Pedro Alonso Sanabria: “El Consejo Superior de la Judicatura debe reformarse mediante proyectos de ley que lo fortalezcan”

El año pasado, con el fracaso del proyecto de acto legislativo que pretendía reformar la justicia, el Consejo Superior de la Judicatura pudo mantenerse en pie, como el alto tribunal encargado de sancionar disciplinariamente a los abogados y a los funcionarios de la Rama Judicial y de gestionar y administrar los recursos de esta última.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el presidente de la corporación, Pedro Alonso Sanabria, habló sobre la reforma que necesita la Rama y se refirió al proyecto de ley que pretende fortalecer los medios tecnológicos y fomentar las publicaciones de la administración de justicia.

 

Sanabria también conversó sobre sus perspectivas en el cargo, el denominado “carrusel de las pensiones” que involucró a la corporación, los resultados de los planes de descongestión y la nivelación salarial de los empleados judiciales.

 

ÁMBITO JURÍDICO: El Consejo ha tenido que afrontar temas polémicos que han afectado su imagen ante la opinión pública. ¿Qué planes tiene para darle un nuevo aire a la entidad?

 

Pedro Alonso Sanabria: En el año inmediatamente anterior, los organismos encargados de la medición de imagen demostraron que este fue un problema padecido por muchas entidades estatales y no solo por el Consejo Superior. De hecho, las salas Administrativa y Disciplinaria han ejercido un papel muy importante en la administración de los recursos de la Rama y en la investigación y sanción de abogados y funcionarios. Así, han demostrado que este alto tribunal es vital para la estructura de la administración de justicia en Colombia, aunque ha presentado falencias. De esa forma, pretendo mejorar la imagen institucional bajo tres pilares fundamentales: primero, fortalecer la relación con las demás altas cortes, en tanto el llamado “choque de trenes”, que creó bastantes inconvenientes en el pasado, ya está superado, por lo cual se busca que el vínculo sea cada día más cohesionado. Segundo, lograr una comunicación mucho más fuerte con la opinión pública respecto a las funciones de la corporación, teniendo en cuenta que este aspecto ya ha sido planteando en la Comisión Interinstitucional. Tercero, presentar proyectos de ley que le otorguen una mayor presencia en cuanto a la consecución de recursos y el ejercicio de algunas competencias que le permitan ser mucho más dinámico y ágil.

 

Á. J.: Uno de esos temas polémicos fue el llamado “carrusel de las pensiones”. ¿Cree que esto le puede generar inconvenientes para llevar a cabo esos planes?

 

P. A. S.: El mal llamado “carrusel de las pensiones” se origina en una confrontación de tipo legal entre la Constitución de 1886 y la de 1991, pues su filosofía obedece a principios distintos. Antes de la promulgación de esta última, se expidió una serie de normas que permitían a los funcionarios pensionarse según lo devengado en los últimos meses, e incluso, la Ley 4ª de 1992 dispuso que los congresistas y magistrados obtendrían este derecho de acuerdo con el ingreso promedio del último año. De todas formas, este no es un problema institucional del Consejo, a pesar de que existen unos casos particulares con fundamento legal; por ende, las autoridades competentes deberán analizar la legitimación de esas prestaciones, y una vez se profiera el fallo, se fortalecerá la imagen ante la opinión pública.

 

Á. J.: Recientemente, el Consejo presentó un proyecto de ley sobre la administración de los recursos de la Rama Judicial. ¿Cuál es el fin de esta propuesta?

 

P. A. S.: Básicamente, pretende crear un fondo especial a efectos de obtener algunos dineros que se destinarían al fortalecimiento de la tecnología y las publicaciones de la Rama Judicial, para lo cual, una parte de la suma recaudada con la expedición de la tarjeta profesional de los abogados se asignaría a él. Así mismo, los recursos provenientes de depósitos judiciales, después de 12 años de constituidos, podrían conformar dicho fondo, con el fin de facilitar la difusión de las investigaciones jurídicas, ya que la Rama produce obras valiosas que no siempre logran ser útiles, pues no cuenta con los elementos indispensables para que ellas lleguen a su destinatario final.

 

Á. J.: ¿Es necesario que la Rama tenga autonomía presupuestal?

