“La JEP debe modificarse, a través de un acto legislativo o de un referendo”: Iván Duque Márquez

 

Enfrentar con efectividad el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y la impunidad; asignar un presupuesto fijo para la Rama Judicial; preservar y proteger la tutela y crear una colegiatura para los abogados son algunas de las propuestas del candidato a la Presidencia por el Partido Centro Democrático, Iván Duque Márquez.

 

Este bogotano y exsenador de la República se graduó como abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Es magíster en Derecho Económico de American University (EE UU) y magíster en Gerencia de Políticas Públicas en Georgetown University (EE UU).

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué puntos concretos tendría una reforma a la justicia impulsada por su gobierno?

 

Iván Duque Márquez: La reforma que proponemos va en dos direcciones: la primera, corresponde a la configuración de la Rama Judicial; la segunda, al modo como se administra o imparte la justicia.

 

En el primer caso, es evidente que la multiplicidad de jurisdicciones genera un reto enorme en capacidad instalada, eficiencia y efectividad del sistema. Además, con la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se aumenta la presión fiscal, se crea un híbrido que sustituye a la jurisdicción ordinaria, y se genera un traslape con la complementariedad.

 

Proponemos depurar los despachos judiciales con pequeñas causas y promover una jurisdicción de múltiples causas que opere como una primera instancia expedita encargada (en las casas de justicia) de las cuantías menores, la baja peligrosidad y los demás asuntos que se puedan evacuar en dos audiencias y en un procedimiento sumario y eficiente.

 

Así mismo, planteamos una comisión que no se ocupe solo de asuntos de política criminal, sino también de cuestiones administrativas. Y en ella deben participar los ministros de Hacienda y de Justicia como integrantes, con derecho a voz, pero no a voto. Esto garantiza que discusiones como la del Proyecto del Presupuesto General de la Nación se desarrollen conforme a las necesidades de toda la Rama, y no solo de una de las jurisdicciones, ni tampoco por la capacidad de lobby o de la agenda política del momento.

 

Además, creemos que esta Rama debe atraer a los mejores talentos, mediante incentivos a los estudiantes de Derecho de las mejores escuelas y facultades, y mediante la nivelación salarial con respecto a las actuales altas cortes. No solo poniendo topes, sino congelando los aumentos por un periodo hasta que se alcance un equilibrio.

 

En virtud de que los mecanismos policivos, notariales y alternos de solución de controversias han sido de gran alivio, debemos orientarlos a aligerar la administración judicial.

 

Finalmente, para el funcionamiento de la Rama debe asignarse un porcentaje fijo del Presupuesto General de la Nación, independientemente del monto por el que este se apruebe. Así, se agota la discusión y se garantiza el normal desarrollo de sus actividades.

 

Á. J.: ¿Y frente al segundo punto?

 

I. D. M.: Con respecto a la administración de justicia, esta tiene el objetivo de que los niveles de impunidad bajen a cero. La nuestra es una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Para lograrlo, no creo que el populismo punitivo sea la herramienta, ni que la penalización indiscriminada sea la solución.

 

En materia penal, se debe garantizar que los subrogados y beneficios sean excepcionales, para delitos muy específicos, y que las penas se cumplan; ello abatirá la impunidad y depurará la congestión. También se deben eliminar las audiencias de garantías para cualquier procedimiento y ampliar los términos para ciertas autorizaciones, con lo cual se evita el desgaste del proceso penal.

Las justicias ordinaria, constitucional y contencioso administrativa conforman el trípode sobre el cual reposa nuestro Estado de derecho. Debido a que la implementación de jurisdicciones atípicas, híbridas o la revisión entre estas ha generado toda suerte de interpretaciones e inseguridad jurídica, proponemos:

 

- Sea con una o con varias altas cortes, que estas sean unificadoras de jurisprudencia e instancias excepcionales.

 

- Que el acceso a plazas en la(s) alta(s) corte(s) obligue a un tiempo mínimo de judicatura de los aspirantes, así como a cooptación y lista de elegibles, limitando la elección por parte del Congreso.

 

- Que los tribunales sean segunda instancia (especial), pero que la primera instancia tenga dos etapas (una suerte de revisión previa).

 

- Que la tutela sea excepcional en el proceso judicial y ante la misma instancia. Solamente debe controlar temas esenciales, como, por ejemplo, pruebas.

 

- Deslocalizar la justicia. En las localidades de Bogotá y en los municipios debe haber un verdadero acceso a la justicia; que no sea un periplo costoso y desalentador acudir a esta, sino que en un lugar se encuentre todo, por ejemplo, con los jueces de múltiples causas.

 

Á. J.: Explíquenos un poco su propuesta de una corte única de justicia.

