La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció respecto de la apelación presentada contra la sentencia que declaró responsable disciplinariamente a un juez penal municipal y lo sancionó con suspensión de dos meses en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término. Esta actuación tuvo origen en la queja que formuló una abogada en contra del juez por los presuntos malos tratos que tuvo en una audiencia realizada dentro de un proceso penal.

El investigado gritó a la abogada y la mandó a callar, amenazándola con meterla a la cárcel, además de descender del estrado para apagar el micrófono de la defensora y lanzar su dispositivo móvil al suelo, con la sensación de agredirla de manera física, dado el manoteo que narraron los testigos que presenciaron buena parte de lo ocurrido.

Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que el disciplinado, con su acción, incurrió en falta disciplinaria por omitir su deber de tener la cortesía debida para con las personas que intervinieron en la sesión que presidía (artículo 153.4 de la Ley 270 de 1996), en particular con la quejosa, quien fungía como defensora, aunado a que incurrió en la prohibición de tener una conducta que sin lugar a dudas comprometió la dignidad de la justicia (artículo 154.6, ídem) (M. P. Magda Victoria Acosta Walteros).