“Esperamos que el expediente digital se haga realidad en el segundo semestre del 2020”: Álvaro Namén

La gente tiene que saber que cada vez que siente frustradas sus expectativas frente a las entidades estatales, bien sea porque estas omiten cumplir con sus obligaciones o abusan de su poder frente al ciudadano, cuenta con un juez administrativo que va a estar presto a corregir esas situaciones o resarcir el daño al que estas den lugar. Así describe el nuevo presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas, la importancia que tiene para la institucionalidad colombiana la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, este académico se refirió a los principales desafíos de su mandato, al proyecto de reforma a la Ley 1437 del 2011, al expediente digital y a los casos jurídicos más destacados que se encuentra estudiando el alto tribunal.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los grandes juristas y los libros que han inspirado su formación profesional?

 

Álvaro Namén Vargas: Son muchos los juristas nacionales y extranjeros que me han dado una guía en diferentes momentos de mi vida profesional. Para citar solo algunos de ellos, destaco a Norberto Bobbio, con Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político; Hans Kelsen, con Teoría pura del Derecho; Reyes Echandía, con sus obras de Derecho Penal; Fernando Hinestrosa, con el Tratado de las Obligaciones, Luis Claro Solar, con Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, y Miguel S. Marienhoff, con su Tratado de Derecho Administrativo.

 

Á. J.: Háblenos de los principales retos en su mandato como Presidente del Consejo de Estado.

 

Á. N. V.: Lo primero que debo decir es que la principal labor de este cargo es la de ser vocero de la corporación en dos frentes: el externo y el interno. Además, el presidente es quien canaliza todas las necesidades, requerimientos, propósitos y proyectos de los magistrados, en aras de fortalecer y optimizar la función de administrar justicia. Con esta consideración, reuní todas las inquietudes de los colegas de la corporación y agregué unas ideas que he cavilado desde hace muchos años. En este sentido, dividí en tres ejes mi programa de trabajo como alto dignatario.

 

El primero, el “eje efectividad”, se basa en aumentar nuestra productividad, lo cual implica desarrollar un plan de descongestión, un sistema de gestión de calidad, transformación digital de la justicia, capacitación de servidores y actividades de bienestar en función de la gestión del cambio.

 

En segundo lugar, se encuentra el “eje transparencia, probidad y rendición de cuentas”. Y es que estos principios deben seguir animando nuestra gestión para que esté regida por la rendición de cuentas, los resultados visibles y la publicidad de las decisiones en tiempo real. La justicia abierta y el acceso a la información son instrumentos de transparencia del Poder Judicial, la formación en ética de los servidores judiciales y las buenas prácticas de gestión complementan los instrumentos de control a la pulcritud de la gestión judicial. Finalmente, se encuentra el “eje de acceso a la administración de justicia”, el cual busca la ampliación de juzgados administrativos en diferentes regiones del país, hacer un balance general sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y fortalecer los debates con perspectiva de género.

 

Á. J.: A propósito, ¿cómo va el proyecto de ley que reformaría el CPACA?

 

Á. N. V.: La iniciativa fue radicada ante el Congreso de la República en julio del año pasado. Actualmente, se encuentra pendiente de que se realice el primer debate ante la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República. La reforma al CPACA, con el propósito de brindar al ciudadano un servicio de justicia más expedito y cercano, persigue, principalmente, los siguientes objetivos: (i) fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado, (ii) agilizar el proceso contencioso administrativo, (iii) resolver antinomias y ambigüedades, en pro de la seguridad jurídica, y (iv) descongestionar la jurisdicción. 

 

Esto último con la distribución armónica de competencias; ajustes a los recursos ordinarios de reposición, apelación, súplica y queja, así como los extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia; modificación al sistema de resolución de excepciones previas y mixtas, para evitar maniobras dilatorias de las partes; la actualización de las normas relativas a la prueba pericial y, por último, la creación de salas especiales para evacuar procesos.

 

Á. J.: ¿Y cómo va el proceso de expediente digital, así como la implementación de sistemas de inteligencia artificial?

 

Á. N. V.: Este proceso va muy bien. Desde hace un tiempo, hemos trabajado con mucho empeño para que se haga realidad no solamente el expediente digital, sino la transformación digital de la jurisdicción. El expediente digital es una herramienta muy importante, pero hay que ser claros en que es solo uno de los elementos del proceso de transformación digital que estamos construyendo, teniendo en cuenta que su implementación implica la digitalización de las actuaciones, trámites y procedimientos, la fusión de las herramientas digitales con las que hemos trabajado en los últimos años (SAMAI, SIGED, Siglo XXI, Sigobius, entre otros), la celebración de convenios de interoperabilidad con entidades del sector ejecutivo e, incluso, una reforma legal, entre otros. Por lo complejo del tema, el Gobierno Nacional viene tramitando un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que avanzamos mucho en el segundo semestre del 2019, que esperamos se haga realidad en el segundo semestre de este año, para que en octubre o noviembre pongamos a operar el expediente digital en algunos despachos.