 

I. D. M.: En esta discusión sobre las altas cortes, que es un debate abierto, hay que analizar un contexto en el que las tres jurisdicciones, el Ministerio de Justicia y del Derecho, las facultades de Derecho y las asociaciones y colegios de abogados puedan trabajar en un proyecto concertado sobre si le conviene a Colombia llegar a una Corte Suprema Única y de última instancia, con facultades de revisión de los casos más importantes y salas especializadas por temas. Y que ella misma determine dos instancias. Recordemos que 146 países de Naciones Unidas tienen corte única, y también la tienen los 14 países con mejor desempeño en el Índice de Imperio de la Ley.

 

Á. J.: ¿Qué hacer frente a los organismos de control?

 

I. D. M.: Es evidente que las contralorías y las personerías no pueden ser apéndices políticos ni convidados de piedra. Los recursos se pierden, las obras no se hacen, el presupuesto se desperdicia y hay una hiperinflación normativa y una hiperregulación que no se ha traducido en mayor transparencia. Frente a tales episodios, considero que se deben fortalecer el Ministerio Público nacional, a través de la Procuraduría General, así como el control fiscal nacional, por medio de la Contraloría General.

 

Hay que analizar si le conviene a Colombia llegar a una Corte Suprema Única y de última instancia, con facultades de revisión de los casos más importantes y salas especializadas por temas.

 

Á. J.: ¿Su gobierno promoverá una reforma a la tutela?

 

I. D. M.: La tutela debe permanecer. Vamos a preservarla, a protegerla. Pero no debe operar contra providencias judiciales; en igual sentido, no se puede esperar a que los sujetos procesales agoten todo el proceso y, al final, opten por ejercerla para retrotraerlo. Esta acción debe garantizar su esencia en asuntos como vulneración evidente de derechos fundamentales, la negación o la controversia de pruebas, inter alia. La reforzaremos, para que haga más de lo que le corresponde (proteger derechos vulnerados o en riesgo) y menos de lo que debe hacer el resto de la justicia (resolver aquello para lo que existen mecanismos idóneos).

 

En mi propuesta de una sola alta corte, estimo que una sala especializada se dedique solamente a este tema de revisión y unificación, o que una jurisdicción aparte sea la de tutela.

 

 

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? ¿Cómo fortalecería la gestión de esta nueva jurisdicción?

 

I. D. M.: He propuesto que la JEP debe modificarse, y para ello se puede acudir a un acto legislativo o un referendo. La discusión no es un capricho político ni una posición reticente. Es un tema de Estado de derecho, de legalidad, de no impunidad, de verdad, de justicia y de reparación efectiva.

 

Entre otras cosas, consideramos que la JEP no debe igualar a civiles con criminales de lesa humanidad. El hecho de que el Ministerio Público, como garante del debido proceso, actúe como una suerte de invitado, y no como verificador, es inaceptable.

 

Con respecto a la necesidad de una adecuada administración judicial, no se puede entender que la JEP pueda contratar como si fuera una persona jurídica de Derecho Privado, mientras que la Rama Judicial se debe someter al tortuoso camino del Estatuto General de Contratación y a un presupuesto que no alcanza.

 

El “Acuerdo” fue derrotado en las urnas con el plebiscito. Ese acuerdo, así como la JEP, no hacen parte del bloque de constitucionalidad. Lo ha dicho la Corte y lo dicta el sentido común; en tal virtud, el Gobierno no puede pretender mostrar algo como si fuera pétreo o un instrumento internacional.

 

Colombia es Estado parte de la Corte Penal Internacional. Por ende, ya existe la especialidad y la complementariedad. Es incomprensible que la justicia ordinaria sea suspendida para dar cabida a un tribunal atípico, donde la selección de sus magistrados tuvo toda clase de falencias, el gasto es absurdo en la situación fiscal actual, y al que se le han enviado expedientes de manera desordenada con el único propósito de justificar su existencia y entrada en funcionamiento.

 

Yo hubiera querido una sala de carácter transicional en la Corte Suprema de Justicia, que habría facilitado mucho más todo el proceso, en primer lugar, y desde el punto de vista administrativo.

 

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Qué propone para mejorar el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial? ¿Es necesario adelantar cambios en la formación de estos profesionales?

 

I. D. M.: La lucha contra la corrupción y la impunidad es una de las principales banderas de nuestra propuesta para Colombia. Desde luego, el actual desprestigio de la justicia es doloroso para todos, a pesar de que los delitos en contra de la administración de justicia ya han sido tipificados. Por ello, reitero que lo que no debe haber son subrogados ni beneficios: se debe aplicar toda la sanción. Todo el que viole la ley debe tener una condena.

 

He insistido en que el ingreso de buenos abogados solamente se logra con salarios competitivos, procesos de selección y reclutamiento transparentes, una verdadera carrera judicial y una escala salarial que no genere la disparidad actual entre la primera instancia y la última.

