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Sancionan a contratista que incumplió contratos relacionados con archivos judiciales de Cundinamarca

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá impuso una multa de $ 1.062 millones a la sociedad Innpacific SAS.
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29 de Mayo de 2023

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El Consejo Superior de la Judicatura informó que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en diciembre del 2022, celebró un contrato de arrendamiento con la sociedad Innpacific SAS para que suministrara una bodega con capacidad de almacenamiento de 250.000 cajas que contienen procesos judiciales en archivo, con estantería metálica instalada suficiente para guardar y custodiar la totalidad del archivo físico que se iba a trasladar.

Tras la mora en la entrega del inmueble, la seccional impuso una multa de $ 1.062.544.400 al contratista arrendador, por no entregarle el inmueble en las condiciones previstas en el contrato y en la oferta, puesto que no cuenta con la estantería ni con elementos mínimos como internet, servicios públicos, red contra incendios, entre otros. Lo anterior se corroboró luego de realizar una visita técnica al sitio ordenada por la seccional con la que se estableció la condición de incumplimiento.

Sumado a ello, al verificarse el incumplimiento de otro contrato, la Seccional hizo efectiva la cláusula penal a la misma empresa, por $ 126.270.000, por no haber ejecutado el contrato de transporte en los tiempos y con la calidad ofrecidos, garantizando el número de vehículos y el personal necesario, además de no realizar la debida identificación y marcación del archivo a trasladar. Tampoco cumplió con la entrega de los materiales de embalaje suficientes para la marcación de las cajas y las lonas, y no realizó adecuadamente el inventario simple de los archivos a trasladar.

Los incumplimientos declarados actualmente son objeto de recursos de reposición que están en proceso de resolverse, mientras tanto la seccional adelanta acciones tendientes a mitigar los problemas causados por esta situación, con el fin de implementar un plan de choque que permita dar una respuesta pronta a las solicitudes de desarchivo de procesos realizadas por la ciudadanía.

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