La Corte Constitucional consideró que la rebaja de penas derivada del allanamiento a cargos no compromete el sistema de colaboración con la justicia ni limita al procesado para derrotar los argumentos de su acusador; de ahí que haya declarado exequibles las expresiones demandadas de los artículos 288.3 y 351 del Código Penal (Ley 906 del 2004). Adicionalmente, concluyó que las condiciones previstas en la norma para dar cumplimiento a la audiencia de formulación de la imputación tampoco desconocen el derecho a la defensa del indiciado, toda vez que le permiten establecer los puntos a controvertir de la tesis que en su contra utilice el acusador, aunque no goce de la posibilidad de revertirlos en ese punto del proceso. Estos argumentos, dice la corporación, también llevan a concluir que el artículo 286 se acoge a los preceptos de la Constitución Política (M. P. Luis Guillermo Guerrero).