El Derecho no es solo un conjunto de normas sino un medio para alcanzar la equidad y la justicia

Para la celebración del Día del Abogado, ÁMBITO JURÍDICO habló con Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

La alta funcionaria habla sobre la administración de justicia, ética y disciplina judicial, pero también sobre las habilidades que requieren los abogados ante las nuevas exigencias de la profesión y acerca de los exámenes para ejercer y para proveer jueces y magistrados.

ÁMBITO JURÍDICO (Á. J.): ¿Cuáles son los mayores retos para la administración de justicia?

Diana Remolina (D. R.): Hemos enfrentado desafíos significativos en los últimos años, relacionados fundamentalmente con la necesidad de abordar la congestión y mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos. La creación de 787 nuevos despachos judiciales en los últimos cinco años es un testimonio del compromiso del Consejo Superior de la Judicatura con la mejora del sistema judicial. Estos despachos, distribuidos en jurisdicciones y especialidades donde esas necesidades son más apremiantes, han sido clave para atender la creciente demanda de servicios judiciales.

Crear nuevos distritos judiciales, como el superior de San José del Guaviare y el administrativo del Putumayo, han fortalecido la infraestructura judicial y mejorado la oferta de servicios de justicia en regiones que anteriormente carecían de recursos judiciales adecuados. Estos esfuerzos no solo han mejorado la capacidad de respuesta de nuestro sistema judicial, sino que también han acercado la justicia a los ciudadanos.

Por otra parte, la puesta en marcha de la transformación digital de la Rama Judicial ha sido un paso crucial en este proceso, abriendo la puerta a herramientas que permiten una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los casos. Esperamos que estos cambios representen un avance sustancial y que con la continua expansión y modernización de estos servicios logremos aliviar la congestión de los procesos judiciales.

Á. J.: ¿Cuáles cree que son las habilidades que deben desarrollar los abogados que no necesariamente se enseñan en las universidades?

D. R. : Según información que reposa en el Sistema del Registro Nacional de Abogados (SIRNA), a la fecha hay 429.573 personas que han recibido su tarjeta profesional de abogado, lo cual nos ubica como uno de los países con mayor tasa de estos profesionales en el mundo.

Actualmente, la Ley 1905 del 2018 establece un nuevo estándar para la profesión, requiriendo que los futuros abogados demuestren su competencia a través de un examen de idoneidad. Este cambio busca asegurar que los profesionales del Derecho no solo posean conocimientos teóricos, sino que también tengan la capacidad de aplicarlos efectivamente en la práctica.

Así mismo, la digitalización de la Rama Judicial, un claro indicativo de la evolución hacia una justicia más accesible y eficiente, exige que los abogados se adapten rápidamente a las tecnologías emergentes y a los procedimientos en línea, lo cual puede ser un desafío.

Esta adaptación al nuevo entorno digital no solo implica aprender a manejar las herramientas tecnológicas, sino también comprender cómo la tecnología puede influir en la interpretación y aplicación del Derecho.

Los abogados deben estar preparados para enfrentar un volumen creciente de información y regulaciones, lo que requiere una habilidad constante para el auto aprendizaje y la actualización profesional.

Por solo mencionar un tema específico que trae la tecnología, la inteligencia artificial está irrumpiendo en muchos aspectos de nuestras vidas y la justicia no es la excepción, por lo que al interior de la Rama Judicial nos estamos preparando para reglamentar su uso.  Desde la perspectiva de los profesionales del Derecho este tema también representa un reto y seguramente deberán desarrollar las habilidades que les permitan utilizar adecuadamente esta nueva herramienta como parte de las exigencias del día a día de la práctica profesional

Á. J.: ¿La entidad tiene alguna estrategia dirigida al fortalecimiento de la ética en los funcionarios?

D. R.: El Acuerdo 12145 del 2024, por el cual se adoptó el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, representa una de las principales herramientas en la lucha contra la corrupción dentro del sistema judicial colombiano. Este plan integral no solo busca identificar y controlar actos de corrupción, sino que también se enfoca en fortalecer la relación entre la ciudadanía y la administración de justicia.

En él se establecen instrumentos y mecanismos de comunicación, con los que esperamos que la transparencia y la rendición de cuentas sean más accesibles para todos. Además, estamos modernizando los canales de comunicación hacia la recuperación de la confianza pública y la promoción de una cultura de legalidad.

De otro lado, la adopción del Código Iberoamericano de Ética Judicial por parte del Consejo Superior de la Judicatura desde 2012 refleja también el compromiso con los principios éticos y la integridad. Aunque el Código no es vinculante, sirve como una brújula moral para los servidores judiciales, reforzando la autonomía y la responsabilidad individual dentro del marco de la justicia.

