Belkys Izquierdo: “Los indígenas no solo estamos para reclamar derechos”

El pasado 27 de mayo, Belkys Izquierdo se convirtió en la primera mujer arhuaca que llega a las altas cortes en calidad de magistrada y en la primera representante de comunidades étnicas que ocupa esa dignidad en el Consejo Superior de la Judicatura.

 

ÁMBITO JURÍDICO dialogó con esta jurista de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en política pública de la Escuela Superior de Administración Pública, quien hoy funge como auxiliar del actual vicepresidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior, Néstor Raúl Correa.

 

“Tras el reconocimiento de nuestra autonomía que, poco a poco, se ha venido afianzando, por mandato de la Constitución de 1991”, afirma, “el reto es que la sociedad colombiana reconozca a los indígenas como actores propositivos, capaces de aportar soluciones a las problemáticas que aquejan a todo el conglomerado, y no simplemente como parte de un patrimonio cultural inmóvil e intrascendente en la toma de decisiones”.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Su llegada al Consejo Superior ha generado interés, porque no es habitual la presencia de los indígenas en cargos como el que usted ocupa. A propósito, ¿cómo evalúa la participación de los aborígenes en cargos de ese tipo?

 

Belkys Izquierdo: Por ejemplo, en la Rama Judicial ha sido muy escasa. Mi presencia acá, de alguna manera, es producto de la sensibilización y la conciencia del magistrado Néstor Raúl Correa frente a estos temas; lo que él me decía es que esto hace parte de las deudas históricas, y es la materialización del reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos.

 

Á. J.: ¿Cuál es el criterio que se la ha dado a la participación de los indígenas en las instituciones que representan a la cultura mayoritaria?

 

B. I.: Hay que darle al tema indígena un toque menos folclorista y más basado en el desarrollo de principios constitucionales.

 

Á. J.: Entonces, ¿no se ha desarrollado ese principio democrático que inspira la pluralidad étnica?

 

B. I.: Sí, el planteamiento es construir sociedades interculturales, porque los pueblos étnicos también estamos pensando en la construcción del país, no solamente en que se garanticen  nuestros derechos. Yo creo que hay que pasar un poco más allá, a las construcciones conjuntas.

 

Á. J.: ¿Cuál ha sido su experiencia en la función pública?

 

B. I.: Yo he estado, sobre todo, en el Ejecutivo y con las organizaciones indígenas. He desarrollado toda mi carrera desde lo territorial, a partir del año 2000, cuando terminé la universidad. También litigué en procesos ejecutivos, porque trabajé en instituciones de salud indígena, manejando la asesoría jurídica y las demandas ejecutivas.

 

Á. J.: ¿Todo su desarrollo profesional se ha concentrado en torno al componente étnico?

 

B. I.: Sí, principalmente. Todo el tema de políticas públicas con énfasis diferenciales; trabajamos acciones integrales contra minas antipersonales; políticas de juventudes; en el Ministerio de Protección Social e hice parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Allí avanzamos en iniciativas para fortalecer los modelos de atención intercultural. Además, trabajé en el Ministerio del Interior.

 

Á. J.: Y después de esa experiencia desde el Ejecutivo, ¿cuál es el balance en torno al desarrollo de políticas públicas para la población indígena?

 

B. I.: Veo que hay muchas cosas escritas: normas, jurisprudencias, documentos de políticas públicas, pero se necesita hacer un aterrizaje y conectarnos más con las realidades concretas y, por otro lado, apropiar más a las comunidades indígenas de lo que está allí. Hay muchos escritos, pero no se ve una solución concreta ni un mejoramiento.

 

Á. J.: ¿Cuál es la razón para que esas iniciativas no tengan ejecución?

 

B. I.: Debe haber una participación más activa de los pueblos, de los líderes, de las organizaciones, de las autoridades en toda la formulación y ejecución de la política pública. El enfoque diferencial no puede quedarse como un comodín; hay que comprender que somos 102 pueblos en el país, todos muy diferentes, con un proceso de colonización y de desculturización distinto. Por eso, hay que hacer un trabajo a nivel territorial muy fuerte.

 

Á. J.: ¿Qué incidencia deberían tener las autoridades indígenas en esta tarea?

 

B. I.: Las entidades territoriales indígenas deben empezar a ponerse en el mismo nivel de los municipios y los departamentos, no ser un apéndice más o depender de otras voluntades. Uno conoce gente de allí con una apertura muy interesante, de donde se quiere dar una participación y buenos planteamientos, pero ¿cómo aterrizarlo a los territorios?

 

Á. J.: Con su experiencia en esos cargos, ¿notó algún cambio benéfico en la gestión de las políticas públicas para la población indígena?

