Danilo Rojas: “El Consejo de Estado está padeciendo el ‘éxito de la descongestión”

 

Por: Manolo Villota Benítez

 

Cuando Danilo Rojas habla, lo hace con la firmeza y tranquilidad que le brindan años de experiencia en el Derecho. El pasado 19 de enero, Rojas se convirtió en la cabeza de una de las tres altas corporaciones en la Rama Judicial, específicamente de la máxima instancia de la justicia contencioso administrativa: el Consejo de Estado.

 

Tolimense, originario de San Antonio, un pequeño municipio ubicado a seis horas de Ibagué, Rojas es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Público, magíster en Derecho y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. También es especialista en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante (España) y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino.

 

En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, habló sobre sus planes en la Presidencia de la corporación, la situación actual de la Rama Judicial y el papel del Consejo de Estado en el posconflicto.

 

AMBITO JURÍDICO: Con su llegada a la Presidencia del Consejo de Estado, ¿qué retos le esperan al frente de la corporación?

 

Danilo Rojas: Hay una serie de retos dentro y fuera de la corporación. Por un lado, la representación que el Presidente del Consejo de Estado tiene frente al nuevo organismo creado con ocasión de la reforma de equilibrio de poderes: el Consejo de Gobierno Judicial (CGJ). Dentro de la corporación, además de las tareas habituales, quiero desarrollar un programa en el país denominado cultura de legalidad en las regiones.

 

Á. J.: Respecto al primer reto, ¿qué opina de la demora que se ha producido para la conformación del CGJ?

 

D. R.: Diría que el principal desafío que tienen los presidentes de las altas cortes en relación con el CGJ es su integración, ponerlo en marcha. Por distintas razones, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha tomado decisiones que en este momento impedirían la conformación de los miembros y el funcionamiento del CGJ.

 

 

Á. J.: ¿Qué contempla hacer frente a la cultura de la legalidad?

 

D. R.: La idea es que el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los jueces se muestren y den cuenta de su quehacer ante las administraciones locales, gobernadores y alcaldes, para que la administración regional y nacional con sede en estos lugares sepa que nosotros somos sus jueces y que conozcan la razón de las condenas, ya sea porque echaron mal a un funcionario o porque hubo una violación a los derechos humanos. Además, para que, eventualmente, al darles a conocer estos aspectos, ellos, que están comenzando su administración, tomen nota de estas conductas y se abstengan de cometerlas en el futuro.

 

Á. J.: ¿Qué ventajas traería esta iniciativa?

 

D. R.: Contemplo tres beneficios que conllevaría implementar este programa: la administración se legitimaría más, lograríamos llevar una rendición de cuentas al informar por qué los estamos condenando y, lo que es más importante, el ciudadano va recobrar la confianza en sus instituciones, tanto en los jueces como en la administración.

 

Á. J.: ¿Qué se puede esperar del Consejo de Estado en relación con el tema de paz y posconflicto?

 

D. R.: Yo creo que el Consejo de Estado ha mostrado compromiso en el ejercicio de sus funciones. Cuando en la Sección Tercera, a la que pertenezco, hemos condenado a la Nación por ocurrencia de masacres, desapariciones forzadas, torturas y demás atrocidades ocurridas con razón del conflicto armado, tratándose de sentencias importantes y costosas, estamos diciendo al país que es más cara la guerra que la paz.

 

Esto si el análisis solo se remitiera a lo meramente económico. Pero cuando contamos los hechos probados, estamos contribuyendo con la memoria del país, enviamos un mensaje que se traduce en decir que este tipo de atrocidades no debe seguir sucediendo. Creo que  es una forma sutil, pero importante de cómo la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede hacer llamados de atención sobre las fortalezas de la paz y las debilidades que tiene mantener una guerra por mucho tiempo.

 

Á. J.: Un tema que inquieta a muchos ciudadanos es el ritmo en la resolución de los procesos judiciales. ¿Qué hacer para agilizar la justicia en Colombia?

