La Corte Constitucional resolvió de manera negativa la solicitud que presentó la Procuraduría, que alegaba un probable impacto en la sostenibilidad de las finanzas del Estado si se incurría en los costos del referendo revocatorio, a escasos meses de culminar el mandato de Gustavo Petro. Sin embargo, la Sala Plena no encontró argumentos suficientes que justificaran la modulación de la Sentencia T-066 del 2015, por medio de la cual se ordenó reactivar este proceso. No obstante, el cumplimiento de la orden sigue en vilo, ya que la Sala todavía tiene pendiente examinar la solicitud de nulidad del fallo, discusión que fue aplazada para la semana entrante.