Para tener derecho al incentivo económico previsto en el numeral 79.12 de la ley 142 de 1994, por colaborar e impulsar la imposición de multas a las empresas prestadoras de servicios públicos, el interesado debe solicitarlo en forma expresa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro del término de decisión de respectivo proceso administrativo, precisó recientemente la entidad. El otorgamiento será obligatorio, si la persona que colabora es la directamente perjudicada y el comportamiento de la empresa consiste en el uso indebido o negligente de las facturas de servicios públicos.