El proyecto de reforma penitenciaria presentado por el Ministerio de Justicia tiene 87 artículos y entre ellos vale la pena destacar el que indica que la libertad del interno solo procederá por orden de autoridad judicial competente, sin embargo, si transcurren los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal y no se ha legalizado la privación de la libertad, el director del establecimiento de reclusión podrá ordenar la excarcelación. Además, la propuesta define un plazo de cinco años para incorporar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud el tratamiento psiquiátrico de los inimputables por trastorno mental. Como requisitos para conceder la prisión domiciliaria se plantean, entre otros, que la sentencia se imponga por una conducta cuya pena mínima sea de cinco años de prisión, que el arraigo familiar y social permita inferir que la persona no eludirá el cumplimiento de la pena y que se garantice la reparación de los daños ocasionados con el delito. Además, se plantea que el costo del brazalete electrónico sea sufragado por el beneficiario de la prisión domiciliaria. De aprobarse la iniciativa, los condenados vestirán uniformes.