Por último, quisiera resaltar el papel que cumple la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, tras la renovación institucional que estableció el Acto Legislativo 2 del 2015, viene realizando un papel trascendental a cargo de la función disciplinaria para sancionar a funcionarios y empleados judiciales que faltan al cumplimiento de sus obligaciones y que empezó a funcionar desde el 21 de enero de 2021, por lo que estamos confiados en que su labor va a tener un impacto importante en la ética y transparencia de quienes laboramos en la Rama Judicial.

Á. J.: ¿Qué nos puede compartir sobre el primer examen de Estado que se realizó en el mes de mayo?

D. R.: El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, en colaboración con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), ha marcado un hito al llevar a cabo con éxito la primera aplicación del examen de Estado para abogados. Este examen, que es un mandato de la Ley 1905 del 2018, se realizó de forma electrónica en sitio, lo cual refleja la creciente integración de la tecnología en todos los procesos que adelantamos y contó en la primera aplicación con 732 participantes distribuidos en 19 ciudades.

La implementación de herramientas tecnológicas para la realización de este examen es un claro indicativo de cómo la transformación digital está redefiniendo el sector judicial. Además, la adopción de estas tecnologías prepara a los futuros abogados para un entorno legal cada vez más digitalizado.

Dando cumplimiento al cronograma, esperamos publicar los resultados de la prueba a mediados del mes de julio.

Mirando hacia el futuro, el próximo examen de Estado para abogados está programado para el 20 de octubre. Invitamos a los egresados y graduados de Derecho que comenzaron sus estudios después del 28 de junio del 2018 a participar en este proceso. La etapa de inscripciones estará abierta del 6 de junio al 4 de julio y toda la información necesaria se puede encontrar en el micrositio de la Ley 1905 del 2018, en la página del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA).

Recuerden que este examen es un requisito para obtener de la tarjeta profesional abogado y así adelantar la representación de personas naturales o jurídicas. En los demás escenarios del ejercicio de la abogacía, los graduados de la carrera de Derecho deberán, conforme a la ley, estar solamente inscritos en el Registro Nacional de Abogados.

Á. J.: ¿Como va el proceso del IX Curso de formación judicial?

D. R.: De acuerdo con el cronograma, la evaluación en línea de la subfase general se realizó el 19 de mayo y el 2 de junio y la emisión de notas finales de la evaluación está programada para el 21 de junio. Una vez se supere la etapa actual continúan los módulos que corresponden a la subfase especializada.

Este curso de formación judicial ha supuesto un esfuerzo significativo para promover la excelencia y el mérito en la justicia.  La transición a una modalidad virtual es un paso adelante en la democratización del acceso a la formación judicial.

La implementación de evaluaciones virtuales es un ejemplo de cómo la tecnología puede facilitar procesos complejos y extensos. Más de 3.100 aspirantes tuvieron la oportunidad de participar en este proceso formativo sin las limitaciones geográficas que a menudo restringen y encarecen el acceso a oportunidades de desarrollo profesional.

Sacar adelante la Convocatoria 27 en su conjunto ha exigido de una cantidad importante de compromiso y dedicación del Consejo Superior de la Judicatura y de todo su equipo para superar los desafíos presentados, evitar que se trunque el proceso y continuar impulsando la consolidación de la carrera judicial, con la generación de listas de elegibles para cargos de jueces y magistrados en todo el país, una vez se cumplan todas las etapas previstas en este proceso con el lleno de garantías que este tipo de actuaciones deben contemplar.

A pesar de los inconvenientes y alertas que se han presentado, las decisiones adoptadas han asegurado la continuidad del proceso y confiamos que las etapas restantes se desarrollen sin afectar el cronograma del proceso.

A medida que el curso avanza, esperamos con interés la contribución que esta nueva promoción de funcionarios judiciales aportará a la justicia de nuestro país.

Á. J.: ¿Le quiere dejar algún mensaje a sus colegas con motivo del día que se celebra la profesión?

D. R.: La abogacía es una profesión de vital importancia en la estructura de cualquier sociedad democrática. Los abogados no solo representan a individuos en disputas legales, sino que también son un elemento central del sistema de justicia.  Su papel trasciende el litigio, son mediadores, asesores y, en muchos casos, agentes de cambio social. En el Consejo Superior de la Judicatura reconocemos este papel y enfatizamos la necesidad de que los abogados ejerzan su profesión con ética, integridad y sobre todo responsabilidad social.

El Derecho no es solo un conjunto de normas a seguir, sino un medio para alcanzar la equidad y la justicia en la sociedad, por lo que los abogados debemos actuar con una conciencia del papel que desempeñamos en la promoción de la convivencia pacífica y el bienestar general. Esto implica para quienes nos dedicamos a este oficio una constante actualización y comprensión de las leyes, así como una reflexión sobre el impacto social de su aplicación.

En el Consejo Superior de la Judicatura creemos que el examen de Estado para abogados que ha empezado a aplicarse va a influir favorablemente en la calidad de los profesionales que se dedican a representar terceros en procesos judiciales, y que ello también impactará favorablemente la administración de justicia.

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