“A la justicia nunca se le ha dado la dimensión de su importancia”

Desde hace más de seis meses, el Ministerio de Justicia y del Derecho trabaja una serie de normativas en busca de mejoras y reformas a la justicia. Ese trabajo, que viene desde la administración de Néstor Osuna, fue retomado por la ministra Ángela María Buitrago, quien se pronuncia sobre los avances en materia de iniciativas legislativas. Así mismo, la funcionaria habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre otros temas de importancia para el sector judicial.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo ha evolucionado el trabajo con la Comisión de Reforma a la Justicia en torno a los proyectos de ley que se vienen trabajando desde la administración anterior?

Ángela María Buitrago: El tema de justicia no ha parado en estos dos años, porque las reformas agraria, pensional y laboral son reformas a la justicia. Desde ese punto de vista, la Comisión de Reforma a la Justicia que creo el ministerio es una comisión en donde se debaten y postulan por la ciudadanía algunos cambios, se informa a los participantes sobre los avances, lo cual no le quita autonomía al ministerio. Somos autónomos para proponer iniciativas que consideremos obligatorias de ley o reglamentarios frente a tales leyes. (Lea El Gobierno ha respetado, respeta y seguirá respetando cualquier decisión que venga de los jueces y magistrados).

Esta comisión, que reinstalé en julio, desarrolla, inicialmente, un proyecto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Fiscalía General de la Nación (FGN), que coadyuva el ministerio, sobre principio de oportunidad y preacuerdos. Ya se socializó en la mesa, de manera posterior a la concertación entre CSJ, FGN y ministerio, para que se hicieran comentarios sobre el articulado, que se presentará próximamente. Obviamente, esto sufrirá cambios en el Legislativo. Entonces, la propuesta inicial es trabajar en ese primer y pequeño aspecto del código penal procesal.

Á. J.: ¿Qué otros temas se estudiarían?

Á. M. B.: Cuando se dice “reforma a la justicia” hay que examinar de manera macro todo lo que se ha hecho en esta materia, lo que lleva a este ministerio a trabajar en temas de conciliación, justicia familiar, justicia interseccional, que tienen que ver con justicia ordinaria. Todo eso está avanzando, de tal manera que vamos a mirar si este semestre se pueden presentar esos proyectos para ser debatidos. Estamos socializando esos proyectos, para que se conozca previamente lo que vamos a impulsar. No concebimos un proyecto sin que se haya explicado su necesidad, importancia y racionalidad. Desde ese punto de vista, es interesante saber cómo todo esto se amplía a académicos; organizaciones de derechos civiles, humanos, sociales, de protección de líderes y lideresas; sindicatos, gremios, etc. Hemos contado con la participación de absolutamente todos los sectores, para conocer las inquietudes de cada uno de ellos.

La idea de estas reuniones es tener una medida de lo que a la gente le pueda estar afectando, para que los proyectos tengan un objetivo preciso frente a acceso a la justicia, procedimientos, sistema carcelario y penitenciario, racionalidad punitiva y celeridad procesal, entre otros temas. En general, es una conversación para evaluar las necesidades, mirar las respuestas y los impactos en la sociedad.

Á. J.: ¿Qué pasó con la emergencia carcelaria que se había declarado en el país hace seis meses? ¿Qué hacer frente al hacinamiento en cárceles y establecimientos provisionales?

Á. M. B.: Esta administración continúa con la convicción de que hay que solucionar el tema carcelario desde la perspectiva del ser humano, del detenido, lo cual implica tres sectores: (i) infraestructura, (ii) salud y alimentación y (iii) resocialización. Este último elemento tiene una expectativa importante, cuando los detenidos tienen la expectativa de salir a una sociedad, aprendiendo algo para surgir como seres humanos. Pero, sin lugar a dudas, el hacinamiento no es nuevo, es un fenómeno histórico, recurrente, que también lleva al planteamiento de si se necesita tanto derecho penal punitivista y carcelario.

Es un fenómeno interesante: nos quejamos de que hay hacinamiento, pero todos los días crecen las normas penales y todas apuntan a que debe existir detención preventiva, para seguridad de la sociedad. Hay casos en los que sí debe ser así, pero otros no, pues surgen de faltas de oportunidades, lo que termina en reincidencias.

Yo no tengo la varita mágica para solucionar un tema que no han solucionado en 40 años, pero la idea es que las reclusiones transitorias son obligación de los municipios. Sin embargo, corren a cargo de la centralidad. Entonces, aquí cada quien tiene obligaciones y debe cumplirlas. Sin embargo, se ha previsto, por orden de juez, la obligación de la Uspec de darle alimentación a los detenidos transitorios, luego hay que coordinar para que las obligaciones de detención de los municipios funcionen. Hemos estado hablando con alcaldes, hay algunos muy proactivos que quieren trabajar en eso, que tienen soluciones. En eso estamos y podemos tener opciones y buscando elementos para desahogar el hacinamiento. Frente a la infraestructura, esperamos que se entreguen algunos centros carcelarios el 2025.

