“No hay recursos económicos suficientes para reparar a los grupos étnicos”

 

Uno de los retos más importantes en la implementación del Acuerdo Final de Paz es, sin duda, la garantía y la protección de los derechos de las víctimas étnicas. Por esa razón, ÁMBITO JURÍDICO habló con el procurador delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, quien despejó varias dudas en torno a la implementación de normas con este enfoque y la ausencia de un plan financiero específico a favor de dichos grupos, entre otros temas.

 

ÁMBITO JURÌDICO: ¿Cuáles son los principales desafíos de la nueva Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos?

 

Richard Moreno Rodríguez: Es importante mencionar que la creación de la Procuraduría para Asuntos Étnicos es un gran avance que tiene el país en aras de fortalecer la democracia y es un cumplimiento que hace el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, a la Carta Política. Es necesario saber que estamos en un país con población étnica que, según el censo del 2005 son el 4,5 %, pero, de acuerdo con los registros de las mismas organizaciones étnicas, asciende al 30 % de la población, lo que equivaldría a 10 o 12 millones de habitantes.

 

Lo anterior materializa el precepto constitucional que indica que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Por lo tanto, no solo debe haber diversidad en la población, sino también en la aplicación de la norma y en la creación de la institucionalidad necesaria. En esa medida, se busca fortalecer la defensa de los derechos de los grupos étnicos en Colombia, así como la de los derechos colectivos, sus territorios y los que de este se derivan. De este modo, vamos a enfocarnos en la prevención y la protección de derechos colectivos de estas comunidades y, a su vez, su exigibilidad jurídica, en relación con los territorios, al derecho fundamental a la consulta previa y a la reivindicación de la vida en dignidad de estos pueblos. Así mismo, va a velar porque las instituciones que tienen algún deber en estos temas los cumplan.

 

Á. J.: La comisión de seguimiento y monitoreo a los decretos-leyes de víctimas étnicas (4633, 4634 y 4635 del 2011) presentó su quinto informe. ¿Cuáles son las principales razones por las que persiste el incumplimiento en la implementación de dichas normas?

 

R. M. R.: Es lamentable decir que, después de cinco informes, la satisfacción de los derechos de las víctimas y, especialmente, de grupos étnicos, que en este país asciende a más del 30 %, esté en un nivel muy bajo. Lo que se logró identificar es que no hay recursos económicos suficientes para materializar ese derecho a la reparación individual y colectiva. En este sentido, la institucionalidad creada por los decretos leyes no ha sido respetada y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas no se han adecuado para atender de manera diferencial y específica, mucho menos en los territoritos o en los departamentos o municipios donde la población es mayoritariamente étnica.

 

Ello obedece a que la política de centralización del país se materializa más en la Unidad de para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y los gerentes territoriales no tienen la capacidad financiera autónoma para tomar decisiones e implementar acciones. En conclusión, estamos en una aplicación normativa e institucional totalmente inadecuada. Por eso, es ineficiente, ineficaz y las víctimas terminan en un proceso que, al ritmo que va, ni sus hijos, ni sus nietos van a alcanzar las reparaciones individuales y colectivas.

 

Á. J.: ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de un plan financiero específico étnico (Conpes) para cumplir las mencionadas disposiciones?

 

R. M. R.: La consecuencia es que hace inaplicable e incumplible los parámetros de reparación y, sobre todo, de satisfacción de los derechos de las víctimas. No tener un amparo financiero específico que garantice los derechos de las víctimas étnicas es estar a la deriva de una promesa gubernamental que nunca se cumplirá.

 

Cuando las víctimas étnicas reclamen al Estado colombiano dos cosas, primero, reparar la deuda histórica que tienen en los territorios y las comunidades y, segundo, que exijan reparación colectiva como grupos étnicos desde la afectación territorial, ese día el nivel de insatisfacción será tan elevado que va a dar vergüenza, en especial porque este es un país que se presta de ser incluyente y de tener una Constitución que garantiza derechos a los grupos étnicos, pero estos tienen los mayores niveles de insatisfacción de sus derechos como víctimas.

 

Á. J.: ¿A qué se refiere el informe cuando se afirma que la estructura institucional creada para el diseño e implementación de la política pública no responde efectivamente a las necesidades geográficas, culturales y poblacionales de los grupos étnicos?

 

R. M. R.: Hay varios puntos que se pueden plantear. Primero, la institucionalidad que está creada no ha definido cómo va a ser la atención específica a la población mencionada. Segundo, la formación que tienen los funcionarios de la UARIV tampoco corresponde a las realidades sociales y culturales que se viven en los territorios.

