En Sudáfrica, muchos agentes estatales que cometieron crímenes participaron en las elecciones: Goldstone

 

Juan Camilo Rivadeneira

Redactor Ámbito Jurídico

juan.rivadeneira@legis.com.co

Traductor: Erick Forero

 

A propósito del respaldo de la Corte Constitucional a la jurisdicción especial para la paz (JEP), así como la aprobación en el Senado, en penúltimo debate, de la ley estatutaria que la reglamenta, ÁMBITO JURÍDICO publica una entrevista hecha a Richard Joseph Goldstone, una de las figuras más relevantes en Derecho Penal Internacional, para conocer sus impresiones sobre la que ha sido llamada la “columna vertebral del Acuerdo de Paz”, la jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

Este importante tratadista, que visitó el país gracias a la invitación del Banco de la República, en el marco de su proyecto La paz se toma la palabra, compartió sus experiencias en la resolución de conflictos de Sudáfrica, los Balcanes y Ruanda.

 

ÁMBITO JURÍDICO (Á. J.): ¿Cuáles son las principales enseñanzas en materia de justicia transicional que dejaron las experiencias de Sudáfrica, los Balcanes y Ruanda?

 

Richard Goldstone (R. G.): La lección más importante es tener en cuenta, principalmente, los intereses de las personas que fueron víctimas de crímenes de guerra. En mi experiencia, con demasiada frecuencia los políticos olvidan a las víctimas y les interesa el poder más que la justicia y esa situación puede destruir un proceso de paz. Ciertamente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (CVR) llevó a la atención pública el punto de vista de las víctimas, especialmente obligaron a la minoría blanca a enfrentar la realidad de los crímenes que se estaban cometiendo a favor de ellos por parte del gobierno del apartheid. Lo anterior ayudó materialmente a la reconciliación y a convencer a la población blanca acerca de los pasos y las medidas que debían tomarse para remediar la situación.

 

De otra parte, considero que fueron diferentes estas experiencias cuando se habla de Ruanda y los Balcanes, pues en estos lugares el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue quien impuso la justicia. En el caso de los Balcanes fue bienvenida por las víctimas y rechazada por los criminales, eso lo hizo muy difícil. Es por esto que el trabajo de Tribunal Internacional de Yugoslavia no tuvo una influencia suficiente; en el caso de Ruanda, el gobierno inicialmente rechazó el tribunal internacional, pero rápidamente trabajaron de manera conjunta y con ello las personas de Ruanda se beneficiaron de ese trabajo.

 

Á. J.: ¿Cuéntenos las principales dificultades que enfrenta un juez en un sistema de justicia transicional? En Colombia se dice que los seleccionados están altamente ideologizados.

 

R. G.: El sistema de justicia transicional en Sudáfrica, donde los oprimidos eran la mayoría y no la minoría, se encontraba retirado de los jueces. Fue una institución independiente que se estableció por el parlamento elegido democráticamente y en la que los funcionarios judiciales podían intervenir si había una ilegalidad.

 

Un ejemplo de ello: al comienzo, la CVR denunció públicamente una serie de hechos y algunos de los culpables fueron nombrados. Fue así que dos oficiales de policía llegaron ante las cortes ordinarias de justicia y dijeron que les pareció injusto este hecho y argumentaron que se les debió decir antes cuáles eran aquellas acusaciones y darles una oportunidad primero para estudiarlas. De esta manera, les fue aceptada la petición y obligaron a este organismo que antes de que se comunique una prueba en la que se acuse a alguien de estar implicado en una conducta criminal tiene que ser notificado el afectado y tener la oportunidad de controvertirlas. Esto quiere decir que los judiciales mantenían una misión de supervisión.  

       

Á. J.: ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que existan demoras en la implementación normativa de los acuerdos pactados, especialmente en el tema de justicia? 

 

R. G.: Es una pregunta crucial. Considero que el tiempo es esencial y mientras más dure dicho proceso menos posibilidad tendrá de ser implementado con éxito. La gente tiene el afán de obtener la justicia y, en el caso de Colombia, las personas han hecho importantes concesiones parar llegar a un acuerdo y si no se implementa normativamente, las partes, de ambos lados, pueden retirarse.

 

En síntesis, las demoras son muy peligrosas, lo vi en Sri Lanka, visité este país cuando hubo un cese al fuego en la guerra. Los rebeldes acordaron parar las hostilidades por seis meses y no hubo proceso de paz, luego prorrogaron este mismo término y tampoco lograron llegar a un acuerdo, entonces le dije: si ustedes no llegan a un proceso de paz van a tener guerra de nuevo, desgraciadamente así sucedió. Al final hubo paz, pero al costo de miles de vidas. 

 

Á. J.: De acuerdo con su conocimiento del caso colombiano, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentaría la JEP?

 

R. G.: El principal desafío es la confianza del pueblo, tiene que haber la confianza de que la jurisdicción especial para la paz es independiente y que los procesos sometidos a su competencia van a ser respetados, esa es la parte crucial.

 

Á. J.: En la JEP, el papel de la Comisión de la Verdad no tendrá ningún vínculo judicial, ¿se deslegitima este trabajo de memoria y la participación de las víctimas?

 

R. G.: No lo creo. El caso de Sudáfrica es un caso particular y es el único sistema que conozco, hasta el momento, donde las amnistías se llevaron en conjunto con la CVR, lo cual, incluso, abarcaba los crímenes más graves; por lo tanto, siempre y cuando la mayoría de los ciudadanos tenga confianza en este mecanismo no creo que importe si hace parte o no del sistema judicial.

