El procurador Alejandro Ordóñez señaló como lamentable que el Gobierno y el Congreso, según su conclusión, no solo pretendan avalar la actividad política de guerrilleros armados, sino además financiados por actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal. Sostuvo que el posconflicto es el escenario donde se define si habrá una paz duradera o se robustecerán las habilidades de uno de los actores para continuar su tarea en contra del establecimiento. Indicó además que a las Farc no solo debe exigírsele la dejación de armas sino la entrega de ellas, de las rutas de tráfico de narcóticos y de las actividades de minería ilegal. Añadió que el posconflicto debe tener en cuenta los contenidos del Estatuto de Roma frente a crímenes de lesa humanidad, de guerra y delitos atroces, pero por sobre todas la cosas, los derechos de las víctimas. En ese último sentido, subrayó, el Congreso debe hacer esfuerzos para impedir que la verdad histórica que se pretende reconstruir sea aquella que mejor conviene a los intereses de los victimarios.