Así lo determinó la Corte Constitucional durante su sesión de Sala Plena iniciada este miércoles (Ley 1720 del 2014). La Procuraduría también le había dado el visto bueno al acuerdo bilateral, que también contiene compromisos de ambos Estados para liberalizar condiciones de inversión. El instrumento impone deberes y derechos para ambas partes durante los próximos 10 años, con el propósito de establecer condiciones propicias para atraer capital y tecnología japonesa, así como la inversión colombiana en ese país asiático.