Transitoriamente, las autoridades mineras no podrán rechazar propuestas para concesiones en la etapa precontractual por razones financieras, pues el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de los artículos 5º del Decreto 0935 del 2013 y 1º del Decreto 1300 del 2013 . La primera de las normas permite a la administración verificar la estabilidad financiera de los concursantes, a fin de establecer si cuentan con el músculo económico suficiente para soportar el respectivo proyecto, incluso con la potestad de rechazar iniciativas en las que se evidencie la probable falta de capacidad financiera; la segunda modifica el contenido del artículo, al precisar exactamente qué documentos deben ser presentados ante el convocante, para verificar, antes de la finalización del concurso, si los elegibles cuentan con suficientes recursos, y manteniendo la posibilidad para la administración de rechazar las propuestas en esta etapa precontractual. A juicio de la corporación, en ejercicio de su facultad reglamentaria, el Gobierno impuso una limitación no soportada en normas de raigambre legal, por cuanto terminó afectando la libertad económica, por ello estableció medidas cautelares soportadas en los artículos 230 y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) (C. P. Jaime Orlando Santofimio).