La Sección Primera del Consejo de Estado estudió una acción de nulidad contra el artículo 118 del Código de Policía de Bogotá. Dicha demanda sostenía que el Concejo de Bogotá carecía de competencia para otorgarle al Gobierno Distrital la facultad o atribución de fijar las tarifas que deben cobrar los aparcaderos por la prestación del servicio. Al respecto, las normativas del Código de Policía de Bogotá, según el concepto de la Sala, no solo facilitan la preservación y restauración del orden público, pues no se limitan exclusivamente a expedir normas que tienen este carácter, sino que regulan distintos escenarios del acontecer de la comunidad capitalina, siendo uno de ellos el de la actividad económica de la prestación del servicio de los parqueaderos (C.P. Maria Claudia Rojas).