Carlos Eduardo Valdés: “Medicina Legal tuvo gran receptividad en La Habana”

 

Por: Manolo Villota Benítez

 

Método, disciplina y mucha iniciativa resumen las principales características de Carlos Eduardo Valdés, director de una de las instituciones más importantes para la justicia colombiana. El Instituto de Medicina Legal, en 101 años de existencia, ha contribuido, a través de su metodología científica, al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad en algunos de los momentos más importantes de la historia de Colombia, como la toma y retoma del Palacio de Justicia.

 

Actualmente, la entidad se prepara para asumir nuevos retos, de cara a aspectos tan cruciales como el apoyo a las negociaciones de La Habana en el tema de desaparecidos o la visibilización de fenómenos como el feminicidio. ÁMBITO JURÍDICO habló con la cabeza de este organismo.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Con su visita a la mesa de negociación en La Habana, ¿qué papel desempeñará Medicina Legal en el posconflicto colombiano?

 

Carlos Valdés: En este momento, los diálogos de La Habana están poniendo sobre la mesa un tema que ha sufrido Colombia en toda su historia: los desaparecidos y los cadáveres no identificados resultado de la violencia. Ambos son un reflejo del otro, pues, probablemente, de no existir la desaparición, no habría cadáveres sin identificar. El asunto que se puso sobre la mesa está radicado en el acuerdo 62 del pasado 18 de octubre. En este se pide al Instituto dos tipos de acciones: la primera es que antes de que se firme el proceso de paz, se generen estrategias que creen confianza en la mesa de negociación y hacia la ciudadanía. Y el segundo: que una vez firmados los acuerdos, se ejecuten esas estrategias y se forme la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que dependería del tribunal especial que se creará para el posconflicto. 

 

Á. J.: ¿En qué consisten estas estrategias para asumir la búsqueda de desaparecidos?

 

C. V.: Aunque estas estrategias ya las veníamos trabajando desde antes, en el marco de los acuerdos les otorgamos unas características especiales para fortalecerlas. En ese entendido, se plantea que todos los cuerpos que se han recuperado en diferentes fosas y cementerios derivados de Ley de Justicia y Paz y en el marco del conflicto lleguen a la Institución.

 

En los últimos 15 años, la Fiscalía ha dado cuenta de 7.000 fosas comunes con igual número de cuerpos, de los cuales se han analizado más del 45 %. La idea es que, además, los cuerpos que reposen en entidades como la Dijin y el CTI confluyan en Medicina Legal, para ser analizados y preservados para estudios de identificación con el paso del tiempo. Complementario a esto, alimentaremos una base de datos inteligente que nos permitirá cruzar los resultados de los análisis con los datos específicos de los desaparecidos y, adicional, un banco de perfiles genéticos en el que familiares depositarán una muestra. Eso permitirá saber con certeza a quién pertenecen los restos.

 

Á. J.: ¿Qué otras estrategias seguirán?

 

C. V.: La segunda estrategia tiene que ver con los cementerios por intervenir. Aunque habíamos iniciado la exhumación de cuerpos víctimas del conflicto en La Macarena y en Vista Hermosa (Meta), el Ministerio del Interior realizó un censo de cementerios, que nos brindó la ubicación de otros sitios en el que había cuerpos enterrados en zonas de conflicto. Fuimos con estos datos a La Habana para proponer la búsqueda y exhumación, y la respuesta fue positiva. Entre las áreas descubiertas, se destacan el municipio de La Plata (Huila) y Yamural (Antioquia).

 

La tercera estrategia se centra en la participación de la Cruz Roja Internacional en el manejo de información de coordenadas de fosas comunes o cementerios. Esto con la intención de que las Farc sepan que quien va a estar al frente de estos procesos es una organización internacional, independiente y objetiva. Ellos gozarán de total autonomía en el manejo de la información y la recuperación de los cuerpos, pero, de requerir ayuda de los diferentes organismos del Estado, como Dijin o el Instituto, se les brindará de igual forma.

 

Á. J.: ¿Cómo fue la receptividad de la guerrilla ante la llegada y las propuestas de Medicina Legal?

 

C. V.: Hubo una gran receptividad en la mesa hacia el Instituto. Hice saber en La Habana y a la sociedad que, principalmente, mi compromiso y el de los 2008 funcionarios que conforman el Instituto es con el país; cada uno tiene una voluntad férrea y haremos todos los esfuerzos para identificar a esas personas. Tenemos la capacidad científica y el talento humano reflejado en médicos forenses, antropólogos, odontólogos, patólogos, genetistas, entre otros, que gracias al volumen de casos que reciben en el día a día han adquirido una experiencia muy grande.

