Así lo precisó el presidente saliente del alto tribunal, Luis Ernesto Vargas, al señalar que no se puede perder de vista que la Sentencia C-666 del 2010 prohíbe que autoridades estatales financien la construcción de escenarios públicos cuyas instalaciones se dediquen de manera exclusiva a la celebración de la actividad taurina. Indicó que, luego de que la Sala Plena rechazara la solicitud de nulidad sobre la Sentencia T-296 del 2013, la sala de revisión responsable de esa determinación debe establecer cuáles serán los mecanismos a través de los cuales el Distrito Capital deberá dar cumplimiento a las órdenes de restaurar las instalaciones de la plaza de toros La Santamaría,  sin olvidar la limitación para que las obras sean financiadas con dineros públicos.