 

Creo que los juristas deben tener colegiatura. Eso garantizaría la independencia de su ejercicio y que sean juzgados por sus pares, como el modelo de barras y como debe ser un tribunal ético y disciplinario, sin perjuicio de que los temas penales sean de la jurisdicción ordinaria.

 

Las especializaciones y el rigor profesional se depuran cuando los mismos abogados se interesan en mejorar su profesión, en vigilar a sus pares, en promover las discusiones, la vigilancia de la calidad, etc.

 

Quiero reiterarlo: mi propósito es enfrentar con efectividad el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y la impunidad.

 

Á. J.: ¿Es necesario fortalecer la defensa jurídica del Estado? ¿Cómo enfrentar la multitud de demandas contra la nación en escenarios internacionales que amenazan el territorio y las finanzas estatales?

 

I. D. M.: La defensa jurídica del Estado es otra deuda del actual Gobierno. Se creó una agencia que podría haber centralizado y coordinado esta materia, para evitar las condenas por reparaciones directas y daños, entre otras, pero se convirtió en una instancia de conceptualización y de participación voluntaria. Y para ello ya existían las oficinas jurídicas en las entidades. Creo que esa agencia está en deuda con los resultados, y que la defensa jurídica del Estado debe ser, precisamente, un asunto de Estado, no de gobierno, ni burocrático o de inmediatez.

 

Creo que los juristas deben tener colegiatura. Eso garantizaría la independencia de su ejercicio y que sean juzgados por sus pares, como el modelo de barras y como debe ser un tribunal ético y disciplinario.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general? ¿Qué planes de descongestión tiene previstos? ¿Qué aspectos de modernización de la justicia propone?

 

I. D. M.: Además de lo que indiqué en el punto uno, considero fundamental contar con expedientes electrónicos y despachos judiciales sistematizados, que no los tenemos. La justicia electrónica ya existe en el mundo en temas como conciliación y asuntos civiles y comerciales. Esta modalidad no solo disminuye costos, sino que garantiza el acceso a la justicia: la hace fácil, rápida y económica al ciudadano.

 

Así como se ha logrado avanzar en materias de policía administrativa y facultades jurisdiccionales de ciertas entidades ejecutivas, la justicia debe llegar a plataformas virtuales de acceso, alimentación de información y obtención de la decisión.

 

Los planes de descongestión y de contingencia siempre se anuncian como “temporales”, pero se convierten en permanentes. Hay que depurar el sistema, y para ello sugiero revisar lo propuesto en cuanto a una justicia de causa múltiple, como primera instancia, y que en ciudades como Bogotá se imparta justicia desde las 20 localidades.

 

Á. J.: ¿Qué hacer para mejorar los temas de seguridad jurídica? ¿Cómo regular la consulta previa y las consultas populares?

 

I. D. M.: La seguridad jurídica debe emanar de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, y de los contratos en que se hayan pactado dichas cláusulas en interés del Estado.

 

La buena fe debe ser el eje de la relación. La imprevisión o los hechos sobrevinientes deben ser excepcionales, para que se obligue a renegociar contratos o instrumentos, limitando así el riesgo jurídico.

 

En ese sentido, he propuesto no negociar más tratados de libre comercio hasta tanto no aprovechemos y evaluemos los vigentes, y revisemos los contratos derivados de estos para estar seguros de que la estabilidad jurídica ha cumplido su propósito.

 

En cuanto a la consulta previa, esta debe ser reglamentada de manera apropiada o desarrollada en una ley estatutaria que defina muy bien los tiempos, los derechos derivados de su invocación y el equilibrio del interés general.

 

La justicia electrónica ya existe en el mundo en temas como conciliación y asuntos civiles y comerciales. Esta modalidad no solo disminuye costos, sino que garantiza el acceso a la justicia: la hace fácil, rápida y económica al ciudadano.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentaría los reclamos de justicia por los delitos de alto impacto en los que la opinión pública en general pide sanciones como la cadena perpetua y la pena de muerte?

 

I. D. M.: No soy amigo del populismo punitivo, pero creo que el Derecho Penal debe cumplir su cometido de enviar un mensaje de prevención general, de sanción y de desincentivar el crimen. Para lo único que estimo conveniente la sanción perpetua es para los crímenes que victimizan a los niños y jóvenes, como es el caso de los accesos carnales, la tortura, el reclutamiento forzado, la esclavitud y la trata. Y la revictimización que estos crímenes acarrean.

 

Los coloquialmente llamados “violadores de niños” tienen una condición irreversible, deben tener una sanción irredimible. Creo que para otros temas, como, por ejemplo, la corrupción privada, además de la sanción penal, una buenas sanciones administrativas e inhabilidades lograrán desincentivarlo y generar una cultura de cero tolerancia con estas prácticas.