La Ley 905 del 2005, sobre protección y asistencia a víctimas del delito de trata de personas, acaba de reglamentarse por el Ministerio del Interior. Esta norma define los principios de acción, los actores que brindarán protección a los afectados y las condiciones del programa creado. Los servicios mínimos que deberán prestarse son: retorno de las víctimas a su lugar de origen, seguridad, alojamiento digno, asistencia médica, psicológica y material e información y asesoría jurídica. Sobre el retorno, el Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de proporcionar ayuda a los connacionales que lo requieran. En el evento en que la víctima no desee retornar al país, o se concluya que hacerlo constituye un riesgo para su integridad, la Cancillería le ofrecerá asesoría. Finalmente, habrá dos etapas de asistencia, la inmediata tendrá una duración de hasta cinco días calendario, contados a partir del momento de acogida de la víctima por el programa, prorrogable hasta por otros cinco días. Por su parte, la asistencia mediata durará hasta seis meses, contados desde la terminación de la etapa de asistencia inmediata, y prorrogable hasta por tres meses.