“Hay que impedir que el Estado pierda más de 274 millones de dólares por el caso Odebrecht”

 

Desde que asumió su cargo hace tres semanas, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, manifestó su preocupación por los sonados casos de corrupción que desangran las finanzas del Estado.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, Carrillo habló sobre este tema y los principales retos que tendrá en los próximos cuatro años en la institución que ahora encabeza.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los desafíos más importantes del Ministerio Público durante su gestión?

 

Fernando Carrillo Flórez: El reto más importante es la reingeniería de la Procuraduría, para fortalecerla y darle mayor peso institucional. Las principales tareas son derrotar la cultura de la ilegalidad, que parece haber hecho metástasis. La corrupción es el tema más importante de la agenda pública, precisamente porque el ruido de la guerra está terminando y se escucha, ahora sí, con fuerza, el clamor para erradicar ese flagelo. Pero igual de importante es la veeduría de los acuerdos de paz de La Habana, que deben implementarse según los plazos fijados, para cimentar una paz estable y duradera, especialmente en los territorios. Y, por último, hacer cierto el espíritu constitucional de protección y promoción de los derechos humanos.

 

Á. J.: Se cumplieron cinco años del Estatuto Anticorrupción, pero se cuestiona su efectividad con los recientes sucesos de corrupción, ¿se quedó corta esta norma para luchar contra ese flagelo?

 

F. C. F.: La corrupción no solo se acaba con más leyes, sino con más democracia, desarrollo, transparencia, gerencia y justicia. De nada sirven las leyes, si no hay un Estado fuerte y un sistema de justicia eficiente que las hagan cumplir. Nuestro enfoque en todos los asuntos relativos a las funciones de la Procuraduría presupone la necesidad de verificar, en primer lugar, la adecuada implementación de las normas existentes, conjuntamente con un diagnóstico de la capacidad de las entidades para disponer de los recursos organizacionales y operacionales para tal efecto.

 

De ahí que debamos evaluar con este enfoque qué cambios deberá realizar la institucionalidad para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción. En paralelo, ya iniciamos un nuevo marco de acciones contundentes en intervención judicial y administrativa, y con un espectro más amplio en las funciones preventivas y disciplinarias de la Procuraduría.

 

Á. J.: ¿Qué estrategias tiene pensado el Ministerio Público para afrontar los grandes casos de corrupción, como Odebrecht y Reficar?

 

F. C. F.: Las multinacionales del crimen no pueden ser derrotadas por una sola persona o institución. Es monumental el daño a la confianza ciudadana y a la democracia y, por esa razón, los corruptos en Colombia no gozarán del principio de seguridad jurídica. El primer paso que hemos dado es fortalecer la estructura interna de la Procuraduría y, luego, trabajar de manera coordinada con los demás órganos de control: Fiscalía y Contraloría. En el caso de Odebrecht, revelamos, en días pasados, nuestra ruta de acción para recuperar los dineros de la nación, sin que se paralicen las obras. Los medios de comunicación han registrado nuestra actuación al respecto, que apenas comienza; nuestra misión es impedir que el Estado pierda más de 274 millones de dólares que están en riesgo por la corrupción de esa multinacional. El país puede estar seguro de que el Procurador tomará con independencia las decisiones correspondientes contra los responsables de los delitos contra la confianza ciudadana, el patrimonio público y la moralidad.

 

Á. J.: ¿Qué posición tiene sobre el polémico artículo del nuevo Código Disciplinario que rebaja las sanciones disciplinarias por faltas gravísimas?

 

F. C. F.: Ese artículo es una falta gravísima a la confianza ciudadana. Respeto el trabajo de quienes lo hicieron, pero normas de ese Código no fueron pensadas para el país del posconflicto, una de cuyas principales características es la cero tolerancia a la corrupción. Hablar de disminución de las sanciones suena a mal chiste. Independientemente de que el nuevo Código haya surtido prácticamente todas las etapas para su aprobación y haya recibido una amplia discusión, debe elaborarse un modelo sancionatorio y de prescripción mucho más refinado y soportado en evidencias. No basta con cambiar a ojímetro la proporcionalidad de las sanciones y la duración de las prescripciones, según el tipo de falta.

 

La mayoría de las faltas que conoce la Procuraduría son calificadas como gravísimas, luego debemos crear categorías de sanción que no transmitan el mensaje de que una falta muy común y grave en todo caso merece menos sanción y menor tiempo para su prescripción. Creo que mientras se busca una salida a la situación planteada, ese código debería entrar en vigencia en enero del 2018. Tendríamos un año para buscar recursos para su implementación.

 

Á. J.: ¿Qué otros elementos del nuevo Código le preocupan?

 

F. C. F.: Está muy encima el tiempo para que entre en vigor y no hay presupuesto para adecuar el Estado para su aplicación. Con semejante déficit fiscal, ¿de dónde saldrán los recursos para adecuar el aparato disciplinario para su debida aplicación? La credibilidad de una norma está atada a la capacidad de hacerla cumplir una vez promulgada. Los temas de capacidad organizacional son los que, por lo general, nunca se toman en cuenta, lo que lleva a que las normas pierdan a las pocas semanas fuerza y legitimidad ante los ciudadanos y, especialmente, ante los potenciales procesados por esta.

 

Á. J.: Su antecesor fue crítico de los acuerdos de paz de La Habana, ¿qué hará la Procuraduría en el posconflicto?

