Plantean estrategias para fortalecer el desarrollo económico y social a partir del Derecho

Pablo Felipe Robledo (Superintendente SIC), Joaquín García Bernaldo de Quiroz (catedrático español), Maria Claudia Páez (Presidenta Cámara de Comercio Cartagena), Marco Antonio Velilla (exconsejero de Estado)

En el marco de la celebración de los 100 años de la Cámara de Comercio de Cartagena, se lleva a cabo en esa ciudad el Primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial Contable y de los Negocios.

El encuentro académico ha convocado a profesionales y estudiantes de Derecho y, además, a los más destacados juristas en el tema societario, contable y de derecho de la competencia. 

Una de las gestoras del encuentro, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, María Claudia Páez, anotó que se inscribieron al congreso más de 480 personas; así mismo, destacó la importancia de la asistencia de estudiantes, profesionales del Derecho y la Contaduría, así como los tomadores de decisiones y expertos del sector público y privado.

Por su parte, el exconsejero de Estado Marco Antonio Velilla, quien fungió como director académico del encuentro, resaltó la importancia del planteamiento dado por los conferencistas en torno a la instrumentación del desarrollo económico y social a partir del Derecho. A su juicio, se cumplió el objetivo de establecer estrategias jurídicas, más allá de un análisis puramente normativo, en la búsqueda del cumplimiento de los fines de la empresa y la seguridad jurídica.

Al Congreso asistió el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien se pronunció en torno a la dificultad que en materia jurídica afronta la adquisición de nueva infraestructura para el país. Según él, además de la expedición de una ley estatutaria que regule la consulta previa, así como temas ambientales, es necesario “delimitar las tutelas y el precedente judicial” en torno al tema, pues, hoy en día, la construcción de importantes obras públicas se encuentra paralizada por la interposición de numerosas acciones constitucionales. (Lea: Las APP y los proyectos de infraestructura frente a la licencia ambiental)

Sanciones a las prácticas restrictivas de la competencia

De otro lado, en el evento se dio a conocer que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha verificado que los carteles empresariales que funcionan en los distintos mercados aumentan los precios de los productos que comercializan entre el 15% y el 60 % en relación con el denominado precio de competencia.

Según advirtió el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, las sanciones en Colombia para las empresas que participan en este tipo de prácticas, resultan insuficientes si se comparan con las impuestas en otros países.

Sobre el tema también se pronunció el catedrático y exmagistrado de lo Contencioso Administrativo de España, Joaquín García Bernaldo de Quiroz, quien manifestó que proteger el Derecho de la Competencia es de interés general. Además, puntualizó que las sanciones impuestas a los denominados carteles no tienen como finalidad que la renta ilegal obtenida como consecuencia de sus prácticas restrictivas vuelvan al consumidor, sino que buscan disuadir al empresario para que no vuelva a incurrir en aquellas.

Derecho de la competencia en el sector público

La viceauditora general de la Nación, Ángela Murcia, advirtió que alrededor de 30 contratistas se llevan gran parte de los contratos de infraestructura de asociaciones público privadas (APP) y más de la mitad de estos son otorgados de manera directa; estos contratistas, afirma, cambian su razón jurídica permanentemente con el fin de evadir sanciones y así lograr acceder a otros contratos a nivel nacional.

Sobre el punto, destacó la importancia de ejercer mayor control y vigilancia para las APP y, en ese sentido, solicita de las contralorías nacionales y departamentales, así como de los jueces de la República, los gestores fiscales y la ciudadanía una mayor vigilancia para evitar este tipo de anomalías. 

Sobre el tema de colusión en licitaciones públicas también se pronunció Jorge Enrique Sánchez, Delegado para la protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien resaltó la importancia de la transparencia en las relaciones comerciales y advirtió que por recomendación de la OSD (Órgano de Solución de Diferencias), que pertenece a la Organización Mundial de Comercio, se debe exigir a las contratistas un certificado de participación independiente de proponentes, donde las sociedades manifiesten, más allá de lo que establece el registro mercantil, que no se encuentran participando con más de una sociedad en las licitaciones.

Finalmente, el Congreso abordó otros temas de novedad en el país, como la intervención que se solicita de Electricaribe, respecto de la cual el Superintendente de Servicios Públicos expresó la necesidad de establecer “soluciones rápidas pero no precipitadas”, pues el objetivo es encontrar la mejor salida para que los usuarios de la costa Caribe disfruten del servicio de energía que se merecen.