 

Á. J.: En relación con los mecanismos alternativos en la resolución de conflictos armados, ¿qué lecciones han dejado los actos públicos de perdón entre víctimas y victimarios?

 

R. G.: La principal lección que he aprendido en mis años de experiencia ha sido que las víctimas aspiran al reconocimiento público de lo que les sucedió; una víctima sobreviviente no necesita un juicio en el cual se le diga qué le pasó, eso ya lo sabe, lo que quiere es que la sociedad reconozca lo que le sucedió. En efecto, si la CVR puede ofrecer una plataforma en la que exista dicho reconocimiento eso puede llegar muy lejos para traer justicia en el contexto colombiano. No sería una justicia perfecta, en tanto es una concesión, como sostuve antes, una concesión moral y política, la cual necesita confianza y una aceptación general.

 

Á. J.: ¿Cuáles son las dificultades que podría afrontar la JEP para investigar las conductas cometidas por agentes del Estado?

 

R. G.: Debe reconocerse que a los criminales, ya sean del Estado o de la guerrilla, no les gusta estar expuestos y quieren ocultar los hechos. El trabajo crítico de cualquier sistema transicional es excavar detrás de los hechos ocultos y, por esta razón, la CVR de Sudáfrica tenía una investigación muy organizada y con buenos recursos, puesto que se creó una base de datos acerca de todos los crímenes que se estaban cometiendo, y cuando una víctima llegaba a obtener o a aportar una evidencia de su caso esta era contrastada y probada con la base de datos que se tenía.

 

Á. J.: ¿Y qué tan importante es el acceso a archivos oficiales?

 

R. G.: Totalmente crucial, y es difícil, en Sudáfrica había evidencia que en los últimos meses de apartheid la policía estaba utilizando prisioneros para trabajar las 24 horas del día a fin de destruir documentos oficiales. Por experiencia propia y la de muchos investigadores, siempre hay documentos que quedan por ahí, no arriba, sino en el siguiente cajón; en estas situaciones las personas de altos cargos dan las órdenes para que se destruya la evidencia con la que los pueden culpar, pero aquellos que reciben las órdenes la mantienen, en algunos casos, y se protegen a sí mismos.     

 

Á. J.: ¿La condición social o económica de las víctimas puede determinar su disposición para perdonar o rechazar cualquier sistema de justicia transicional?

 

R. G.: Las personas de los más altos niveles de la sociedad tienen más que perder al estar expuestos, tienen una imagen y una reputación pública que quieren proteger; de otra parte, aquellas que tiene un menor estatus social tienen menos que perder, pero eso no debería ser una diferencia desde el punto de vista moral del Estado social de Derecho.

 

Á. J.: ¿Podría dar algunas recomendaciones para que sean investigados en debida forma los delitos graves y reducir el riesgo de que la CPI asuma competencia para investigar estas conductas?

 

R. G.: Lo que puedo recomendar es que se debe exponer públicamente la mayor cantidad de verdad posible, es vital e importante ese reconocimiento; adicionalmente, tendrá que tomar una decisión la CPI sobre si las investigaciones y los procesos en Colombia fueron genuinos y que no se hayan hecho para evitar a esta corte internacional, pero supongo que los colombianos quieren hacer las cosas por sí mismos.

 

Por eso considero que cualquier fiscal internacional debe hacer lo que sea para evitar más guerra y apoyar la paz. Entonces, si hay una verdadera intención de investigar y sentenciar estos delitos ellos debe significar un paso importante para convencer a la CPI de que el país es capaz de manejar autónomamente su propia justicia transicional.

 

Á. J.: ¿Cuál es la medida exacta de justicia, cuando un número importante de la población pide castigo para todos los guerrilleros, mientras otro reconoce que se deben priorizar casos?

 

R. G.: No hay una solución perfecta. En Ruanda debió existir, por lo menos, medio millón de homicidios y ningún sistema penal puede manejar esta cantidad de delitos. Ello significa que debe haber una concesión que responda a un compromiso genuino y debe ser aceptada por la mayoría de las personas; en caso de que no se encuentra una voluntad política, sencillamente no funciona.

 

Á. J.: ¿Cómo resolver las críticas a la posibilidad de que los guerrilleros puedan ejercer sus derechos políticos sin siquiera haber sido juzgados por la JEP?

 

R. G.: Como abogado que aprecia el proceso democrático, todos tienen derecho a la presunción de inocencia y hasta que alguien sea sentenciado deben tener derecho a todos los derechos que tienen como ciudadanos, es parte del compromiso, de la concesión mencionada. En efecto, en Sudáfrica hubo muchos agentes del Estado que cometieron crímenes y pudieron participar y votar en las elecciones. Las personas no deben anticipar la culpa de la gente en ambas partes.

 

Á. J.: Finalmente, la investigadora Ruti G. Teitel ha sostenido que el sistema de justicia transicional colombiano pasa todos los estándares internacionales, conclúyanos sus impresiones…

 

R. G.: Cualquier persona que respete la vida humana y quiera la paz solamente puede aplaudir al Gobierno actual y a los colombianos que están listos para hacer concesiones para finalizar la guerra, la cual ha traído, lamentablemente, cientos de miles de personas muertas y desplazadas. Entonces, se debe hacer todo lo razonable para traer esta paz a Colombia, para el beneficio de la generación actual y las futuras generaciones.