 

F. C. F.: Asumí la Procuraduría con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en el territorio. Mi compromiso es ser veedor del cumplimiento de los acuerdos de paz, trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales, y acompañando a las autoridades locales, regionales y departamentales. Hay mucho trabajo por hacer en los territorios para garantizar los derechos de las víctimas, impedir que los grupos armados ilegales se apoderen a sangre y fuego de los territorios abandonados por las Farc. Además, vamos a garantizar la vida de los líderes sociales y miembros de los partidos y organizaciones políticas de oposición. Y vamos a acompañar el diálogo social que se prevé tomará mucha fuerza en los próximos meses. Estaremos vigilantes, además, para que el ELN y el Gobierno también alcancen un acuerdo de paz y demos por terminada esta fase dolorosa de nuestra historia de violencia. Nuestro lema es sencillo: la Procuraduría vive para que la paz viva.

 

Á. J.: ¿Los conceptos sobre algunas acciones de inconstitucionalidad que ya se formularon podrían revisarse, en razón a diferencias con su predecesor?

 

F. C. F.: El Derecho no es una ciencia exacta, ni predecible, ni las posiciones de una institución, como la Procuraduría, están escritas en mármol. Todo puede estar sometido a cambios. Mi guía es la Constitución de 1991. Cualquier tema que pretenda reversar el espíritu humanista o democrático de la Carta será revisado. Pero el país debe tener claro que no me gusta el espejo retrovisor; prefiero mirar por el amplio vidrio panorámico de la Carta de Derechos.

 

Á. J.: De acuerdo con sus posturas, ¿podría inferirse que la diversidad y las minorías serán banderas de su periodo?

 

F. C. F.: La Constitución es una bandera que nos arropa a todos. Mi misión es hacer cumplir la ley. En Colombia hay mucho por hacer para que se respeten los derechos humanos, especialmente de las víctimas y las poblaciones más vulnerables afectadas por la discriminación y la violencia. Asumimos, al respecto, la misión preventiva, de intervención y disciplinaria de velar por los derechos de las poblaciones, que por causa de una condición diferencial se les conculca de manera desproporcionada los derechos humanos: mujeres, niños, niñas y adolescentes, grupos étnicos, discapacitados y personas de orientación sexual LGBTI. La verdadera paz es la inclusión y el respeto de los derechos de esas poblaciones. Aquí cabemos todos. Nadie tiene por qué sentirse excluido.

 

Á. J.: ¿Qué hacer en materia de prevención para que haya más respeto por la cosa pública?

 

F. C. F.: Hay que construir una cultura de transparencia junto con una reingeniería de la Procuraduría. Vamos a replantear la función preventiva de la entidad, con el fin de fortalecerla y reubicarla como pieza central de su ejercicio misional. Dejaremos atrás la prioridad de actuaciones formales y rutinarias para dar paso a lógicas de prevención multifacéticas y proactivas. Para ello retomaremos toda una serie de modelos y herramientas entregados durante la ejecución de la segunda fase del proceso de reestructuración de la entidad financiado por el BID. Diseñaremos métodos de trabajo articulado entre las procuradurías delegadas preventivas y las orientaremos hacia la vigilancia del conjunto de intereses de la sociedad y el espectro completo de la función pública con una cultura de ética de defensa de lo público.

 

Á. J.: ¿Se afecta la legitimidad del Ministerio Público con la nulidad por parte del Consejo de Estado de importantes fallos disciplinarios, como los de Piedad Córdoba y Alonso Salazar?

 

F. C. F.: Las raíces de la Procuraduría son sólidas y su legitimidad es más vigente que nunca. Los colombianos están renovando sus votos de confianza en la institución. La legitimidad de la entidad queda reforzada cuando puntualmente le recuerda un “par judicial” la importancia de preservar sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley. Reitero que las sentencias de las altas cortes se acatan.

 

Á. J.: Académicos destacados, como Rodrigo Uprimny, han cuestionado la propia existencia de la Procuraduría, pues aseguran que sus deberes funcionales podrían ser ejecutados por otras entidades, ¿qué opinión le merece esta afirmación?

 

F. C. F.: Respeto las opiniones de los académicos, pero, en este caso, no la comparto. Si la Procuraduría no existiera, tendríamos que inventarla, porque juega un papel vital en la defensa de lo público y la sanción a los corruptos y depredadores de derechos humanos. Nunca como ahora fue tan necesaria la existencia de la Procuraduría, precisamente por el impacto que tiene el cumplimiento de los acuerdos de paz en el futuro de la nación y en la defensa del espíritu humanitario de la Constitución de 1991.

 

Á. J.: Diferentes sujetos procesales han cuestionado el papel de la Procuraduría en el proceso penal, ¿cómo se puede mejorar la intervención del Ministerio Público en las diferentes actuaciones penales?

 

F. C. F.: Unificando las líneas doctrinales de intervención y fijando posiciones muy bien argumentadas que orienten al juez a la hora de impartir justicia. La justicia penal se apoya en el Ministerio Público para cumplir con su deber. El ciudadano, el patrimonio público, la moralidad, reclaman el acompañamiento de la Procuraduría y el sistema necesita el control del Ministerio Público para evitar cualquier perversión en la aplicación de la ley y en la defensa de intereses superiores de la sociedad. Así tendremos un nuevo marco de mayor impacto en lo penal.

 

Á. J.: ¿Cómo va el polémico concurso de méritos que se realizó para la elección de 774 procuradores judiciales I y II por orden de la Corte Constitucional?

 

F. C. F.: La respuesta la tiene el Consejo de Estado. Nosotros acataremos cualquier decisión al respecto.