 

Tercero, la infraestructura física que se establece para la atención no corresponde a las realidades geográficas, por ejemplo, una persona que pertenezca a la comunidad Tanguí, víctima del conflicto, para declarar ante la UARIV o ante la institución que reciba la declaración, tiene que pasar obligatoriamente donde se encuentra el victimario, es decir, viajar de Tanguí a Quibdó en un trayecto de dos horas por vía acuática y, en ese paso, puede encontrar a la guerrilla o los paramilitares, entonces, ¿cuál es la garantía que existe?

 

Á. J.: De los 317 sujetos de reparación colectiva étnica, incluidos en el registro de la UARIV, solo cuatro están en fase de implementación. ¿Cómo se explica esta cifra?

 

R. M. R.: Hay varios factores que se deben tener en cuenta, en tanto el Gobierno no estuvo preparado cuando surgió la ley y la UARIV no ha encontrado el mecanismo efectivo para hacer los planes de reparación colectiva y, por ende, la mayoría de estos terminan siendo una lista de mercado que no responden a realidades concretas de superación o transformación de la condición de víctima.

 

Pero también el mecanismo de contratación para operar los recursos y elaborar los planes es demasiado complicado. En este sentido, el tema de la contratación en fechas inadecuadas no facilita la posibilidad de que esos planes se construyan de manera efectiva. De ahí que la recomendación es que el Gobierno y la UARIV, en vez de establecer tantos mecanismos para asignar la operación a fundaciones y organizaciones no gubernamentales, contraten directamente a las organizaciones de víctimas que están registradas y que cumplan con los requisitos. Esto fortalecería el proceso como organización y, al mismo tiempo, facilitaría los procesos de construcción colectiva de los planes de reparación y su posterior implementación.     

 

Á. J.: Las medidas de prevención y protección de líderes y víctimas étnicas tienen el enfoque diferencial étnico correspondiente?

 

R. M. R.: Es necesario reconocer y valorar el esfuerzo que realiza la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el país. Sin embargo, para el caso de las comunidades étnicas, tiene un enfoque totalmente equivocado, porque la vida de los grupos étnicos es una vida colectiva. Así, las medidas deben ser colectivas, porque donde se encuentra la mayoría de los líderes amenazados no es viable el uso de chalecos, pues tienen un peso de 25 libras y si una persona cae al agua, es posible que se ahogue; ni tampoco el uso de teléfono celular como medida, debido a que, en la mayoría de las comunidades rurales, por ejemplo, del Chocó, no hay señal.

 

Entonces, la UNP debería establecer un proceso de concertación con las organizaciones étnicas, las de víctimas y con los líderes amenazados para analizar cómo estructurar un plan de protección colectiva que responda a las necesidades en lo comunitario, territorial e individual en contraste con las medidas que se otorgan a una persona del común, toda vez que las otorgadas no tienen viabilidad en dichas comunidades y territorios. La recomendación es construirlo de manera participativa entre el Gobierno Nacional, las entidades responsables del tema y las organizaciones y comunidades que viven la amenaza.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los principales retos en la implementación del capítulo específico sobre grupos étnicos del Acuerdo de Paz?

 

R. M. R.: El capítulo étnico es una apuesta del Ministerio Público. El Procurador General ha dicho que además de ser una Procuraduría ciudadana, de tener los pies en el territorio y las víctimas en el corazón, es la procuraduría de la paz, tanto así que se creó la figura de la delegada para la paz y la defensa de los derechos de las víctimas, lo cual refleja cuál es el rumbo que lleva esta entidad. Dicha dependencia tiene la responsabilidad de impulsar la reglamentación e implementación de ese capítulo.

 

Á. J.: Finalmente, ¿hay un llamado concreto que quisiera hacerle al Gobierno sobre todos estos temas?

 

R. M. R.: Es necesario que el Gobierno asuma esa gran responsabilidad en la protección de los grupos étnicos. El país no puede continuar así, cuando transita por la vía de la paz, aún más cuando tuvo la capacidad de sentar y desarmar a la guerrilla más antigua del continente, no vaya a tener la capacidad de sacarlas de un empobrecimiento continuo, cíclico y permanente. El llamado es abrirles la puerta a estas comunidades en igualdad de condiciones que las demás, entendiendo que hay unos derechos especiales que aplicar y materializar.