D. R.: Ese es un tema muy complicado. Creo que las altas cortes y, concretamente, el Consejo de Estado están padeciendo lo que llamo ‘el éxito de la descongestión’, que han sido procesos exitosos para aliviar el sistema en la primera instancia, pero están congestionando la segunda, que es el Consejo de Estado. Hemos hablado con el Ministerio de Justicia para ver la posibilidad de que se apoye a la corporación de forma semejante a la Sala Laboral de la Corte Suprema, en la que se crearon una serie de cargos de magistrados para  que evacúen todos estos procesos que están estancados, porque como ahora tenemos un sistema de oralidad en ciernes arrancando, lógicamente, para evitar una congestión en el sistema oral, tenemos que liberar todo ese cúmulo de procesos escriturales que aún existen.

 

Á. J.: A propósito del cese de actividades que se lleva a cabo, ¿cree que estas iniciativas deterioran aún más la imagen de la Rama Judicial?

 

D. R.: Yo creo que una reclamación hecha por la vía del paro no debe ser vista como un deterioro de la imagen. Pienso que las razones que lo provocan importan. Si las reclamaciones son infundadas e irracionales, obviamente mermarían la imagen de la Rama; si, por el contrario, es una reclamación justa, no debería generar un efecto negativo en como esta se ve.

 

Á. J.: ¿A qué cree que se deba la pérdida de confianza hacia la Rama Judicial?

 

D. R.: En buena parte, es debido a la información parcial. No la quiero calificar de mala prensa, pero sí información parcial. Si la ciudadanía tuviera datos más completos de lo que hace la Rama, de lo que hacen las altas cortes, habría una imagen distinta.

 

Por eso, este proyecto de cultura de la legalidad tiene el componente de mostrarnos más a la ciudadanía, para que sepan qué hacen los jueces. Es preciso que los ciudadanos entiendan  que no solo ganan un salario importante o tienen ciertas condiciones labores estables, sino que tienen responsabilidades de trascendencia; que realizan una de las labores más delicadas en una sociedad, la de impartir justicia. Quisiera propiciar que la ciudadanía tenga más conocimiento sobre el quehacer judicial.

 

Á. J.: ¿En qué consiste la solicitud que le hicieron al Consejo Superior de la Judicatura para continuar con las medidas de descongestión?

 

D. R.: Luego del conocimiento que se tuvo sobre el proyecto de lo que sería la estructura de la planta fija, manifestamos nuestra inconformidad. Lo que solicitamos fue que la planta fija de personal debería responder a las necesidades

reales que tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Creemos que son muchos más los requerimientos que existen.

 

Las otras son medidas intermedias. Señalamos la pertinencia de mantener los despachos de descongestión para poder entrar de lleno en la oralidad. Es mandato del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Y así no existiera la orden, por  razones obvias, para entrar en la oralidad se debe acabar con todos los procesos escriturales. El ejemplo más notorio es el de la Sección Tercera: tenemos alrededor de 16.000 procesos de este tipo por evacuar.

 

Á. J.: Aparte de los nuevos cargos que se están creando, ¿qué medidas se deben implementar, incluso a nivel normativo, para disminuir el número de inventario de procesos?

 

D. R.: En el caso de mi sección, implementamos una práctica interna, gracias a una permisión normativa que no se había aplicado durante un tiempo. Observamos que, sobre algunos casos, ya había una claridad conceptual, sin ser la dogmática un problema. Por eso, decidimos que podrían ser sacados en serie. Asuntos relacionados con conscriptos, violación de derechos de reclusos o privaciones injustas de la libertad los estamos fallando, “con salto de turno”, esto es, decidir sobre estas tres temáticas de seguido sin importar su año. Al menos con estas especificaciones estamos más cerca de ponernos al día en procesos.

 

Á. J.: ¿Cómo evalúa el funcionamiento del CPACA?

 

D. R.: Creo que ha sido un código exitoso, que a esta altura ya tiene muy entronizado toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, hay bastantes ajustes por hacer, a partir de decretos reglamentarios o de unificaciones jurisprudenciales en el Consejo de Estado. Pero, como muchos de esos casos no llegan por los trámites de la primera y segunda instancia, y si llegan entran a turno, la Sala Plena no ha podido resolver algunas controversias doctrinales que se han presentado con aspectos puntuales del código.