 

B. I.: No vale la pena ponerse a pensar si era mejor antes o ahora. Hay un empoderamiento importante de las organizaciones de los pueblos respecto a sus derechos, pero también hay un conflicto de intereses muy fuerte, que ha dificultado la concreción de los objetivos. Así sucede con el tema de política minero energética, con la palma africana y la palma aceitera, entre otros. Sí, hemos avanzado, pero esto hay que amarrarlo al ordenamiento y la cultura de cada uno de nuestros pueblos, el derecho mayor o la ley de origen.

 

Á. J.: ¿Qué cuestionamientos tiene frente al desarrollo de las políticas públicas para los pueblos aborígenes?

 

B. I.: Que se enfoca más en pobreza y vulnerabilidad. Eso ha llevado a que lo etnocultural produzca un aislamiento. Por eso, nosotros nos interesamos en el diálogo intercultural.

 

Á. J.: ¿Cree que la autonomía y la autogestión indígenas también han sido armas de doble filo que llevan a este aislamiento?

 

B. I.: Sí, se han generado como guetos. Hay que trabajar intraculturalmente, desde adentro de los pueblos, e interculturalmente, en el relacionamiento con la sociedad y el Estado en general. Esa visión la tiene hoy muy en cuenta el liderazgo joven indígena, reafirmando nuestra propia identidad, pero abriéndonos al mundo, para proponer interculturalmente.

 

Á. J.: ¿A qué instrumentos pueden acudir los indígenas para evitar que esos proyectos obstaculicen la concreción de sus derechos?

 

B. I.: Ese instrumento es la consulta previa, que ha sido entendido por muchos sectores como un ‘palo en la rueda’. Sin embargo, entendemos que es un instrumento que nos ayuda a iniciar un diálogo intercultural, donde usted plantea cuáles son sus intereses y yo también, para defender la supervivencia de los pueblos, y ese es el límite que debemos entender. Ahí se evidencia que cada uno tiene un interés legítimo, pero al que es necesario ponerle límite.

 

Á. J.: ¿Cuál es el centro del debate frente al desarrollo de esos procesos?

 

B. I.: El centro de muchas discusiones es cómo estamos concibiendo el desarrollo, si es uno con identidad y cultura, como lo estamos pensando, más humano y amigable con el medio ambiente, o desde el que se ofrece crecimiento económico para unos, a costa del empobrecimiento de otros.

 

Á. J.: Entonces, ¿cuál es el papel de la consulta previa en estas discusiones?

 

B. I.: Un ejemplo: si uno revisa, en Casanare, que es en donde más explotación minero energética se ha hecho, hay mayor empobrecimiento histórico de sus pueblos; en algunos, hay mendicidad total, y uno se pregunta: ¿para quién ha sido ese desarrollo? Si vamos a compartir esa riqueza, ¿cómo lo vamos a hacer? La consulta previa, de alguna manera, nos pone como actores centrales en el desarrollo del país.

 

Á. J.: ¿Cómo debe concebirse la consulta previa para que se logre el provecho esperado?

 

B. I.: Estamos interesados en que se interprete como un elemento de diálogo intercultural, donde es necesario ponernos unos límites, garantizarnos unos derechos. No es que los indígenas nos opongamos al desarrollo.

 

Á. J.: ¿Cómo debe desarrollarse este instrumento para que se cumplan sus objetivos?

 

B. I.: Debe ser un diálogo sincero y horizontal, en el que ninguno sabe más que el otro, sino en el que ponemos lo mejor que tenemos, pensando en unos objetivos comunes. Ahí debemos discutir cómo va a quedar el agua, por ejemplo, que no es una cuestión filosófica, sino una necesidad de nosotros y del país, del mundo. Si hablamos de preservar recursos naturales, no solo es una garantía para los indígenas, sino para todos.

 

Á. J.: ¿Usted diría que el reto ya no es el reconocimiento de derechos para los indígenas, sino generar su inclusión como actores propositivos frente a los problemas que afectan a la ciudadanía?

 

B. I.: Hay que seguir trabajando desde las dos líneas. Intraculturalmente, defendiendo los derechos colectivos, porque ello representa el bienestar del país, y desde el relacionamiento intercultural, donde nosotros, con nuestro enfoque de derechos humanos, de la mujer, podremos conducir al país a una sociedad multiétnica y pluricultural en la práctica. La seguridad alimentaria, los no transgénicos y la alimentación sana son necesarios para alargar no solo nuestras vidas, sino las de todos.

 

A. J.: Finalmente, frente a un tema de gran importancia para el futuro del país, como el proceso de paz, ¿cree que los indígenas han sido tenidos en cuenta?

 

B. I.: Ha sido limitada nuestra participación. Lo que creo es que pueda que allá se firme la entrega de armas, pero la labor es en los territorios con programas sociales, para trabajar contra la desigualdad y la corrupción y por la justicia y la equidad. Lo más importante viene después de la firma de la paz, y nosotros tenemos muchas propuestas.