiento? 

 

C. C. A.: Necesitamos acompañar a los sectores poblacionales que aumentaron su vulnerabilidad con la crisis económica. Hemos retrocedido en muchos índices y eso afecta a gente concreta, con nombre y apellido. No son simples cifras, son personas y vamos a estar a su lado, buscando caminos de bienestar y tranquilidad para ellas y sus familias.

 

Á. J.: El aislamiento generado para evitar la propagación del coronavirus (covid-19) impactó en el aumento de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. ¿Qué estrategias serán implementadas para enfrentar esas problemáticas durante el ejercicio de su cargo? 

 

C. C. A.: Una de nuestras prioridades será la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Vamos a hacerle seguimiento a la aplicación de la ley, con el objeto de que se cumpla la finalidad disuasiva que se espera de ella; a fortalecer los programas de prevención y protección contra el maltrato infantil; a priorizar la atención a niños en situación de vulnerabilidad y a las víctimas del conflicto y a buscar garantías para que los niños, independientemente de lo alejado del territorio en el que se encuentren, tengan los mismos derechos de aquellos que viven en las ciudades.

 

También vamos a apoyar iniciativas que generen resultados. Por ejemplo, el Programa Sacúdete, estrategia adelantada por la Primera Dama y el ICBF (liderada, además, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD), está basado en una experiencia diseñada en el Reino Unido, para implementar medios tecnológicos con miras a crear un mapeo de terreno humano. Allí se produce una plataforma navegable, la cual posibilita diseñar políticas, programas e intervenciones muy rápidas y puntuales en respuesta a la violencia intrafamiliar y al maltrato infantil.

 

Á. J.:  Entre los retos a los que se enfrenta como Defensor del Pueblo está el del hacinamiento en las cárceles y en las unidades de reacción inmediata. ¿Cómo hacerles frente exitosamente? 

 

C. C. A.: Hay que evaluar opciones y estudiar experiencias exitosas. Ahora que somos miembros de la Ocde, vale la pena analizar el caso de Nueva Zelanda, uno de los países con mayor puntaje en el Índice de Desarrollo Humano que elabora PNUD, en donde implementaron un modelo de privatización de cárceles. Bajo ese esquema, quien administra el establecimiento penitenciario no es remunerado por el simple alojamiento del preso, como en la experiencia norteamericana, sino por los índices de resocialización que el concesionario logra con quienes salen de la cárcel y regresan a la sociedad.

 

En un modelo como estos se estimulan incentivos positivos, como la resocialización, lo cual redunda en beneficio de todos. Las soluciones tradicionales no están funcionando, por lo que llegó el momento de pensar en cosas distintas.

 

Á. J.: ¿Qué acciones emprenderá la Defensoría en materia de protección de líderes sociales?

 

C. C. A.: En esta materia es fundamental la información de los mapas de riesgo, el cruce de información y la articulación efectiva con las autoridades operativas y cuerpos de seguridad. Es un proceso de afinamiento institucional que tenemos que liderar y armonizar en forma efectiva, porque cualquier falla se paga con vidas humanas.

 

Esta estrategia compromete a toda la institucionalidad. La fórmula es información, articulación y acción. En esto es muy importante la confianza recíproca entre todos. Vamos a construir y a profundizar la confianza, porque es el fundamento de todo el sistema.

 

Á. J.: A su juicio, ¿qué tipo de mecanismos deben implementarse para lograr la efectividad del Sistema de Alertas Tempranas de prevención de muertes violentas? 

 

C. C. A.: Necesitamos evaluar serenamente qué está pasando, porque la evidencia pública demuestra que, en algunos casos, no están cumpliendo el propósito que se busca con ellas.

 

Creo que hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten afinar el sistema. Lo primero es mejorar la capacidad de respuesta institucional, a fin de permitir un contacto directo con los ciudadanos, que aporte a la solución y a la prevención. Por eso es fundamental estar y conocer los territorios. En tal sentido, iniciaremos con el desarrollo de una serie de estrategias y planes que permitan mejorar la prevención, la protección, la atención, el fortalecimiento comunitario y organizativo, todas enmarcadas en la comunicación y acción de la comunidad y de las personas que se encuentren en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos.

 

Por otro lado, y para afinar el sistema, avanzaremos con un empréstito encaminado al fortalecimiento institucional de la Defensoría, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual debería sumarse a los demás aportes institucionales e internacionales, para implementar una verdadera revolución tecnológica en el Sistema de Alertas Tempranas.

 

Necesitamos un sistema más ágil, un sistema con tecnología de punta, que trascienda los documentos generales y repetitivos para incorporar datos en forma masiva. Un sistema que se valga del uso de la inteligencia artificial y del aprendizaje de máquinas, para que sea posible combinar (preservando el anonimato, la privacidad y la protección) la sabiduría, la experiencia y la intuición de los defensores y los relatores de derechos humanos, así como de los líderes sociales en todo el territorio, con el fin de construir una matriz de inteligencia colectiva, en tiempo real.

 

Á. J.: La ciudadanía también reclama a los miembros de la fuerza pública respeto por los derechos humanos. ¿Cree que hace falta robustecer la educación en esta área a esos servidores?

 

C. C. A.: La institucionalidad ha avanzado mucho en esta materia, pero todavía falta mucho por hacer y concientizar. La voluntad política e institucional existe. Ahora necesitamos que esa voluntad se siga traduciendo en más pedagogía, más prevención, más acompañamiento y más control.

 

Á. J.: ¿Qué opina del actual sistema de elección de la defensoría pública? ¿Cree necesaria alguna reforma? 

 

C. C. A.: Es el sistema establecido en la Constitución Nacional y no es de mi competencia hacer propuestas para recomendar nuevos sistemas. Eso es competencia del Congreso de la República y respeto esa competencia.

 

Á. J.: Los defensores públicos, en múltiples ocasiones, han reclamado una mejora en sus condiciones laborales. Incluso, hablan de ser víctimas de explotación laboral. ¿Qué decirles a quienes hacen parte de ese sector? 

 

C. C. A.: Una de las materias que quiero impulsar y fortalecer durante mi gestión es la defensoría pública. Vamos a iniciar un diálogo con ellos, que se traduzca en un mejor servicio para los defendidos y mejores condiciones para los defensores.