 

En cuanto a la inteligencia artificial, la situación es diferente a la del expediente digital, cuyo resultado, como dije, esperamos tener en el segundo semestre de este año. La inteligencia artificial en materia judicial es un tema complejo, al que muchas veces encontramos referencias que distan mucho de la realidad.

 

Á. J.: ¿Sigue siendo una limitante para la Rama Judicial que no se le establezca constitucionalmente un presupuesto propio?

 

Á. N. V.: Es fundamental para la Rama Judicial contar con un presupuesto que sea sostenible y que exista certeza de, al menos, lo mínimo, con lo cual se pueda trabajar año a año, de acuerdo con una planeación que se haga con el órgano de gobierno y administración (en este momento, el Consejo Superior de la Judicatura). Por ello, hemos solicitado que exista una disposición legal que asigne al Poder Judicial un porcentaje cierto del presupuesto nacional, porque así podremos hacer una planeación a largo plazo, con metas y proyectos concretos.

 

Otra cosa muy importante en este tema es que casi el 98 % del presupuesto de la Rama es de funcionamiento. Si el país quiere mejorar la justicia, es crucial destinar presupuesto a la inversión, el cual, actualmente, es muy bajo, en tanto no supera el 3 % del asignado. Un tema al que también debemos apuntar es el de mejoramiento de nuestras instalaciones, y no pensado solamente en el funcionario judicial, sino teniendo en cuenta al usuario.

 

Á. J.: ¿Cuál ha sido el balance de las salas especiales para resolver pérdidas de investidura?

 

Á. N. V.: La implementación de las salas de decisión de pérdidas de investidura que creó la Ley 1881 del 2018 ha permitido una mayor celeridad en la resolución de este tipo de procesos, pues actualmente muchos se resuelven con decisión de fondo en primera instancia.

 

Anteriormente, la decisión de este tipo de procesos era de conocimiento en única instancia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de la cual hacen parte 27 magistrados. Quiere decir que se trataba de este número de magistrados exponiendo sus opiniones frente al proyecto que el ponente presentaba para discusión, de ahí que esta discusión muchas veces transcurriera en varias semanas. Recuérdese también que este sistema recibió muchas críticas de la opinión pública, puesto que, al ser un proceso de única instancia, impedía un segundo pronunciamiento. Por tal razón, pese a que debemos seguir mejorando, es importante resaltar que el promedio en la resolución de una solicitud de pérdida de investidura en primera instancia, esto es, entre la fecha en que se da inicio al proceso judicial respectivo y en la que la sala especial de decisión adopta la providencia de fondo, es de 55 días hábiles, aproximadamente, lo cual constituye un gran avance en un tema que genera tanta sensibilidad en la opinión pública.

 

Á. J.: Finalmente, ¿cuáles son los grandes debates jurídicos que afronta la corporación?

 

Á. N. V.: Hablando de los grandes retos jurídicos que tenemos este año, de los que mayor impacto tienen para la ciudadanía, puedo enumerar la demanda de nulidad contra el acto por medio del cual se dio por archivado el proyecto de reforma constitucional para la creación de las curules especiales de paz, proceso frente al cual hay un ofrecimiento de revocatoria del acto por parte del Congreso. También está próximo a conocerse el fallo de la demanda de nulidad contra la licencia ambiental otorgada al proyecto hidroeléctrico de Ituango, caso en torno del cual la Sala de Consulta, de la que yo hago parte, también está cerca de resolver un conflicto de competencias que busca establecer si la vigilancia sobre el proyecto que pidió la Procuraduría la debe ejercer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o la Superintendencia de Sociedades.

 

También nos corresponde decidir la apelación contra la acción popular por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le impuso una condena de 800.000 millones de pesos a las sociedades Concesionaria Ruta del Sol, Odebrecht y Episol, y una acción de tutela contra el laudo que declaró la nulidad absoluta del contrato para la concesión de la Ruta del Sol II, celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Ruta del Sol SAS, de la que hacía parte, mayoritariamente, Odebrecht, entre muchos otros procesos de impacto ciudadano y noticioso que esperamos resolver con eficiencia y acierto.