En carta dirigida a los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y su Sala Administrativa, la Corte Constitucional advirtió que de no renovarse el plan nacional de descongestión sería necesario suspender los términos de demandas y acciones de tutela que están a su cargo. Así lo advirtió el presidente de la Corporación, Luis Ernesto Vargas Silva, quien precisó que si se confirma la culminación de este esquema el próximo 16 de noviembre, no existiría otra alternativa que decretar el cierre temporal de la Secretaría General y la consecuente suspensión del servicio de atención al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991. Según la misiva, de los 177 funcionarios que actualmente trabajan para el alto tribunal, 76 integran cargos de descongestión, lo que significa que la no renovación de plan generaría una disminución en las labores del 42 %, lo cual traería otras graves consecuencias, como la disolución de las salas de seguimiento a la Sentencia T-035 del 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional de la atención a desplazados, y la de la T-760 del 2008, que lo hizo frente al sistema de salud.