Á. J.: ¿Sería una solución la despenalización de algunas conductas?

Á. M. B.: Sí, pero también entendiendo que no todo es despenalizable y que la víctima y la sociedad deben ser consideradas en esas soluciones.

Á. J.: Hay una gran reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en ciernes desde hace más de un año que ya revisó la Corte Constitucional. ¿Por qué no se ha expedido esa normativa?

Á. M. B.: Recordemos que esta ley incluye temas como la virtualidad, el expediente electrónico, descongestión judicial, centralización de la información para el conocimiento del caso, etc. Un tema importante es que la Corte Constitucional dijo que el juicio es personal, no virtual, lo que implica salas de audiencias, adecuaciones, algunos cambios, en lo que yo estoy de acuerdo. Soy de las pocas personas que siempre ha luchado contra la virtualidad en penal por la inmediación de la prueba.

La ley estatutaria, y lo que significa apuntarle a elementos entre tecnología, racionalidad y accesibilidad, busca mejoras en materia de acceso a la justicia. El texto estaba para sanción presidencial, pero se devolvió a la Cámara de Representantes, porque faltaron unos temas. Esperamos recibirlo pronto de nuevo.

Á. J.: ¿Cómo va el desarrollo de la Jurisdicción Agraria?

Á. M. B.: Yo aspiro a que la semana entrante se radique la iniciativa. Ya está lista y concertada, con adiciones, enmiendas y comentarios.

Á. J.: ¿Qué esperar de ella?

Á. M. B.: Esperamos que materialice un derecho constituido hace mucho tiempo, y también que genere acceso a la justicia en lo agrario, que los jueces pueden administrar justicia pronta, que haya un vehículo importante para la gente que tiene sin solucionar sus problemas de tierras. Cuando alguien tiene un predio, del que vive, que explota, pero que necesita que lo legalicen, surge un problema de vida. Desde ese punto de vista, comprende una cantidad de necesidades y busca soluciones históricas.

Á. J.: ¿Cómo compaginar los avances tecnológicos con la administración de justicia?

Á. M. B.: Creo que la tecnología es una herramienta de gran ayuda, no solo para la justicia, sino también para todas las áreas. Hay que tener cuidado, pues la tecnología no solo es inteligencia artificial (IA), que es parte de la tecnología, pues esta tiene muchos reparos, incluso en la Unión Europea. Hay cosas que la tecnología no puede remplazar, como el raciocinio del juez, y otras que ofrecen desafíos, como la forma como se pueden introducir sesgos sin control. En justicia, hay debates importantes sobre si debe existir una IA solo para esta área, incluso, de cara al ciudadano, hay que saber cuáles son los algoritmos que se manejan, quién alimentó esa IA, qué sesgos alimentaron los softwares, cómo borrar esos sesgos, etc. Ahora, lo que la justicia ya ha aceptado es que las sentencias no las puede proferir la IA, sí se han proferido autos de trámite, pero el fallo y la labor probatoria la deben seguir desarrollando los jueces. Incluso, los grandes desarrolladores tecnológicos han advertido que es una herramienta útil, pero no lo es todo.

Á. J.: ¿Qué decirles a los expertos que señalan que el sistema penal acusatorio colapsó?

Á. M. B.: Llevo 40 años en el sistema judicial, y siempre han dicho que colapsó la Ley 90, la Ley 600, la Ley 906, la Ley 228, etc. Lo que pasa es que la dimensión de la necesidad de la justicia nunca se ha tenido en cuenta. Por eso, la Rama Judicial no tiene el número de personas suficientes para la administración de justicia, incluso el presupuesto es menor que en otros sectores. Esto lleva también a entender que la litigiosidad colombiana es abrumante. Todo llega al sistema judicial y hay casos y normas que no se dejan madurar. La Ley 906 es una de ellas, cuando se creó esta ley, se decía que era acusatoria, luego que era acusatoria a la colombiana, luego que era mixta. Eso generó que ni la jurisprudencia ni los operadores entendieran el sistema.

La diferencia del sistema continental (que teníamos nosotros) frente al sistema anglosajón creó un cortocircuito, que se buscó contener con más de 60 reformas, lo que provocó que hoy no sepamos qué engendro es. Por eso, estamos trabajando sobre la base de reformas permanentes, para que se decante. Tenemos un sancocho de sistema a la colombiana.

Acá se adoptan ideas, pero no se comprenden, no se dejan madurar y los cambios trastocan mucho más la idea original. Eso pasó con la Ley 906, cuando salió esa ley, escribí un texto sobre los problemas que se podrían presentar frente a cultura, operatividad y racionalidad, y afirmé que es muy buena si se entiende y se aplica el principio de oportunidad, los preacuerdos, etc., pero salieron decisiones jurisprudenciales que asustaron a todo el mundo y, por eso, hoy en día, estamos promocionando un proyecto que vuelve al sentido original de la ley.

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