“Hay un consenso en todos los sectores sobre la necesidad de introducir reformas a la justicia”

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, conversó sobre los objetivos que se trazó al frente de esa cartera, la agenda legislativa que acompañará su gestión y los planes para digitalizar la justicia, entre otros temas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los puntos sobre los cuáles enfatizará su gestión en el Ministerio de Justicia?

 

Wilson Ruiz Orejuela: Son muchos los temas que estamos trabajando en el Ministerio de Justicia, como líderes del sector, que empiezan por coordinar todas las políticas públicas en materia de política criminal. Ponemos énfasis en la prevención, el control y la lucha contra la criminalidad, en especial combatir el negocio de las drogas ilícitas, tema en el que se han dado unos resultados importantes gracias a la política “Ruta Futuro”, desarrollada por el Gobierno como un plan integral para atacar toda la cadena criminal del narcotráfico, de la mano con programas de desarrollo territorial, social, ambiental y económico sostenible, programa que se desarrolla en 14 departamentos y 56 municipios. Entre los resultados de la lucha antidrogas, está la erradicación de más de 115.000 hectáreas de cultivos ilícitos durante el 2020, la atención a cerca de 100.000 familias en el proyecto de autosostenimiento y seguridad alimentaria (pancoger).

 

Este ministerio también les apuesta a los modelos de justicia local y rural, cuyo programa lanzamos en Carepa (Antioquia), como una estrategia de acceso real a la justicia, adecuada a las necesidades de cada región.

 

El año pasado, iniciamos la implementación del programa en 22 municipios, donde hay una limitada presencia institucional y precarias condiciones socioeconómicas, y la meta es seguir implementado los modelos de justicia en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

 

Á. J.: ¿Qué otros temas serán prioridad en su trabajo?

 

W. R. O.: Igualmente, estamos fortaleciendo la implementación de las casas de justicia, que es otra estrategia eficaz para acercar la justicia al ciudadano y estoy trabajando, en coordinación con el Inpec y la Uspec, en mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad. En ese objetivo he visitado varios establecimientos carcelarios para identificar las falencias actuales y emprender, de inmediato, acciones que permitan superar esa problemática. Nos proponemos construir 2.040 cupos de estructuras modulares, 1.360 cupos de estructuras rígidas, redistribuir los cupos en los pabellones de justicia y paz, coordinar con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la búsqueda de inmuebles para ser utilizados en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y carcelarios y sensibilizar a los entes territoriales frente a la creación, el sostenimiento y la vigilancia de los establecimientos a su cargo, donde mantienen en detención a los sindicados, es decir, las unidades de reacción inmediata (Uris) y las estaciones de policía, que son responsabilidad de alcaldías y gobernaciones, tal como lo establece la Ley 65 de 1993.

 

Otro de los aspectos fundamentales para este ministerio es el fortalecimiento de la administración de justicia, para lo cual el Gobierno Nacional viene apoyando la transformación digital de la Rama Judicial. Lo más importante en este proyecto es que las reformas impulsadas fomentan el acercamiento del servicio esencial de justicia al ciudadano y que se ofrezca una respuesta oportuna a la demanda de los usuarios.

 

Con ese propósito, el Gobierno respalda la transformación digital de la justicia, apoyando un empréstito con la banca multilateral para el desarrollo del expediente digital electrónico.

 

Á. J.: Durante más de un lustro, se viene hablando de una reforma a la justicia. ¿Tiene en mente un proyecto de ley de esta naturaleza? ¿Qué temas podría contener?

 

W. R. O.: Hay un consenso en todos los sectores activos del país sobre la necesidad de introducir reformas a la justicia para mejorar el servicio, buscando que sea más ágil, oportuno, eficiente y eficaz.

 

En ese sentido, estamos desarrollando una agenda legislativa que incluye unos temas que nos parecen sensibles para la administración de justicia.

 

Una iniciativa importante para este ministerio es el proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (L. 270/96), que busca la eficiencia en la administración de justicia. Para ello, contempla la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para superar barreras de acceso y hacer una realidad el expediente digital; busca, además, impactar la convivencia ciudadana a través de la resolución de conflictos de manera pronta, por eso incentiva los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC); también pretende generar estadísticas ciertas, actualizadas, integrales y completas sobre la administración de justicia que permitan tomar decisiones informadas y sobre las realidades de los territorios, y pretende unificar la aplicación del precedente judicial y fortalecer la carrera judicial como el medio idóneo para concretar el derecho a acceder a empleos en la Rama Judicial.