 

Á. J.: ¿Qué necesita el Instituto para asumir este reto?

 

C. V: El Gobierno tiene que comprometerse con el Instituto. Necesitamos fortalecer  nuestro talento humano ampliando personal, también capacidad tecnológica y logística; además, vamos a necesitar una gran cantidad de insumos, porque tendremos que quintuplicar el trabajo de los laboratorios. El gran reto de Medicina Legal para el futuro es impactar más a la sociedad. Necesitaremos aumento de presupuesto, porque vamos a requerir apoyo para el posconflicto.

 

A. J.: Medicina Legal ha contribuido de gran manera en la búsqueda de la verdad referente a los desaparecidos por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. ¿Cuál es su balance de este proceso?

 

C. V.: El Instituto ha reconocido que hace 30 años no contábamos con los procedimientos, las especialidades forenses y el desarrollo tecnológico tan amplio en el campo. Debido a esto, en ese entonces, se cometieron errores, principalmente, en los procedimientos de identificación y entrega de los cuerpos. Hoy, hemos revisado los estudios sobre las exhumaciones del cementerio del sur y se entregaron los cuerpos a familiares que resultaron equivocados.

 

También pudimos obtener los perfiles genéticos, gracias a los avances científicos, y plenas identidades de los cuerpos, lo que nos permitió solucionar los errores de hace 30 años. El Palacio de Justicia es el mejor ejemplo de que la verdad se guarda, si los huesos prevalecen. Tres décadas después, seguimos haciendo grandes esfuerzos para identificar los cuerpos, aunque no podemos decir que los identificaremos todos, porque no hay que crear falsas esperanzas.

 

Á. J.: ¿Cuál ha sido el principal reto no científico en el tema del Palacio de Justicia?

 

C. V.: Debo decir que es un reto humano tener que hablar con los familiares de las víctimas cuyos casos conocimos hace 30 años. Tener que darles explicaciones sobre sus seres queridos es difícil. Hay que considerar el aspecto humanitario: estas personas han sido objeto de maltrato por tres décadas, traducido en conjeturas, en conclusiones a priori y sin fundamento, en las que dejamos al libre albedrío los hechos que sucedieron. Es duro enfrentar a los familiares y decirles qué hicimos mal y cómo lo estamos corrigiendo. Pero no vamos a ocultar errores, hablamos con la verdad. 

 

Á. J.: Durante todos estos años de existencia de la institución, y basado en su experiencia, ¿qué otros tipos de violencia afectan con más fuerza a los colombiano aparte del conflicto armado?

 

C. V.: Hay muchos tipos de violencia que afectan a la población, como el narcotráfico, las bandas criminales o el secuestro. Sin embargo, la violencia intrafamiliar tiene índices bastante elevados: el 40 % de las muertes producto de un acto violento son originadas dentro de los hogares. Desde niños, las personas de este país han vivido en guerra, lo que, a largo plazo, ha afectado su educación y familia. 

 

Á. J.: En el tema de la violencia aparece la figura del feminicidio ¿Medicina Legal cómo ha actuado frente a este flagelo?

 

C. V.: El feminicidio es una situación que estamos poniendo en escena hace un poco más de 10 años. Es mostrar un fenómeno que era invisible. Antes se manejaba como un homicidio agravado y nunca se estudiaban las causas referentes a la condición de ser mujer. Hoy, buscamos visibilizar, haciendo distintos estudios que buscan darle un estatus propio que lo separe de la agresión intrafamiliar, la violencia de pareja y de calle. Para esto, nos  hemos valido de estadísticas para demostrar la grave situación a la que está sometida la mujer, tales como desconocimiento de sus derechos, alta impunidad, maltrato desde niñas hasta ancianas. Ha habido una falta de política estatal durante muchos años frente al tema. Actualmente, damos parámetros científicos a la Fiscalía, para que tenga elementos de juicio, con el fin de realizar la adecuación de la conducta.

 

Á. J.: ¿Qué pasos hay que seguir para solucionar este problema?

 

C. V.: La educación es el mejor camino en todos los niveles de la sociedad. Dentro de los procesos judiciales, educar al juez, al fiscal, al perito, al abogado y, en la vida civil, educar a los niños. Ojalá llegara un día en el que sea el niño el que regañe al adulto cuando vea a este infringir violencia.