 

P. A. S.: El Consejo Superior es una muestra fehaciente de autonomía, pues ahora la Sala Administrativa administra los recursos físicos y humanos de la Rama Judicial, mientras que bajo la Carta Política anterior existía el Fondo Rotatorio dependiente del Ministerio de Justicia y, así, el Gobierno asignaba los recursos para el funcionamiento de la Rama Judicial. Si bien el ideal sería que hubiera plena autonomía, esta solo se logra en la medida que de los recursos corrientes de la Nación se destine un porcentaje fijo creciente año a año a la administración de justicia, para que no esté supeditada a la coyuntura del Ejecutivo.

 

Á. J.: ¿Cómo avanza la implementación del Código General del Proceso y del nuevo Código de Procedimiento Administrativo?

 

P. A. S.: La Sala Administrativa se encuentra realizando juiciosamente los trámites necesarios para implementar la tecnología y las salas de audiencia. Además, está adelantando la preparación cultural de los funcionarios y usuarios, con el objeto de evitar que los nuevos escenarios generen traumatismos.

 

Á. J.: ¿La administración de justicia está lista para implementar la oralidad en todos los procesos?

 

P. A. S.: Pasar de un sistema escrito a uno oral implica un cambio y una adaptación; por ello, se están creando los escenarios para la implementación de tipo físico y de normas jurídicas. Este es un proceso cultural en el que se ha venido trabajando y que va a tener un feliz término, pero no va a ocurrir de la noche a la mañana.

 

Á. J.: ¿Cuáles han sido los resultados de los planes de descongestión que se han adoptado?

 

P. A. S.: Con fundamento en estadísticas sobre las metas cumplidas en cada jurisdicción, la Sala Administrativa ha adoptado medidas de descongestión, cuyos propósitos se han cumplido, pero todavía falta mucho para acabar con la congestión judicial, que atenta contra los principios de celeridad, eficiencia, eficacia y economía previstos en la Ley 270 de 1996.

 

Á. J.: El Gobierno ha anunciado su interés en modernizar la justicia, ¿ya hay planes concretos en esta materia?

 

P. A. S.: La eficiencia, la eficacia y la celeridad no son ni deben ser ajenas a modernización de la justicia. En ese sentido, el Ejecutivo aseguró que destinará dos billones de pesos en los próximos seis años a la Rama Judicial y un grueso de esto servirá para implementar un programa tecnológico. Por otra parte, el Consejo y el Gobierno deben poner en marcha el denominado “juicio en línea” en todas las jurisdicciones, que ya está funcionando en otros países, y permitirá usar internet para reducir trámites como la notificación del auto admisorio de la demanda y la práctica de pruebas, lo cual significará una justicia pronta como la requiere el ciudadano de a pie.

 

Á. J.: ¿Qué tan traumático fue para la administración de justicia el paro que realizaron los funcionarios a finales del año pasado?

 

P. A. S.: Todo paro genera traumatismos, porque el trámite de los procesos se estanca, la congestión se agrava y los derechos fundamentales quedan trastocados. Afortunadamente, los funcionarios judiciales suscribieron compromisos para recuperar el tiempo y, de esa manera, el traumatismo ha sido altamente mitigado y reducido al máximo.

 

Á. J.: ¿Cree que los decretos expedidos por el Gobierno para lograr la nivelación salarial entre los empleados de la Rama cumplen las expectativas?

 

P. A. S.: Las bases judiciales tienen aspiraciones justas y legítimas y los decretos las cumplen en gran parte. Por eso, es importante mantener el diálogo con el Gobierno, para que, poco a poco, las expectativas se cumplan en su totalidad.

 

Á. J.: ¿Se debe insistir en una reforma constitucional a la justicia?

 

P. A. S.: Los problemas coyunturales de un país no se resuelven con reformas constitucionales, ya que la Carta Política se deslegitima y desmiembra. Los problemas de la administración de justicia se solucionan con leyes ordinarias y estatutarias.

 

Á. J.: ¿Y debe reformarse el Consejo Superior de la Judicatura?

 

P. A. S.: El Consejo debe reformarse mediante proyectos de ley que lo fortalezcan. En la medida en que la Rama obtenga un porcentaje fijo creciente del total de los ingresos corrientes de la Nación, tendrá plena autonomía para solucionar sus problemas. La Sala Disciplinaria también podrá robustecerse, si se le concede el poder preferente para iniciar investigaciones. La corporación, tal como fue concebida por el constituyente de 1991, se ajusta a la realidad social colombiana y a las expectativas de la administración de justicia.