 

Á. J.: ¿Cuál sería una agenda legislativa que promovería en el Congreso de la República?

 

W. R. O.: Ya estamos impulsando la agenda legislativa del ministerio que, además del proyecto de reforma a la Ley 270, contempla el Estatuto Arbitral; regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos; regular la creación, la conformación y el funcionamiento de las comisarías de familia; crear el Estatuto de la Conciliación y también crear una especialidad judicial rural y agraria, entre otras iniciativas. De otro lado, recientemente, fue aprobada por el Congreso la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, iniciativa presentada por el Consejo de Estado en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

 

Á. J.: ¿Qué nuevas políticas sobre digitalización de la justicia promoverá el Gobierno, más allá del Decreto 806 del 2020, norma que respaldó la Corte Constitucional?

 

W. R. O.: En el marco de las estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, para lograr un sistema de justicia pertinente y de fácil acceso con transformación digital, se encuentra la estrategia de digitalización e innovación pública que apunta a la productividad y equidad del sistema de justicia.  

 

Así las cosas, el Gobierno Nacional, como lo señalaba, apoya a la Rama Judicial en el trámite del empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, para implementar el expediente judicial digital y, en general, el proyecto de transformación digital de la justicia. En este momento, nos encontramos, junto con la Rama Judicial, impulsando el trámite para la firma del empréstito y así contar con el primer desembolso lo más pronto posible. Este crédito también apoyará a las entidades públicas del orden nacional con funciones jurisdiccionales para implementar las funcionalidades faltantes del expediente digital.

 

Á. J.: ¿Qué planes tiene en cuanto a la modernización de los MASC, como la conciliación?

 

W. R. O.: El Ministerio de Justicia y del Derecho plantea la mejora al acceso a la justicia a través de los modelos de justicia local y rural y del desarrollo de los MASC.  

 

En ese sentido, avanzamos en varios frentes que, de manera sistémica y armónica, buscan consolidar los MASC como mecanismos fundamentales y prioritarios para la convivencia pacífica y el acceso a la justicia.   

 

Actualmente, cursan en el Congreso el proyecto que modifica el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y el que pretende la expedición del Estatuto de Conciliación. Estas reformas normativas intentan potenciar y promocionar esos mecanismos, haciéndolos aún más ágiles y garantizando su acceso a los sectores más vulnerables de la población. También se avanza en una reforma del carácter reglamentario al procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante.  

 

En el marco de la estrategia de modelos de justicia local y rural, que busca una justicia incluyente y pertinente en los territorios, se ha priorizado como uno de sus pilares la promoción de los MASC con énfasis en conflictos agrarios. 

 

Desarrollamos la caja de herramientas en MASC, en asocio con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de Usaid y el Departamento Nacional de Planeación, una estrategia pedagógica y de política pública que busca impulsar y orientar a las autoridades locales en la implementación de mecanismos como la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, la mediación escolar, la mediación comunitaria y la mediación intercultural en el país. Actualmente, su implementación avanza en 30 municipios PDET, en los que se han desarrollado procesos de participación ciudadana, de formación y de pedagogía.  

 

En este mismo sentido, el ministerio también le está apostando al desarrollo de una estrategia integral de comunicación y pedagogía frente a los MASC, con el fin de que sean mejor conocidos y cada día más utilizados por los ciudadanos, en especial en los ámbitos comunitarios y rurales, y que se conviertan en la primera opción de justicia.  

  

Á. J.: ¿Qué va a pasar con la jurisdicción agraria en Colombia? ¿Qué tiene en mente el Gobierno?

 

W. R. O.: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria que crea los jueces especializados en materia agraria y rural, que entrarían a hacer parte de las jurisdicciones existentes (ordinaria y contencioso administrativa).

 

El objetivo del proyecto es regular el marco procesal que rige las actuaciones judiciales y mecanismos alternativos para la resolución de los litigios y las controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural y las relaciones económicas de índole agraria particularmente descritas en el proyecto. 

 

Á. J.: ¿Qué cronograma maneja el Gobierno en relación con la iniciativa que busca unificar los códigos Civil y de Comercio?

 

W. R. O.: Ese proyecto no es una iniciativa del ministerio, fue presentado por la Universidad Nacional. Por eso, no podríamos hablar de una agenda entorno a ese tema.