La Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda de nulidad contra el auto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, según el cual la Contraloría General de la República es competente para adelantar actuaciones fiscales contra magistrados de las altas cortes. Para la Corte, la de la máxima instancia contencioso administrativa es una actuación de trámite y no una situación definitiva que pueda ser sujeto de control de legalidad; de ahí que haya decidido no emitir un juicio de fondo sobre el conflicto surgido entre el ente de control fiscal y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que fue resuelto a favor del primero. Los magistrados de la Sala Laboral Luis Gabriel Miranda y Rigoberto Echeverry salvaron en el voto ante esta determinación.